Ciudad de México, 7 de octubre de 2025

También avaló su plan anual de trabajo para el segundo año y su segundo informe semestral

La Comisión de Justicia, que preside el diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), aprobó cinco dictámenes con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de los delitos de acoso sexual y acecho, despojo, corrupción de menores, reclutamiento forzado, contra agentes de autoridad y contra el ambiente y gestión ambiental.

El primer dictamen plantea reformar la denominación del Capítulo I, del Título Decimoquinto, Libro Segundo, para quedar como “Acoso Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación” y modificar el artículo 259 Bis, para estipular que se impondrá pena de uno a tres años de prisión y hasta seiscientos días de multa a quien con fines lascivos acose o intimide de manera reiterada y por cualquier medio, causando a la ofendida algún daño o sufrimiento psicoemocional, que lesione su dignidad, o alguna alteración en el normal desarrollo de su vida cotidiana.

La pena aumentará hasta en una mitad cuando la conducta derive de relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación; se realice contra una persona menor de edad, adulta mayor, con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, o implique actos de vigilancia o seguimiento. 

Si quien cometiera este delito fuese persona servidora pública y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo público hasta por un año. El delito descrito en este artículo será perseguido a petición de la parte ofendida.

Igualmente, cambia la denominación del Capítulo I, Título Decimoctavo, Libro Segundo, para quedar como “Acecho, Amenazas y Cobranza Extrajudicial Ilegal”, y adiciona un artículo 281 Bis, para imponer pena de uno a cuatro años de prisión y hasta cuatrocientos días de multa a quien, de manera reiterada, sin consentimiento y sin estar legítimamente autorizado, y por cualquier medio, realice actos de vigilancia, de seguimiento, de acercamiento o contacto no deseados, de intimidación o de cualquier forma de intromisión, que generen en la persona ofendida un daño en su salud psíquica o que alteren el normal desarrollo de su vida cotidiana. 

Precisa que la pena aumentará hasta en una mitad cuando la conducta se realice contra una persona menor de edad, adulta mayor, con discapacidad o en situación de vulnerabilidad y que el delito descrito será perseguido a petición de la parte ofendida.

El presidente de la instancia señaló que en la actualidad el Código Penal Federal sólo sanciona económicamente la conducta de hostigamiento sexual, y la reforma establece la pena de prisión a quien con fines lascivos acose o intimide de manera reiterada y por cualquier medio, cause a la ofendida daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad o alguna alteración en el normal desarrollo de su vida cotidiana.

La diputada Ana Isabel González González (PRI), promovente de la reforma, expresó que el delito de acoso ya se encuentra en la legislación penal, pero el de acecho no está tipificado lo cual dejaba sin sanción a quienes lo cometieran. “Hoy, con el simple hecho de tocar el tema se avanza”.

Otra proponente, la diputada Mariana Benítez Tiburcio (Morena) manifestó la importancia de ajustar el tipo penal de acoso sexual, y establecer la nueva figura del acecho. Solicitó que se modifique el dictamen y se castigue con prisión de uno a cuatro años de cárcel, no de uno a dos, como se preveía inicialmente. Así se guarda el principio de proporcionalidad frente a esta conducta.

La diputada Irais Virginia Reyes De la Torre, de MC, expresó que 80 por ciento de los feminicidios comienza con un acecho, por lo que reconocerlo como delito ayudará a combatir la horrible violencia que enfrentan las mujeres en este país.

Por su parte, la diputada María Teresa Ealy Díaz (Morena) afirmó que se trata de un acto histórico de justicia para las mujeres, porque se manda el mensaje de que no se tolerará ni se invisibilizará ese ilícito y habrá consecuencias. Destacó que era urgente e indispensable legislar en este tema.

Asimismo, se aprobaron las reservas presentadas por las diputadas Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN) y Mariana Benítez Tiburcio (Morena) para modificar el dictamen y que se castigue este delito con prisión de uno a cuatro años de cárcel, no de uno a dos, como se preveía inicialmente.

Reformas en materia del delito de despojo

La Comisión también aprobó el dictamen que adiciona un artículo 395 Bis al Código Penal Federal, con la finalidad de agravar las penas en materia del delito de despojo para castigar con prisión de 6 a 10 años, y multa de 500 a dos mil Unidades de Medida y Actualización.

El diputado promovente Gerardo Ulloa Pérez (Morena), señaló que el objetivo de la iniciativa consiste en endurecer las sanciones por reincidencia en este ilícito y constituye una medida urgente para combatir la impunidad y proteger el patrimonio de las y los mexicanos. 

En la actualidad, este ordenamiento contempla penas de prisión de tres meses a cinco años y multa de cincuenta a quinientos pesos a quien cometa estas conductas; y el dictamen, preveía originalmente, que se agravarían y aumentarían hasta en una mitad cuando se realizara contra personas adultas mayores, personas con discapacidad y/o en situación de vulnerabilidad, o cuando fuera una persona servidora pública.

Por ello, el diputado Ulloa Pérez presentó la reserva para incrementar la pena de prisión de 6 a 10 años, y multa de 500 a dos mil unidades de medida y actualización, que va acorde con la propuesta del diputado José Luis Montalvo Luna (PT), misma que fue aceptada por las y los integrantes de la instancia legislativa.

De Morena, la diputada Julieta Kristal Vences Valencia señaló que el dictamen responde a una realidad dolorosa y persistente en México, que no afecta únicamente los bienes materiales, sino el esfuerzo de toda una vida de familias mexicanas, que trabajan para adquirir una vivienda. Por ello, pidió incrementar la sanción económica del delito.

La diputada María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) indicó que no es un asunto menor y el despojo de viviendas de personas adultas mayores es un problema aún más grave, ya que en 61 por ciento los casos, los responsables son familiares directos, por lo que es necesario aumentar las agravantes.

De Morena, el diputado Sergio Mayer Bretón mencionó que el delito de despojo representa actos del crimen organizado, por lo que deben tener una sanción económica y penal, con consecuencias graves, “porque hacen un daño al patrimonio económico de las familias”.

Corrupción de menores (reclutamiento forzado)

También, se aprobó adicionar el artículo 201 del Código Penal Federal en materia del delito de corrupción de menores (reclutamiento forzado) para establecer que cuando los actos señalados en los incisos d) y e) (comisión de algún delito y formar parte de una asociación delictuosa) se relacionen o contribuyan con los delitos que contempla el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se impondrá una pena de diez a veinte años de prisión, y multa de mil a veinte mil días.

Moreno Rivera explicó que las iniciativas que dieron lugar al dictamen solicitaban agregar el delito de reclutamiento de menores, pero esa conducta ya está sancionada en la Ley de Trata de Personas y en el Código Penal Federal, bajo el delito de corrupción de menores.

La reforma contempla una pena igual a la establecida en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y relaciona la conducta a los ilícitos contemplados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes (PRI), promovente, indicó que es necesario legislar y aumentar las penas porque la omisión legal perpetúa la impunidad y es una grieta que permite que la delincuencia organizada siga secuestrando el futuro de niñas, niños y adolescentes. Se pronunció por tipificar el delito de reclutamiento forzado de personas y endurecer el marco jurídico contra esta conducta.

Del grupo parlamentario del PAN, la diputada Tania Palacios Kuri dijo que la integración de su iniciativa al dictamen reconoce la importancia de un problema que requiere la mayor atención del Congreso, para reducir el número de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que están cursando una carrera criminal, en lugar de estudiar una carrera profesional. 

Del mismo grupo parlamentario, el diputado José Guillermo Anaya Llamas, expresó que el dictamen tiene gran sensibilidad social ante lo que requiere el país en materia de protección a niñas, niños y adolescentes. Llamó a hacer un esfuerzo para acompañar la reforma, de una política pública para que el crimen organizado no voltee a verlos, y lograr un ambiente acorde a sus edades.

Ricardo Mejía Berdeja, diputado del PT, manifestó su voto a favor y precisó que el dictamen modifica un artículo sobre el delito de corrupción de menores, agrega agravantes y lo vincula a la Ley contra la Delincuencia Organizada, pero no tipifica el reclutamiento forzado, que tiene tal fuerza y magnitud, que debe tener su autonomía y su propio tipo penal. Pidió retirar su iniciativa del dictamen.

El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo (PVEM) indicó que el marco jurídico debe responder al momento que vive el país en el tema del crimen organizado, y que el esquema legal y punitivo esté a la altura por lo que se debe tipificar el reclutamiento forzado”. Dijo que iría a favor y solicitó retirar su iniciativa del dictamen.

La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) sostuvo que la propuesta de las iniciativas era crear un delito y el dictamen no va en ese ánimo, ni responde a la realidad, pues entre 35 mil y 40 mil menores son obligados a formar parte de la delincuencia organizada. Propuso retirar el dictamen para discutirlo más, y poner las agravantes e incluir el reclutamiento forzado.

El diputado Pablo Vázquez Ahued (MC) planteó no retirar el dictamen porque tiene elementos para avanzar en un andamiaje legal que combata este fenómeno. Propuso, entrar a un análisis, debate y redacción de una reforma integral de combate al reclutamiento, con prevención, investigación penal y rehabilitación de las juventudes.

De Morena, el diputado Leonel Godoy Rangel consideró que hay múltiples leyes que se refieren al delito de corrupción de menores, pero no al de reclutamiento forzado, por ello es necesario retomarlo de manera autónoma.

También de Morena, la diputada Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, consideró que debe haber un tipo penal nuevo de reclutamiento forzado porque tiene sus características diferenciadas y afecta también a adultos, por lo que puede construirse como autónomo y considerar como agravante el que sean menores de edad.

Del mismo grupo parlamentario, la diputada Estela Carina Piceno Navarro expresó que es necesario agravar las penas al delito de corrupción de menores, pues entre 2024 y 2025 esa conducta se incrementó 24.9, al pasar de 333 a 416 casos, lo que representa un máximo histórico, por lo que la reforma va encaminada a atender este preocupante y delicado problema social.

Delito contra agentes de seguridad pública

Enseguida se avaló el dictamen por el que se reforma el artículo 189 del Código Penal Federal, con el objetivo de establecer penas diferenciadas a quien cometa un delito en contra de un servidor público en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas, se le aplicarán de uno a seis años de prisión, aparte de la que le corresponda por el delito cometido.

Adiciona un artículo 189 Bis, para que, al que atente o prive de la vida, cause lesiones, prive de la libertad o torture a un agente de autoridad, en el ejercicio de sus funciones, se le aplicará, además de la pena que corresponda por el delito cometido, un tercio de la establecida para el mismo.

De MC, el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez señaló que la reforma podría convertir en agresores a manifestantes que simplemente se resisten, o documentan abusos durante una protesta; por ello, dijo que no pueden apoyar esta agravante que abre la puerta para que se criminalice la protesta social.

El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI), apuntó que es necesario prevenir el delito, evitar la violencia en el país, respaldar a las y los policías, así como fortalecer sus salarios, prestaciones y capacitaciones, por lo que acompañarán el dictamen.

De Morena, el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo señaló que establecer sanciones más severas, es un reconocimiento a la labor de quienes arriesgan su vida diariamente por el pueblo de México, y fortalece la protección legal de los agentes de seguridad pública y los servidores públicos en cumplimiento de sus funciones,

El diputado Mayer Bretón aseguró que se debe favorecer la libertad de expresión y el derecho a manifestarse, pero cuidando a las autoridades e instituciones. “El hecho de decir que nos estamos manifestando, no nos da ningún derecho a violentar a ninguno de nuestros servidores”.

En tanto, la diputada Sánchez Cordero Dávila indicó que presentó una iniciativa para izar la bandera el día 24 de septiembre, a fin de conmemorar a las y los mexicanos pertenecientes a cuerpos policiales o de Fuerzas Armadas, que han caído en el cumplimiento de su labor, por lo que espera que pase a Pleno y sea aprobada.

Delitos contra el ambiente y la gestión ambiental

La Comisión también aprobó el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal para incrementar las penas de prisión para delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Del PRI, el diputado Arturo Yáñez Cuéllar dijo que este tipo de propuestas llama a un sentido de responsabilidad a todas y todos, y aseguró que desde su grupo parlamentario apoyan esta iniciativa porque es necesario endurecer las sanciones y las conductas que den protección, conservación y mejora al medio ambiente.

Carlos Arturo Madrazo Silva, diputado del PVEM, se manifestó a favor de incrementar las penas por la comisión de delitos contra el medio ambiente y la gestión ambiental, y celebró que en el dictamen se hayan integrado las diversas iniciativas que han presentado como grupo parlamentario, estableciendo castigos más severos y proporcionales a la gravedad del daño que se causa a la naturaleza y sociedad.

La Comisión aceptó las reservas presentadas por el diputado Joaquín Zebadúa Alva (Morena) para modificar los montos de las multas en diferentes artículos del dictamen.

De Morena, el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez respaldó la reserva presentada porque cierra el paso a la impunidad ambiental y brinda certeza a quien investiga y sanciona, cierra vacíos y protege el agua, suelo, aire y la salud de las comunidades. La clave, añadió, es tener multas efectivas y responsabilidad de las empresas y reparación del daño.

Del mismo grupo parlamentario, la diputada Irma Juan Carlos dijo que la reserva protege los ecosistemas naturales y la detención de la tala ilegal.

Programa anual de trabajo y segundo informe semestral de actividades

Asimismo, aprobó el Segundo informe Semestral del primer año de ejercicio, así como el Plan anual de trabajo de esta instancia para el segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

Asuntos generales

El diputado Moreno Rivera solicitó que envíen los formatos a esta presidencia con las propuestas debidamente requisitadas, a más tardar el 14 de octubre para elaborar la opinión de la Comisión respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

Posteriormente, el diputado Emilio Suárez Licona (PRI) propuso realizar un parlamento abierto para analizar las reformas y una discusión amplia en materia de la Ley de Amparo.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados