Ciudad de México, 23 de octubre de 2025

La opinión fue avalada con 36 votos a favor, cero en contra y 9 abstenciones, en reunión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que presidente la diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena), aprobó con 36 votos a favor, cero en contra y 9 abstenciones, su opinión de impacto presupuestario a la iniciativa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política.

Además, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Se determinó que, de aprobarse la legislación, no se generaría impacto presupuestal para el erario federal, dado que la política pública del Gobierno Federal en materia de combate a la extorsión y los delitos relacionados con éstos se basan en la coordinación y cooperación entre las instituciones.

Gómez Pozos mencionó que la opinión se remitirá a la Comisión de Justicia para continuar con el trámite legislativo. Aclaró que no va de la mano que se apruebe en el fondo una iniciativa si tiene impacto presupuestal y habrá, como ha pasado, muchas iniciativas que tengan impacto presupuestal y se aprueben.

Intervención de diputados y diputadas

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) reiteró que la eventual aprobación de la iniciativa no generaría impacto presupuestal para el erario federal, dado que la política pública del Gobierno Federal en materia de combate a la extorsión y los delitos relacionados con éstos se basan en la coordinación y cooperación entre las instituciones de seguridad pública de la Federación y los gobiernos locales.

Dijo que las nuevas funciones contenidas en el proyecto serían realizadas por las unidades responsables existentes, por lo que la entrada en vigor de este marco normativo no requeriría la creación de una estructura orgánica adicional que demande nuevos recursos humanos, materiales y financieros para su implementación.

Por el PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández mencionó que esta reforma atiende un asunto prioritario como lo es el delito de extorsión, mismo que ha crecido en los últimos años en el país, al dispararse un 75 por ciento; de ahí la importancia que se expida esta ley secundaria.

No obstante, consideró que en la opinión hay algunas cuestiones que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas omitió como la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para homologar los delitos en los códigos penales de cada entidad; es decir, “se queda corto, porque no hace un estudio de esta coordinación tripartita para conocer la coordinación municipal”.

Del PRI, la diputada Nadia Navarro Acevedo aseguró que desde su grupo parlamentario existen coincidencias respecto a la urgente necesidad de visibilizar y legislar sobre el delito de extorsión, que afecta a millones de mexicanos todos los días.

Solicitó un análisis más profundo y con mayor tiempo, ya que el proyecto de opinión fue circulado con menos de 24 horas. “Con esta premura, nosotros estaríamos votando en abstención”.

Por su parte, el diputado Arturo Ávila Anaya (Morena) señaló que el proceso legislativo es legal y democrático. La mayoría eligió un dictamen y es un principio de democracia.

Detalles de la opinión

De acuerdo con la opinión,  el pasado 9 de octubre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al párrafo primero del inciso a) del párrafo primero de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, mediante la cual se faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley general que establezca, como mínimo, un tipo penal único del delito de extorsión aplicable para todo el país, homologue sus sanciones, visibilice las principales modalidades de su comisión por medio de agravantes y tipifique las conductas delictivas.

Hace mención que la Comisión solicitó la asesoría del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Ifigenia Martínez y Hernández (CEFP), que, tras el análisis de la Iniciativa, determinó que su eventual aprobación no generaría impacto presupuestal, dado que la política pública del Gobierno Federal en materia de combate a la extorsión y los delitos relacionados con éstos se basan en la coordinación y cooperación entre las instituciones de seguridad pública de la Federación y los gobierno locales.

Además, las nuevas funciones contenidas en el proyecto de Ley que se analiza serían realizadas por las unidades responsables existentes, por lo cual la entrada en vigor de este marco normativo no requerirá la creación de una estructura orgánica adicional que demande nuevos recursos humanos, materiales y financieros para su implementación.

En su análisis el CEFP destaca que esta iniciativa de Ley en Materia de Extorsión mandata que las unidades responsables que tienen bajo su responsabilidad la función de seguridad pública se coordinen y cooperen en el combate del delito de extorsión y los delitos vinculados a éstos, para evitar crear fiscalías y policías especializadas a nivel federal y estatal.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados