Ciudad de México, 6 de abril de 2026

Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera aprobaron, con 23 votos a favor y cinco en contra, el dictamen de la minuta que expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Con 141 artículos, el ordenamiento regula los mecanismos de inversión que sirvan para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica, que contribuyan al desarrollo nacional y al bienestar del pueblo de México, a través de la participación de los sectores público y privado.

El senador Homero Davis Castro, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, explicó que se trata de un proyecto que busca consolidar un marco jurídico integral para ordenar, fortalecer y dar certidumbre a la inversión en infraestructura estratégica en el país, bajo una visión de desarrollo con bienestar, rectoría del Estado y responsabilidad fiscal.

Detalló que la propuesta contempla ejes que dan sustento a un nuevo modelo de inversión en infraestructura estratégica, incorporando mecanismos claros de financiamiento, ejecución, gobernanza, disciplina fiscal, transparencia y sostenibilidad, indispensables para garantizar su eficacia y viabilidad en el largo plazo.

Se instrumentan en la nueva ley los esquemas de participación mixta que permiten adecuar la intervención de los distintos sectores a la naturaleza de cada proyecto, preservando en todo momento la rectoría del Estado y reglas claras en materia de riesgos, gobernanza y desempeño.

Esto, a través de la figura de “Vehículos de Propósito Específico” como figuras jurídicas y financieras que facilitan la estructuración de proyectos y la canalización de recursos hacia la infraestructura productiva, sin generar por sí mismo obligaciones financieras para el Estado.

Además, se crea el Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, como un órgano de coordinación interinstitucional que permitirá definir prioridades, evaluar proyectos y articular una política de inversión con visión de corto, mediano y largo plazo, y una Base Nacional de Infraestructura Estratégica, para mejorar la toma de decisiones.

Con la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, expuso Davis Castro, se fortalecen la disciplina fiscal y control presupuestario, mediante un mecanismo para registrar adecuadamente compromisos plurianuales, transparentar pasivos, riesgos y contingencias, proteger presupuestalmente los proyectos estratégicos y asegurar su seguimiento en el tiempo.

También se establece un sistema sólido de evaluación previa que exige análisis de rentabilidad, impacto financiero y riesgos fiscales, antes de autorizar cualquier proyecto; e incorpora obligaciones de información, seguimiento periódico y reglas claras de transparencia, a fin de garantizar control institucional y estándares verificables.

Por su parte, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, explicó que la lógica del proyecto no es “abrir la puerta a cualquier inversión”, sino hacerlo mediante un régimen de triple control, evaluación previa, seguimiento durante la ejecución y auditoría posterior.

Además, dijo, se plantean aspectos novedosos como la incorporación explícita del sector social, cooperativas, comunidades, ejidos, organizaciones de trabajadores como actores posibles en la cadena de valor de la infraestructura.

El senador destacó que la nueva norma incorpora una dimensión de sostenibilidad ambiental, pues los proyectos elegibles deberán incluir el análisis de impacto ambiental, preservación del equilibrio ecológico y medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático, que el consejo que se va a crear en la materia debe verificar.

El proyecto busca detonar infraestructura con sentido social, sin ceder en ningún momento la rectoría pública, la soberanía nacional, la transparencia ni la disciplina hacendaria, agregó, además de que facilitará la inversión y establecer reglas claras, controles institucionales y mecanismos de participación mixta que permitan movilizar capital hacia proyectos prioritarios.

“Con certeza jurídica, evaluación previa, rendición de cuentas y protección de las finanzas públicas en este escenario internacional que estamos viviendo, marcado por la propia revisión del T-MEC, la imposición de aranceles, el nearshoring y una competencia cada vez más intensa para atraer inversión productiva, México necesita infraestructura logística, hídrica, energética y multimodal a la altura de los desafíos de nuestro tiempo”, concluyó el senador.

Por Morena, Francisco Chíguil Figueroa aseguró que esta reforma establece un marco legal integral para la inversión en infraestructura orientada al desarrollo con bienestar, pues exige una contabilidad integral de pasivos, riesgos y abrogaciones, así como compromisos de gastos plurianuales e informes trimestrales, para garantizar la conclusión de obras estratégicas en el país y que no se destinen recursos para proyectos que puedan quedar en el olvido.

Raymundo Bolaños Azocar, senador del PAN, dijo estar a favor de la inversión en infraestructura, pero no de los “cheques en blanco o la discrecionalidad”. Afirmó que está claro que se requieren mejores políticas de gasto, porque hoy se gasta mal, se tiene más deuda, y al mismo tiempo se debilita el crecimiento. Esta ley, agregó, someterá al país a mayor endeudamiento y a la creación de obras sin utilidad.

El senador Rolando Zapata Bello, del PRI, anunció la postura en contra del dictamen, al considerar que la ley se presenta como una vía para detonar el desarrollo, pero al revisar los datos y el contexto en torno a este ordenamiento no se observa un impulso a la infraestructura, sino un rediseño preocupante de cómo el Estado gasta, simula y compromete el dinero público.

Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, también aprobaron, con 26 votos a favor y dos abstenciones, el dictamen de la minuta que modifica el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, con el objetivo de eliminar el orden obligatorio de las garantías de interés fiscal para los contribuyentes.

Homero Davis Castro agregó que, con esta reforma, se otorga a los contribuyentes el derecho a elegir libremente la modalidad de garantía que mejor se adapte a su situación particular, siempre dentro de las opciones que la ley contempla, con lo que se transita de un esquema restrictivo a uno flexible, acorde con la diversidad económica de los sujetos obligados.

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara expuso que la modificación hará más justo, más claro y menos burocrático el modo en que una persona contribuyente puede defenderse frente a un crédito fiscal, sin dejar desprotegido al Estado.

“Si una persona o una empresa está en desacuerdo con un cobro fiscal y decide acudir a los medios legales de defensa, podrá garantizar ese adeudo con la opción que le resulte más viable, como billete o embargo, o en la vía administrativa, sin tener que atravesar cargas documentales excesivas ni quedar sujetas a márgenes de discrecionalidad”, precisó.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores