Diputadas y diputados exponen posturas sobre dictamen a minuta en materia de abuso sexual

Ciudad de México, 18 de febrero de 2026

Participaron representantes Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC

Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC expusieron sus posicionamientos en torno al dictamen a la minuta que reforma los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, en materia de abuso sexual.

Se coloca al centro el principio ético del consentimiento

La diputada Alma Delia Navarrete Rivera (Morena) resaltó que el abuso sexual no es solo un delito, es una experiencia traumática que hiere la integridad, limita el proyecto de vida y deja huellas que acompañan a las víctimas durante años; atenta contra la libertad, seguridad, el bienestar emocional y el derecho a vivir sin miedo. Esta reforma coloca al centro un principio ético fundamental: el consentimiento libre y voluntario, el cual no puede presumirse del silencio, la pasividad o de la falta de resistencia.

Para la diputada María Teresa Ealy Díaz (Morena) esta reforma surge de una realidad que duele y exige respuestas estructurales. Hoy se corrige una deuda histórica y se hace con un eje claro: el silencio, la pasividad y la falta de resistencia, no es consentimiento. Además, se amplía la definición de abuso sexual para reconocer conductas que antes quedaban en zonas grises, “porque lo que no se nombra no se

El abuso sexual, tema sensible en nuestra vida diaria

Por el PAN, la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo externó que el abuso sexual es uno de los temas más sensibles en nuestra vida diaria, ya que está en todos los órdenes, lugares, sitios y partes. El dictamen reconoce que el abuso sexual constituye una de las formas más extendidas y menos denunciada de violencias, particularmente en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como personas en vulnerabilidad. 

Con las reformas –añadió– hay una ampliación del delito y que lo hace más claro de acuerdo a los estándares internacionales; se perseguirá de oficio. Es un acierto ampliar atenuantes porque muchas de ellas no estaban previstas en el Código Penal Federal, pero sí en la realidad; no obstantes, “algunas son innecesarias como las que se refieren a profesionistas, servidores públicos, ministros de culto. Me parece que son precisiones que no debieron existir o haberse integrado en una sola fracción”.  

 El consentimiento, elemento central para definir el delito

El diputado Carlos Arturo Madrazo Silva (PVEM) mencionó que la legislación penal ha arrastrado ambigüedades que dificultan la adecuada persecución de los delitos sexuales conocidos como ocultos y, en muchos casos, se ha trasladado injustamente la carga de la prueba a las víctimas. El dictamen plantea fundamentalmente que el consentimiento sea el elemento central para definir el delito y que este no puede presumirse del silencio o la falta de resistencia.

Aseguró que la violencia no distingue espacios y la ley tampoco debe hacerlo. Al incluir expresamente conductas comunes en espacios públicos, se da respuestas a prácticas que afectan cotidianamente a miles de personas y que muchas veces quedan impunes o son minimizadas. En materia de sanciones, establece una pena base de tres a siete años de prisión y multas, acompañada de un sistema de agravantes que permite graduar la penalidad.

No se pueden mantener tipos penales ambiguos

Del PT, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez dijo estar de acuerdo en que haya más agravantes, pero no en la disminución de la pena, es algo que se debe reflexionar. “No se pueden mantener tipos penales ambiguos que permitan interpretaciones que revictimicen. Esta reforma no criminaliza relaciones consensuadas, protege la libertad sexual, no vulnera garantías, fortalece la certeza jurídica, no presume culpabilidad y define con precisión cuando hay abuso”.

La diputada Ana Luisa del Muro García (PT) sostuvo que el abuso sexual es una de las violencias más dolorosas y persistentes, que rompe infancias y deja cicatrices invisibles. Estos cambios protegen a las víctimas porque definen con claridad qué es el abuso sexual, incluyendo conductas que durante años fueron minimizadas o normalizadas; reconoce que la violencia puede ocurrir tanto en espacios públicos como privados; y establece agravantes.

Garantizar en el presupuesto el derecho hacia las mujeres

Para la diputada Xitlalic Ceja García (PRI) son de celebrar estas acciones punitivas para evitar más situaciones de violencia en contra de las mujeres, pero “desafortunadamente si no tomamos acción, si no hacemos las medidas que corresponden, si no existe esta comunicación entre los tres niveles y órdenes de gobierno, simplemente serán más papeles, más documentos, más letras, más palabras a esta Constitución. Vamos a favor, pero estamos en contra de que en el presupuesto no se garantice el derecho hacia las mujeres”.

La diputada Ariana del Rocío Rejón Lara (PRI) indicó que la violencia sexual no es un hecho aislado, es un fenómeno persistente, y la reforma pone en el centro el consentimiento y lo define con claridad, el cual no se adivina sino se expresa. “No podemos seguir legislando desde la comodidad, no puede presumirse silencio, pasividad o falta de resistencia. Sí, es un paso, pero esto no basta, no se puede romantizar lo que por ley es un derecho y cuando no se asigna presupuesto; no podemos seguir legislando sin presupuesto”. 

Eliminar interpretaciones que minimicen el abuso

Anayeli Muñoz Moreno, diputada de MC, externó que ante el abuso sexual no puede haber indiferencia institucional, y tampoco complicidad; es importante que hoy le mandemos el mensaje correcto con estas reformas legislativas a las mujeres y a todas aquellas personas que han enfrentado abuso sexual, porque estas reformas hoy tocan uno de los temas más dolorosos para miles de personas en México, ya que el abuso sexual deja huellas imborrables, pero además las víctimas acompañan ese dolor con vergüenza, y eso no debería suceder.

Con este cambio –dijo– se pretende eliminar interpretaciones que minimicen el abuso, aclarando que el silencio, la pasividad o la falta de resistencia física no significan consentimiento. Modifica la definición de abuso sexual, establece explícitamente qué entender por acto sexual, el delito se va a perseguir de oficio, la actualización busca reconocer patrones de manipulación y coerción típicos, especialmente en contextos de marginación y pobreza. Propone que los agresores no solo enfrenten penas de cárcel, sino que sean obligados a tomar talleres de reeducación con perspectiva de género.

Posturas a favor

En opinión de la diputada Mariana Guadalupe Jiménez Zamora (MC) la reforma parte de una verdad que muchas mujeres conocen: la violencia sexual no siempre ocurre en la oscuridad de la calle, muchas veces sucede en relaciones cercanas, espacios laborales o educativos; por ello, se prevén agravantes cuando haya abuso de autoridad o condiciones de vulnerabilidad y establece la persecución de oficio.

Emilio Suárez Licona, diputado del PRI, observó que con la reforma el margen de impunidad se reduce, al precisar conceptos como el de acto sexual, el cual comprende tocamientos, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explicitas; con ello, se amplía la protección jurídica y se limita para interpretaciones restrictivas que históricamente han favorecido a los agresores; incorpora el principio de no repetición.

Del PT, la diputada Diana Karina Barreras Samaniego indicó que el dictamen es importante al actualizar el tipo penal y coloca en el centro el consentimiento, el cual debe ser libre, informado y voluntario, y el silencio o la falta de resistencia física no pueden interpretarse como consentimiento. “Es un avance significativo y positivo. Se amplían las agravantes y la persecución de oficio fortalece la responsabilidad del Estado”.

A su vez, Vanessa López Carrillo, diputada del PT, afirmó que el dictamen no es un trámite sino un acto de congruencia con el mandato popular. Sin justicia para las mujeres mexicanas no hay transformación. Nunca más una mujer violentada ni una niña vulnerada sexualmente”.

Para la diputada Karina Alejandra Trujillo Trujillo (PVEM) el abuso sexual es una de las formas más crueles de violencia, ya que no solo hiere el cuerpo, también la esencia de la persona, arrebata la libertad e impone el miedo, rompe la confianza y convierte a la víctima en objeto y le niega su autonomía; por ello, se actualiza el concepto de consentimiento como “elemento central para comprender la violencia sexual”.

La diputada Tania Palacios Kuri (PAN) resaltó que México y las víctimas no pueden esperar, ya que cada día sin actualizar la legislación es un “día en el que una mujer debe probar que resistió, en vez que el agresor tenga que probar que hubo consentimiento y eso no es justicia. Celebramos el dictamen y que establezca que el silencio no puede interpretarse como consentimiento”.

A su vez, la diputada Estela Carina Piceno Navarro (Morena) opinó que el propósito es adaptar el marco jurídico a la realidad que se vive, con las disposiciones internacionales y armonizar la legislación con el plan integral contra el abuso sexual. Hoy se establece claramente el tipo penal del abuso sexual, amplía las posibles conductas, las que van desde tocamientos, caricias, roces corporales y exhibir su cuerpo, y precisa agravantes.

Irais Virginia Reyes De la Torre, diputada de MC, señaló que la reforma opta por una política penal racional. “No confunde justicia con populismo punitivo, no parte de la idea simplista de que más años de prisión automáticamente reduce delitos; parte de algo más complejo y honesto: necesitamos tipos penales claros, aplicables y proporcionables, por eso se combina sanción con prevención”.

La diputada Anais Miriam Burgos Hernández (Morena) indicó que la reforma hace un cambio crucial: el abuso sexual se perseguirá de oficio. “Esto no es un tecnicismo, es reconocer que cuando hay miedo, dependencia, amenaza o vergüenza, exigir acción a la víctima como requisito para que el Estado actúe es injusto. Les decimos a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes que no están solas, el Estado tienen la obligación de investigar”.

En su intervención, la diputada Irma Yordana Garay Loredo (PT) precisó que con los cambios al Código Penal Federal se da un paso firme para que ninguna persona vuelva a quedarse callada y que tenga la certeza de que nunca más el silencio o la falta de resistencia podrán ser considerados como un consentimiento. Se garantiza la reparación del daño causado porque la justicia no puede ni debe ser una simulación.

Lilia Aguilar Gil, diputada del PT, señaló que se clarifica la definición de abuso y pone al centro la ausencia de consentimiento, pero “no se deben bajar las penas porque los agravantes no son suficientes y se tienen que exceptuar del consentimiento, no consentimiento, a los menores de edad. Reconocemos el avance, pero creo que quedamos debiendo”.

La diputada María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) indicó que durante tiempo la legislación penal ha arrastrado ambigüedades que dificultan la adecuada persecución de delitos sexuales; por ello, la reforma plantea fundamentalmente que el consentimiento sea el elemento central para definir el delito y en las sanciones se fija una pena inicial de tres a siete años de prisión.

Del PAN, la diputada Ana María Balderas Trejo precisó que su grupo parlamentario ve esta reforma como un pequeño avance y por ello votará a favor. No obstante, no basta con modificar la ley, se requiere presupuesto. “Es indispensable garantizar que el Estado cuente con ministerios públicos y fiscalías capacitados, peritos especializados y protocolos adecuados para investigar con perspectiva de género y de derechos humanos”.

La diputada María Rosete (Morena) comentó que el abuso sexual no es solo un delito tipificado en el Código Penal Federal, es una agresión profunda a la dignidad humana, una violencia que no solo lastima al cuerpo, sino que quiebra la inocencia. Hoy se fortalece la legislación para proteger bienes jurídicos fundamentales como son la libertad y autodeterminación sexual y la dignidad humana. “En México no habrá tolerancia para quien atente contra la libertad sexual de otra persona”.

Para rectificación de hechos, intervinieron el diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT) y la diputada Noemi Berenice Luna Ayala (PAN).

Texto, Fotografía y Videos: Cámara de Diputados