Discurso inicial del secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Abraham Amador Zamora, durante su comparecencia con motivo del Segundo Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, ante el Pleno del Senado de la República

6 de octubre de 2026

Con su permiso, Presidente.

Buenos días. Buenas tardes.

Saludo con gusto a todas y todos los honorables senadores aquí presentes.

Con fundamento en los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el sexto de la Ley de Planeación, comparezco ante esta soberanía en el marco de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, agradezco la oportunidad de comparecer ante esta soberanía para informar sobre las acciones que hemos llevado a cabo durante el segundo año de la presente administración y explicar cómo éstas forman parte de una estrategia integral para fortalecer el crecimiento, la inversión, el bienestar de las familias mexicanas.

Uno de los principales resultados de esta Administración, ha sido recuperar de manera sostenida el poder adquisitivo de las familias. Prueba de ello es que en 2026 el salario mínimo acumula ya un aumento real de más de 150 por ciento desde 2018 y la participación de los salarios en el PIB alcanzó un máximo histórico de 31 por ciento.

Pero aumentar los ingresos no sería suficiente si al mismo tiempo se pierde capacidad de compra por el aumento de los precios, por eso desde la Secretaría de Hacienda hemos acompañado la recuperación de los ingresos de las familias y el fortalecimiento de la demanda interna con medidas para apoyar el descenso de la inflación a niveles consistentes con el objetivo del Banco Central.

Esto ha sido posible en buena parte gracias al Paquete Contra la Inflación y la Carestía, el acuerdo con el sector gasolinero y los estímulos fiscales al IEPS de combustibles, que han contribuido a proteger el poder adquisitivo de las familias.

Sin el mecanismo de estímulos al IEPS, que ha evitado un incremento en el precio de las gasolinas, estimamos que la última lectura de la inflación se habría ubicado por encima del 4 por ciento en lugar del 3.4 por ciento.

Estos esfuerzos ya tienen una expresión concreta en los hogares. En 2026, la pobreza laboral se ha ubicado en sus niveles más bajos desde que se tiene registro.

En adición, la política social ha alcanzado una escala sin precedentes. Hoy, cerca de 43 millones de personas son beneficiarias de al menos alguno de los programas sociales, lo que equivale al 41 por ciento de los hogares en nuestro país.

El siguiente paso es continuar fortaleciendo la capacidad de (inaudible) para generar más empleos, más inversión y mayor crecimiento de manera sostenida.

Para ello, estamos impulsando una nueva etapa de inversión en infraestructura, energía, agua, salud, reduciendo costos logísticos, incrementando el acceso a financiamientos, entre los cuales se encuentran proyectos carreteros, ferroviarios, hídricos, energéticos, portuarios y de vivienda; algunos de ellos ya en ejecución y otros que comenzarán su construcción en lo que reste del año y el año entrante.

Es decir, hoy estamos construyendo o ampliando la infraestructura a lo largo del país, lo cual permitirá mejorar la conectividad, atraer inversión, generar empleos y fortalecer la capacidad productiva.

Esta combinación de inversión pública y privada ya comienza a reflejarse en la actividad económica.

Tan sólo entre enero y julio de 2026, la inversión pública reportada por el Inegi creció 10 por ciento anual y la inversión privada repuntó, mientras que el Dato de Inversión Global mostró un crecimiento de 6.6 por ciento anual en julio, ligando ya cuatro meses consecutivos de alza para este indicador.

En el sector externo la economía mexicana también ha mostrado fundamentales robustos, la inversión extranjera directa alcanzó un nivel récord de cerca de 35 mil millones de dólares, siendo un reflejo de la confianza que los inversionistas tienen para destinar las inversiones de capital de largo plazo a nuestro país.

El desempeño en nuestro sector comercial también ha excedido todas las expectativas. Las exportaciones han mostrado un desempeño nunca antes visto, desde que se firmó un tratado comercial en América del Norte, con un crecimiento acumulado del 28 por ciento al mes de julio.

Este desempeño refleja la fortaleza productiva de nuestro país que seguirá consolidándose a lo largo de esta administración bajo el Plan México, una estrategia que busca elevar el contenido nacional, profundizar las cadenas productivas y generar economías de escala para atraer mayor inversión productiva, generar empleos y detonar el crecimiento económico sostenido.

Los datos de inversión están reflejándose también en la actividad económica en su conjunto. Para el Segundo Trimestre de 2026, el PIB creció 2.1 por ciento anual y registró su mayor avance trimestral desde el Primer Trimestre de 2022.

Además, el Indicador Global de la Actividad Económica de julio creció 3.4 por ciento anual, el mayor crecimiento observado desde julio de 2024, lo que apunta a una continuidad de esta dinámica durante el tercer trimestre.

En conjunto, una mayor inversión, un sector exportador sólido y la resiliencia del consumo están reflejándose también en la actividad económica.

Para el Segundo Trimestre de 2026, el PIB creció 2.1 por ciento anual y registró su mayor avance trimestral desde el Primer Trimestre del 2022.

Un mejor desempeño de la actividad está, a su vez, contribuyendo a una mejora generalizada en las perspectivas de crecimiento para México.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, elevó su estimación para 2026 de 0.8 a 1.5 por ciento, mientras que el FMI también incrementó recientemente su proyección a 1.5 por ciento, cifra en línea con nuestra estimación de crecimiento entre 1 y 2 por ciento para este año.

Para 2027, estimamos que la economía mexicana continuará acelerando su crecimiento en un rango de 1.5 y 2.5 por ciento.

Lo anterior demuestra que el crecimiento y el bienestar son objetivos compatibles.

El crecimiento sólo importa si los beneficios de crecer llegan a las familias, se traducen en mejores ingresos y generan oportunidades para quienes trabajan y contribuyen a nuestra economía.

Esta es la orientación de la política económica del segundo piso de la Cuarta Transformación de crecimiento con bienestar.

Para que esta política económica sea sostenible, requerimos de finanzas públicas sanas. La estabilidad macroeconómica es la base de la confianza, de la inversión y del crecimiento, pero también es lo que permite al Estado mantener su capacidad para invertir, proteger a las familias y responder ante nuevos desafíos.

Es por ello que me permito informar a esta soberanía de los esfuerzos que esta Administración ha realizado en materia de consolidación fiscal, mismos que han reflejado resultados sin dejar de proteger las prioridades de bienestar y de crecimiento de nuestro país.

Para el cierre de 2026, los requerimientos financieros del sector público se habrán reducido en 1.7 puntos porcentuales del PIB, respecto de 2024, una reducción histórica en un contexto de estabilidad y de crecimiento.

En este tenor, nuestra Administración también ha fortalecido la posición financiera de Petróleos Mexicanos.

Las acciones implementadas durante los primeros dos años de este gobierno han permitido reducir la deuda de la empresa a su nivel más bajo desde 2014.

Esta medida ha tenido un impacto inmediato en la percepción del mercado. Las agencias calificadoras elevaron la calificación crediticia de Pemex por primera vez en 12 años y Pemex volvió exitosamente a los mercados de capitales en los inicios de este año con emisiones locales, cuya demanda fue de dos veces el monto colocado.

En materia de ingresos, durante los últimos años hemos avanzado en fortalecer la recaudación mediante una mayor eficiencia administrativa y mejores mecanismos de cumplimiento para que cada contribuyente cumpla con sus obligaciones, de acuerdo con su capacidad económica.

Como resultado de estas acciones, estimamos que para el cierre de 2026 los ingresos tributarios alcancen 15.4 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que representa 0.7 puntos porcentuales por encima del nivel observado al inicio de la administración. Esto es 776 mil millones de pesos en términos nominales en dos años, sin la necesidad de incrementar los impuestos o realizar una reforma fiscal.

Este fortalecimiento de la recaudación permitirá que en 2027 los ingresos totales alcancen 9.2 billones de pesos. En términos reales, éstos crecerán en 5.9 por ciento respecto a 2026, con lo cual alcanzarán un máximo histórico de 15.9 por ciento del Producto Interno Bruto.

Para continuar consolidando la solidez de los ingresos, en 2027 avanzaremos en dos frentes: el primero de ellos será facilitar el cumplimiento de las obligaciones y cerrar espacios a la evasión y la elusión fiscal. Para ello, robusteceremos las herramientas digitales y tecnológicas del Servicio de Administración Tributaria que permiten simplificar trámites, facilitar el cumplimiento y mejorar la fiscalización.

Por otro lado, seguiremos manteniendo la equidad del sistema tributario, evitando que los beneficios y tratamientos fiscales se conviertan en mecanismos de planeación fiscal agresiva que terminen trasladando una mayor carga a los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones.

Las modificaciones a las deducciones y pérdidas fiscales responden a este objetivo. En 2025, aún entre las empresas con ingresos positivos, cerca de 60 por ciento no pagó el ISR, mientras que para el 90 por ciento de las empresas la tasa efectiva se encontraba por debajo de 2.5 por ciento.

Por ello, estas modificaciones buscan cerrar estos espacios y asegurar que quienes tienen mayor capacidad económica realicen una contribución acorde con ella. Ello fomenta la equidad del sistema tributario y los recursos públicos.

Para mantener el crecimiento de los ingresos en el futuro, necesitamos invertir hoy en mejores sistemas de información.

Por ello, proponemos dos iniciativas que modernizan la infraestructura institucional de nuestro sistema tributario general: la Ley de Economía Digital, para avanzar en la estrategia de pagos digitales, que ampliará la trazabilidad de las operaciones y favorecerá la formalización; y la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral, que permitirá contar con información más completa, homogénea y actualizada sobre los inmuebles.

Con mejores datos y mejores herramientas, se podrá gradualmente reducir espacios de incumplimiento y robustecer la capacidad recaudatoria, particularmente de los gobiernos locales.

Al mismo tiempo, queremos que sea más sencillo para las empresas pequeñas cumplir con sus obligaciones fiscales y apoyarlas durante su crecimiento.

Por ello, se propone ampliar los umbrales del régimen simplificado de confianza de 3.5 a 5 millones de pesos para personas físicas y de 35 a 50 millones para personas morales, además de ofrecer una opción simplificada para el pago del IVA.

Con ello, reducimos los costos de cumplimiento y damos mayor espacio para que las empresas pequeñas crezcan y se formalicen.

Para movilizar recursos hacia la inversión y el desarrollo productivo, se establece un programa de repatriación de capitales con una tasa reducida de ISR sobre el monto repatriado.

El objetivo es incentivar la canalización de recursos hacia la economía mexicana, dirigiendo los activos repatriados hacia inversiones estratégicas para el desarrollo productivo y de acuerdo con el Plan México.

Las medidas para el fortalecimiento de los ingresos públicos no sólo amplían la capacidad fiscal del Gobierno Federal, también contribuyen a la solidez de las haciendas estatales y municipales.

Una mayor recaudación federal participable, que crecerá 3.8 por ciento real, permitirá mayores transferencias federalizadas y dará a estados y municipios más capacidad para atender responsabilidades fundamentales como seguridad e infraestructura de servicios públicos básicos.

En materia de ingresos no tributarios, proponemos actualizar los derechos y aprovechamientos conforme a sus costos y a las nuevas necesidades del país.

Estas medidas, acompañadas de la digitalización y la modernización administrativa, permitirán hacer más eficiente la captación de ingresos y eficientar los procesos de pago y supervisión en servicios estratégicos desde migración y aduanas, hasta infraestructura ferroviaria y portuaria.

La fortaleza de los ingresos permitirá avanzar simultáneamente con el proceso de consolidación fiscal logrado hasta este momento, permitiendo preservar los recursos destinados a los dos ámbitos que más inciden en el crecimiento y en el bienestar, la inversión productiva y el gasto social.

En cuanto al financiamiento, se seguirá privilegiando el endeudamiento en moneda nacional a tasa fija y de largo plazo para reducir la exposición a movimientos en las tasas de interés y del tipo de cambio.

El 79 por ciento de la deuda estará denominada en moneda nacional y mayormente a tasa fija y de largo plazo.

La deuda pública se ubicaría en el 55 por ciento del Producto Interno Bruto, un nivel sostenible en el mediano plazo y por debajo del nivel observado en otras economías emergentes de Latinoamérica y también para el promedio de los países desarrollados.

En ese sentido, es importante recordar que la sostenibilidad fiscal debe analizarse con una perspectiva integral.

La dinámica de la deuda depende del balance fiscal, pero también del crecimiento económico, de las tasas de interés, del tipo de cambio y de la composición de la propia deuda.

Es por ello que, con el dinamismo del crecimiento económico, estamos posicionados para seguir consolidando las finanzas públicas nacionales.

La estrategia de inversión también amplía los mecanismos para financiar el desarrollo. A través de nuevos vehículos de inversión y esquemas de participación mixta, buscamos movilizar recursos públicos y privados hacia proyectos estratégicos de infraestructura, con estructuras financieras que permitan hacerlos viables y atraer financiamiento adicional.

Con ello, podemos ampliar el alcance de la inversión pública y generar mayor capacidad productiva, empleo y crecimiento.

Bajo esta estrategia, en los requerimientos financieros del sector público, se proyecta un déficit público de 3.9 por ciento del PIB para 2027, lo que representa una reducción de 1.9 puntos porcentuales respecto al inicio de la administración. Y refleja la continuidad de un proceso de consolidación fiscal gradual y responsable.

Senadoras y senadores:

Los resultados que hoy presentamos demuestran que México sigue avanzando en una estrategia que busca fortalecer el crecimiento, impulsar la inversión y preservar la estabilidad macroeconómica.

Pero queremos que el crecimiento y la inversión se traduzca en mayor bienestar, mejores oportunidades y condiciones de vida para las familias mexicanas.

Desde la Secretaría de Hacienda, seguiremos trabajando con responsabilidad y visión de largo plazo para consolidar un país con mayor crecimiento y bienestar.

Reitero la plena disposición para mantener con esta Soberanía un diálogo abierto, constructivo y respetuoso para atender sus comentarios e inquietudes.

Muchas gracias y a sus órdenes.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores