Ciudad de México, 30 de septiembre de 2025

En este segundo día de audiencias acudieron 20 participantes

Durante las audiencias públicas sobre la iniciativa que reforma la Ley de Amparo, las y los participantes coincidieron en que, si bien es positivo que se analicen los alcances del juicio de amparo en línea, es importante también que se evite la delimitación de las figuras del interés legítimo y de la suspensión provisional, pues en lugar de ser derechos progresivos, con el proyecto se retrocesos de una década.

La coordinadora de documentación y litigio GIRE, Luisa Fernanda Tello, comentó que con la reforma el amparo esta figura se debilita y limita en cuanto al interés legítimo, la suspensión provisional y los medios para el cumplimiento de las sentencias, pues para las organizaciones civiles la defensa de los derechos colectivos es prioridad y con los cambios a la norma se retrocede en lugar de avanzar.

Víctor José Banda Herrera, director general de Asuntos Contenciosos y Procedimientos en la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, refirió que los cambios sobre la ampliación de la demanda son acertados pues no vulneran los derechos de los quejosos.

El consejero adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Presidencia de la República, Raúl Armando Jiménez Vázquez, mencionó que la reforma es estratégica y moderna, y se alinea con los criterios estándares establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues facilita el acceso a la justicia a los que menos tienen, además de evitar el abuso del juicio de amparo.

Georgina Velasco Zanella, litigante, dijo que es positivo que la reforma incluya la digitalización del amparo, particularmente al ser un país de alta sismicidad y por estar en un esquema global en donde no estamos exentos de pandemias, por lo que es importante regularlo a fin de optimizar el uso de los recursos materiales y personales.

El magistrado de circuito en materia penal, Ricardo Paredes Calderón, aseveró que el proyecto de iniciativa fortalece el juicio de amparo; sin embargo, no se debe limitar el interés legítimo, ni incluir requisitos para la procedencia de la suspensión ya que es un retroceso en prejuicio de los gobernados, además de que las autoridades pueden violar los derechos humanos y los Tratados Internacionales.

César Silva Mejía, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, sostuvo que la reforma no perjudica los derechos humanos de los gobernantes, pero sí revierte el “enriquecimiento desmedido” de unos pocos bajo normas ‘ad hoc’, por ello es que son los empresarios los primeros quejosos de la propuesta presidencial.

De la Asociación de Bancos de México, Gabriel Pérez Ríos, asentó que uno de los aspectos positivos de la iniciativa es el juicio en línea, pero que cuando se habla de la suspensión se deja en estado indefensión a los gobernados, lo mismo cuando se trata del cumplimiento de las sentencias, pues debilita los incentivos; además, dijo que en materia económica, si la reforma no da certeza jurídica sobre la viabilidad de las inversiones, el daño económico será de gran tamaño y afectará el desarrollo del país.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores