6 de octubre de 2026

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que preside el diputado Carlos Alonso Castillo Pérez (Morena), aprobó en sentido negativo tres dictámenes a iniciativas; además dos opiniones, una de ellas respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.

El primer dictamen, avalado en sentido negativo por 23 votos a favor y uno en contra, planteaba reformar el artículo 60 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de simplificación administrativa, certeza jurídica y eficiencia en la gestión de trámites urbanísticos, cuya iniciativa fue presentada por la diputada Verónica Martínez García (PRI).

Al respecto, el diputado presidente de la Comisión señaló que esta iniciativa buscaba establecer plazos máximos de resolución e incorporar la afirmativa ficta para determinar trámites, implementar una ventanilla única digital y publicar indicadores sobre los tiempos de respuesta.

No obstante, agregó, fijar plazos uniformes sin justificar su suficiencia para atender la complejidad de los procedimientos y las condiciones de cada territorio reduciendo el margen de regulación de las entidades federativas, y permitir que ciertos trámites se consideren aprobados por falta de respuesta de la autoridad sin definir claramente los supuestos y las garantías aplicables, puede comprometer la verificación del uso del suelo y la seguridad de las construcciones.

Señaló, por otra parte, que la ventanilla digital propuesta no establece cómo se coordina con los mecanismos de simplificación y digitalización previstos en la legislación vigente. Por ello, al considerar que la propuesta limita la regulación local y no ofrece suficiente certeza sobre su aplicación, se emite dictamen en sentido negativo.

Segundo dictamen

El siguiente dictamen, aprobado en sentido negativo por 21 votos a favor y cuatro en contra, se refiere a la iniciativa que reformaba y adicionaba la fracción IX del artículo 4º de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de captación pluvial y energías limpias, propuesta por el diputado César Israel Damián Retes (PAN).

En este sentido, el diputado Castillo Pérez señaló que esta iniciativa proponía que los tres órdenes de gobierno promovieran estrategias y mecanismos para que los particulares desarrollaran e implementaran tecnologías de captación y aprovechamiento de agua pluvial y de generación de energías limpias de autoconsumo.

Agregó que la propuesta buscaba fortalecer la sustentabilidad ambiental y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales; sin embargo, la técnica legislativa empleada no resulta adecuada porque pretende incorporar un mandato específico de actuación en un artículo cuya función es establecer principios generales de política pública, sin definir los instrumentos para su implementación, coordinación y seguimiento.

Asimismo, la fracción IX vigente ya establece el principio de sustentabilidad ambiental y la promoción del uso racional del agua y los recursos naturales, por lo que la ley ofrece las bases para impulsar las acciones propuestas.

Por lo anterior, dijo, considerando que la propuesta no guarda congruencia con la estructura del artículo y que su finalidad encuentra sustento en la ley vigente, se emite dictamen en sentido negativo.

Tercer dictamen

El diputado, Castillo Pérez afirmó que el dictamen a la iniciativa aprobado en sentido negativo por 24 votos a favor y uno en contra, proponía reformar y adicionar los artículos 3, 40 y 53 de la misma ley, con la finalidad de definir las islas de calor urbanas e incorporar su identificación, prevención y mitigación en la planeación municipal y en las acciones de mejoramiento de los centros de población.

Empero, la normatividad vigente ya permite atender este fenómeno mediante disposiciones sobre protección ambiental, prevención de riesgos, áreas verdes y tecnologías, como los techos verdes, además la norma NOM-001-Sadatu-2021contempla expresamente la reducción de las islas de calor, mediante la vegetación en los espacios públicos.

Apuntó que la propuesta también establece obligaciones de diagnóstico para los municipios sin precisar los criterios técnicos para cumplirlas, lo que limita su margen de decisión sobre la planeación urbana, por lo que se considera que las acciones propuestas pueden desarrollarse a través de los instrumentos vigentes conforme a las condiciones de cada territorio, por lo que se emite dictamen en sentido negativo.

Aprueba opinión sobre el PPEF

Por otra parte, la Comisión aprobó por 23 votos a favor y tres en contra, su opinión respecto al Ramo 15 correspondiente a Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el ejercicio fiscal 2027.

El diputado Castillo Pérez destacó que para el próximo año se propone una asignación de 37 mil 873 millones de pesos, lo que representa un incremento nominal del 4.36 por ciento, en relación al 2026, por lo que la Comisión considera favorable la orientación de estos recursos por su contribución a las políticas de vivienda, regulación de suelo y desarrollo territorial.

Mencionó que en materia de vivienda se da continuidad a las acciones encaminadas a ampliar el acceso a una vivienda adecuada y accesible, destacando la atención a las personas jóvenes con el propósito de generar condiciones para acceder a su primer inmueble y comenzar un patrimonio propio.

De igual manera, se fortalece el programa para regularizar asentamientos humanos, con el propósito de avanzar en este ámbito y brindar mayor certeza jurídica a las familias sobre su patrimonio.

Estableció que para 2027 se incorporan recursos para la liberación del derecho de vía, necesarios para acompañar el desarrollo de la infraestructura ferroviaria y los programas de recuperación del transporte ferroviario de pasajeros.

Dejó en claro que la opinión incorpora las observaciones y propuestas de ocho diputadas y diputados que conforman la Comisión: Alfonso Armando Vidales Vargas Ochoa (MC), María Lorena García Jimeno Alcocer (PAN), Alma Laura Ruiz López (Morena), Francisco Javier Velázquez Vallejo (Morena), José Luis Hernández Pérez (PVEM), Patricia Galindo Alarcón (PT), Jesús Martín Cuanalo Araujo (PVEM) y Juan Armando Ruiz Hernández (MC). Todas se incluirán en la opinión general que se entregará a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

En este sentido, la diputada     Alma Rosa de la Vega Vargas (Morena), indicó que dentro de estas ocho opiniones existen diferentes lecturas de la realidad económica que repercutirán en la administración de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y en los representados.

Para empezar, refirió que la asignación presupuestal para el Ramo 15 se proyecta para el 2027 de 37 mil 800 millones de pesos, frente a lo asignado en el 2026 que fue de 36 mil 300 millones de pesos, equivalente a un aumento del 4.36 por ciento; sin embargo, no se menciona que dicho aumento es nominal y que la variación real de 2027 frente a 2026, tomando en cuenta la inflación, es del 1.12 por ciento, pero si se compara con el presupuesto a la Sedatu en el 2025, la variación real es de menos 0.55 por ciento.

Segunda opinión en materia de vivienda accesible

En el mismo orden, se avaló por 25 votos la opinión a la iniciativa por la que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Vivienda, las leyes generales para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de vivienda accesible.

Sobre esta opinión, el diputado promovente, Juan Armando Ruiz Hernández (MC), expuso que esta iniciativa tiene por objeto que la Ley de Vivienda establezca con claridad los criterios de diseño universal y de accesibilidad que debe llevar la construcción de vivienda, principalmente la que surge de los programas sociales.

Indicó que además se propone que la Ley General de Asentamiento Humanos establezca que las construcciones de vivienda también incluyan los criterios de diseño universal y accesibilidad, como requisito para autorizar los permisos de construcción.

En el caso de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, destacó que se pretende armonizar y obligar a que la vivienda destinada a las personas con capacidades diferentes sea con los criterios de diseño universal y accesibilidad, para utilizar toda la infraestructura urbana.

Puntualizó que actualmente se tiene un programa nacional de vivienda accesible con una meta de un millón 800 mil casas, y si se logra que por ley todos los programas que utilizan fondos públicos consideren los criterios de diseño universal se lograra la edificación de 200 mil viviendas en planta baja, para personas con discapacidad.

El diputado del PT, Jorge Armando Ortiz Rodríguez consideró necesario que se garantice primeramente que haya beneficiarios con discapacidad y una vez que le sea asignada, tengan la certeza de que será una vivienda accesible.

Asuntos generales

El diputado Alfonso Armando Vidales reconoció el sentido favorable de la opinión sobre el PPEF 2027 en el Ramo 15, al indicar que los recursos destinados a vivienda social son importantes, porque una infancia no se puede desarrollar si carece de una vivienda insegura, en un asentamiento irregular, sin servicios adecuados o en un entorno que no garantiza condiciones dignas.

También se manifestó a favor de la opinión sobre vivienda accesible, toda vez que consideró importante para las infancias que se plasme en la ley la accesibilidad, ya que ésta no debe ser una corrección posterior, sino debe estar presente desde su diseño.

Respecto a los tres dictámenes negativos, el legislador sostuvo que una iniciativa que se rechaza por razones de técnica legislativa no significa que el problema que intenta resolver haya desaparecido mágicamente.

Recalcó que el compromiso no debe ser legislar por legislar, sino construir condiciones para que cada niña y niño pueda crecer en un entorno digno, seguro, saludable e incluyente, porque desarrollo urbano que no piensa en la infancia, diseña un futuro que no se puede aceptar.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados