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Kenia López Rabadán refrenda su compromiso con la productividad legislativa
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, refrendó su compromiso con la productividad legislativa y agradeció a los coordinadores parlamentarios su esfuerzo para que hoy sean votados 9 dictámenes en materias como salud, seguridad, economía, pesca, transparencia y medio ambiente, entre otros.
En el Senado continúan las audiencias públicas sobre la reforma a la Ley de Amparo
Ciudad de México, 30 de septiembre de 2025
La iniciativa fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
Con los temas sobre la Ampliación de la demanda, Cumplimiento y ejecución de sentencias, así como la Armonización al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, arrancó el segundo día de las Audiencias Públicas que organizaron las comisiones de Justicia, Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos sobre el proyecto para reformar la Ley de Amparo.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, recordó que la iniciativa fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; además, estimó que la jornada de este día será fructífera y tendrá lugar en un ambiente de pluralidad y transparencia, dado que participan “voces representativas y expertas” en la materia.
Indicó que a las audiencias se inscribieron 135 personas, de las cuales sólo 108 cumplieron con los requisitos de la convocatoria. Explicó que, por acuerdo de las mesas directivas de las comisiones, se eligieron a 40 ponentes, bajo los criterios de pluralidad y con el objetivo de que los participantes incluyeran las distintas visiones respecto al amparo, tanto por quienes lo litigan como quienes lo aplican, así como organizaciones sociales.
La ronda de participantes comenzó con la litigante y maestra Melissa Samantha Ayala García, quien señaló que la reforma tiene cosas buenas, malas y preocupantes, como la ampliación de la demanda, los cambios al cumplimiento y ejecución de sentencias, pues ambas figuras se acotan, lo que significa que la reforma no simplifica el amparo ni el brinda agilidad, pero será más costoso para el Estado.
El exmagistrado y abogado postulante, Juan Pablo Gómez Fierro, afirmó que, si bien es un acierto en la reforma el juicio de amparo en línea, hay cuatro aspectos preocupantes, tales como: que en el interés legítimo se perjudica a la población de menores recursos; cierra la posibilidad de una suspensión si no se advierte de una inconstitucionalidad; dota a ciertas autoridades de una inmunidad respecto de las suspensiones; y niega la ampliación de demanda.
Jaime Cárdenas Gracia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, indicó que en general la iniciativa tiende a evitar abusos en el juicio de amparo, conservando las figuras torales como el interés legítimo y la suspensión provisional y definitiva, por lo que es necesario armonizar los derechos individuales colectivos con el interés general.
La coordinadora en el Área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Ivette Galván García, refirió que el juicio de amparo debería ser cercano a la gente; sin embargo, no lo es, pues con la reforma se delimita su uso al modificar el concepto de interés legítimo, lo que lo hace regresivo, ya que acota el efecto del amparo cuando se habla de derechos colectivos.
Rogelio Rodríguez Garduño, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, comentó que el interés legítimo debería matizarse de beneficios cierto y directo, pues no considera que se esté negando el interés legítimo en lo individual como en lo colectivo.
El magistrado de circuito en materia civil y administrativa, Arturo González Ferreiro, asentó que, si bien la reforma busca evitar los abusos del amparo, es importante que el interés legítimo no se vuelva estrecho, es indispensable que las personas juzgadoras hagan su trabajo caso por caso y sin imponer cargas excesivas que hagan impracticables los derechos de las personas.
Jorge Nader Kuri, académico de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, señaló que valdría la pena incluir en la iniciativa que ante la falta de imposibilidad jurídica se proceda al cumplimiento sustituto, y que se valore la posibilidad de establecer elementos mínimos.