Ciudad de México, 9 de septiembre de 2025

La reforma en materia de extorsión, representa un cambio de paradigma fundamental, que permitirá unificar criterios nacionales, sanciones equiparables y procedimientos homogéneos, subrayaron.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, por 474 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, en materia de extorsión, que busca unificar las penas por extorsión en los códigos penales de las entidades federativas.

Desde la máxima tribuna al fundamentar el dictamen, el diputado Leonel Godoy Rangel, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, refirió que la iniciativa que da origen a este dictamen, la presentó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ante la Comisión Permanente el 10 de julio pasado y fue recibida en la Comisión de Puntos Constitucionales el 17 de julio.

Uno de sus objetivos, es hacer frente a uno de los delitos que más lastiman a la sociedad mexicana, la figura del delito de extorsión, que tiene graves repercusiones en la seguridad pública, en la economía y en la vida personal de muchas personas. Recordó que las estafas telefónicas y el cobro de piso, son las dos principales modalidades del delito de extorsión.

En ese sentido, señaló que la extorsión presencial, que es la del cobro de piso, deriva en que los comercios, carreteras, negocios, huertas, ganadería y toda la actividad económica, incluso la más pequeña, está siempre presionada por el delito de cobro de piso. Por lo que, “enfrentar este flagelo nos condiciona a concebirlo, no como una conducta menor, que únicamente afecta la seguridad personal, sino también de manera cada vez más recurrente al patrimonio y a la esfera psicológica y emocional entre otros bienes jurídicos”, dijo.

Godoy Rangel agregó que la Presidenta ha estado, junto con gobernadores y las autoridades estatales, dando seguimiento puntual a este delito. Destacó que se ha comprometido a atenderlo, con diversas acciones de política pública y que, además, va a dar motivo a una coordinación fundamental que está previsto en el Plan Nacional de Seguridad Pública y en la Estrategia nacional contra la extorsión.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está llevando a cabo tareas de investigación, que han permitido robustecer las investigaciones y ampliar las capacidades para desmantelar redes criminales y detener objetivos generadores de violencia relacionados con el delito de extorsión.

La Estrategia nacional contra la extorsión, permitirá además, una mejor coordinación interinstitucional entre las dependencias vinculadas a la atención de este delito; la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República,  la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia Y esto facilitará el intercambio de información con las autoridades locales, que también harán lo propio en la esfera de su competencia.

“La aprobación del presente dictamen, permitirá establecer y uniformar eficazmente las herramientas jurídicas contenidas en las legislaciones estatales vigentes relacionadas con este complejo delito de la extorsión. Así como las modalidades bajo las cuales se comete a través de herramientas de investigación eficaces y bajo los principios de coordinación y colaboración institucional”, indicó.

Por su parte, el diputado Alfredo Vázquez Vázquez subrayó que la extorsión es una realidad que millones de familias enfrentan día a día. “¿Cuántos de nosotros no hemos sabido de algún familiar, de algún hermano que ha sido extorsionado? ¿Quién de aquí no ha recibido esos mensajes alegres de decir que tiene suerte y que ahora eres elegida, no? Sin embargo, es necesario tener un marco jurídico ajustado a estas realidades”, expresó.

Explicó que la propuesta presidencial busca facultar al Congreso de la Unión para expedir una legislación general en la materia: “El Estado mexicano debe ofrecer a la sociedad una estrategia eficaz en lo concerniente a la prevención, a la investigación y a la sanción de la extorsión”. Además, resaltó que esta reforma permitirá mecanismos de colaboración entre los cuatro niveles de gobierno y el uso de tecnologías para enfrentar este delito.

En su intervención, la diputada Astrit Viridiana Cornejo Gómez advirtió sobre la gravedad del problema. “Mientras yo les hablo en este momento, en algún lugar de México suena un teléfono, una voz desconocida amenaza a una familia… En lo que dura esta intervención ocurrirán tres extorsiones más. Los números son devastadores: 4.9 millones al año según el INEGI, 30 familias cada hora viven el terror de una amenaza”.

Destacó que esta reforma representa “un cambio de paradigma fundamental”, pues permitirá unificar criterios nacionales, sanciones equiparables y procedimientos homogéneos: “Significa que el pequeño comerciante de Oaxaca contará con la misma protección que el de Nuevo León, que las víctimas de Chiapas recibirán idéntica atención que las de Sonora”.

Cornejo Gómez llamó a las y los legisladores a aprobar la reforma: “Votemos a favor, porque tenemos la oportunidad histórica de cerrar un vacío legal que ha favorecido décadas de impunidad. Votemos a favor, porque México merece que la extorsión deje de ser un negocio próspero para el crimen y se convierta en un delito que enfrenta en todo territorio nacional la misma respuesta firme del Estado”.

Por su parte, la diputada Xochitl Nashielly Zagal Ramírez advirtió que la extorsión es un delito que “afecta el tejido económico, vulnera la seguridad ciudadana y la inversión, y se ha convertido en un delito omnipresente que crece y se adapta con nuevas modalidades”. Explicó que sus consecuencias no sólo dañan a las víctimas directas, sino también a sus familias y comunidades enteras, al generar un estado permanente de miedo e intranquilidad.

La legisladora recalcó que el delito ha crecido en diversas entidades con incrementos alarmantes: “En Guanajuato hasta el 466% en algunos municipios en este 2025. En Querétaro ha aumentado el 43% y en Aguascalientes ha subido la demanda de extorsión”. Ante este panorama, sostuvo que la creación de una ley general permitirá combatir el delito en todo el territorio nacional y proteger de manera igualitaria a las y los ciudadanos, sin importar la entidad en la que vivan.

“Querido pueblo de México, desde la Cuarta Transformación atendemos con acciones contundentes sus preocupaciones, sus demandas y su anhelo de vivir en un entorno de paz y tranquilidad para sus familias. Una vida digna para todas y todos ha sido y será siempre una de nuestras principales causas que persigue nuestro movimiento”, concluyó.

Finalmente, Carlos Hernández Mirón manifestó que es fundamental que la ciudadanía sepa cómo se da esta reforma para combatir un flagelo que es la extorsión. Recordó que desde que estaba como expresidente Andrés Manuel López Obrador, el gabinete de seguridad se reunía para evaluar estado por estado y delito por delito el combate a la inseguridad.

Mencionó que la presidenta Claudia Sheinbaum, no solamente en el gabinete, sino también en el trabajo territorial, ha estado al pendiente de este fenómeno; “visitando entidad por entidad federativa, escuchando a la gente, se identifica la problemática y se genera una estrategia nacional para el combate a la extorsión”.

En ese sentido, el legislador federal dejó claro la importancia de que exista colaboración de los tres órdenes de gobierno. “No solamente en el tema nacional, se necesita que las entidades federativas ayuden también para combatir el flagelo de la extorsión y también directamente en el municipio. Por eso se hace un trabajo de inteligencia, se hace un trabajo integral. En eso consiste la iniciativa de la Presidenta de la República”, concluyó.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados