Ciudad de México, 27 de febrero de 2026

Diputada y diputados de Morena realizaron un llamado a reforzar las acciones para frenar el tráfico de armas de Estados Unidos a México; más del 78 por ciento provienen de ese país.

En conferencia de prensa, advirtieron que este flagelo, en conjunto con el tráfico de drogas, incrementa la violencia, genera más víctimas e impacta en el tejido social.

El diputado Jesús Valdés Peña sostuvo que la combinación del tráfico de armas y de drogas ha generado un índice de violencia desmedido. “En la comisión de cualquier delito que se genera aquí en nuestro país, el 70 por ciento registra la presencia de armas de fuego; está ya reconocido por instancias de Estados Unidos que alrededor del 78 por ciento de estas armas proceden de ese país.

“Lo vimos en el operativo de Jalisco este fin de semana, en donde se decomisaron armas de alto calibre que generaron más violencia, lo que ha ocasionado en cada rincón de México es temor, miedo, actos de desesperación de la población ante el exceso de la violencia y esto genera también más víctimas. Hay que poner el tema en la agenda pública”, señaló.

Por ello, convocó a la ciudadanía en general a sumarse al reclamo de reforzar las acciones y ponerle un alto al tráfico de armas del país vecino del norte a México.

A su vez, la diputada María Rosete aseguró que el tráfico de armas de Estados Unidos a México resulta en violencia y en la generación de víctimas; niñas y niños que se quedan huérfanos, madres enterrando a sus hijos, colonias enteras que viven bajo el sonido de los disparos y casi el 80 por ciento de ese comercio proviene de Norteamérica.

“Esas armas, por supuesto, no aparecen solas, alguien las fabrica, alguien las vende y alguien permite que crucen la frontera y quienes pagan las consecuencias son nuestras comunidades, nuestros barrios, nuestras colonias, porque cada arma que entra ilegalmente al país fortalece al crimen organizado; mientras aquí enterramos a nuestros jóvenes, a nuestros muertos, allá se enriquecen con la venta indiscriminada de rifles de alto poder que terminan en manos de criminales”, aseveró.

Por eso, enfatizó, México decidió dejar de guardar silencio e impulsó una acción histórica, que fue demandar en tribunales estadounidenses a fabricantes y distribuidores de armas por prácticas comerciales negligentes que facilitan el tráfico ilegal hacia nuestro país.

“La demanda presentada por el Gobierno de México contra fabricantes de armas en Estados Unidos marcó un antes y un después. Defender a las víctimas no es ideología, es humanidad. Quien minimiza el tráfico ilegal de armas minimiza el dolor de las familias mexicanas. No podemos permitir que la soberanía de México se siga vulnerando por un flujo ilegal que desangra a nuestro país. Las víctimas de tráfico de armas no necesitan discursos vacíos, necesitan justicia, prevención y acciones contundentes”, sentenció.

En su oportunidad, la diputada Selene Ávila Flores instó a las y los legisladores de todos los grupos parlamentarios y a la ciudadanía a estar pendiente de la opinión consultiva que emita el próximo jueves la CIDH respecto a este flagelo; no es un tema de partidos.

Adelantó que prepara modificaciones legales en materia de seguridad pública, seguridad nacional, políticas públicas en ambas materias, desde la política social, en el andamiaje jurídico. “El Congreso de la Unión tiene que hacer lo propio y estamos dándonos a la tarea de la revisión de todos los marcos legales que puedan hacer esta lucha frontal contra el tráfico ilegal de armas”, señaló.

Por su parte, Leticia Bonifaz, experta en materia de derechos humanos a nivel internacional, apuntó que México ha tenido una postura clara frente al flujo ilegal de armas y recordó que hace dos años y medio el entonces canciller Marcelo Ebrard dio instrucciones, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que se buscara la vía jurídica a fin de frenar la venta de armas en Estados Unidos y se hiciera responsable a las empresas que las venden.

Además, agregó, se le pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una opinión consultiva para determinar cuál sería la responsabilidad de estas empresas por el daño que puedan generar hacia los derechos humanos; el próximo 5 de marzo esta instancia emitirá esta opinión.

“México le pidió a la CIDH que diga si es deber de los Estados proteger a los ciudadanos frente a los abusos de las empresas que operan en su territorio a través de políticas públicas, si las empresas deben identificar, prevenir y mitigar las cuestiones negativas de sus actividades sobre los derechos humanos y si hay responsabilidad sobre las propias actividades de las empresas o aquellas que guarden relación directa con sus operaciones”, precisó.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados