GPPT avala reforma que faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley en materia de extorsión

Ciudad de México, 9 de septiembre de 2025

Este delito es de los más lacerantes para la sociedad; entre enero y julio de 2025 se registraron 6 mil 880 víctimas de este ilícito, la cifra más alta en los últimos seis años: dip. Mary Carmen Bernal

No solo hablamos de violencia y miedo; la extorsión cuesta a nuestro país más de 26 mil millones de pesos al año, dinero que debería ser destinado a la salud, educación y bienestar, aseveró

En el marco de la sesión ordinaria, la diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Mary Carmen Bernal Martínez avaló, a nombre de las y los integrantes del PT, el dictamen que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión, ya que responde a las demandas más sentidas del pueblo de México como son vivir sin miedo y con dignidad.

Durante su intervención, Bernal Martínez aseguró que, este delito, se ha convertido en uno de los más lacerantes para la sociedad y al respecto, dijo, las cifras lo confirman, toda vez que, entre enero y julio de 2025, se registraron 6 mil 880 víctimas de este delito, la cifra más alta en, al menos, los últimos seis años y que han sufrido millones de familias mexicanas que, lamentablemente, son víctimas de este crimen.

La legisladora petista agregó que, no solamente se está hablando de miedo y violencia, sino del impacto económico brutal que la extorsión le cuesta al país, con más de 26 mil millones de pesos al año, que alimentan a las redes criminales y que deberían estar siendo destinados a educación, salud, bienestar y desarrollo productivo.

Explicó que la reforma permitirá seguir de oficio la extorsión, rompiendo con el círculo de silencio al que, hoy, están sometidas las víctimas; homologará los tipos penales y sanciones en todo México; fortalecerá la coordinación entre la Federación y los estados; colocará a la víctima en el centro de la acción del Estado, garantizando protección, acceso a la justicia y la reparación del daño.

“Desde el Partido del Trabajo entendemos que la seguridad no es un privilegio, sino un derecho del pueblo; nuestros estatutos lo señalan con claridad, que el Partido del Trabajo tiene como principio rector la defensa de los intereses del pueblo trabajador y la lucha contra cualquier forma de explotación, injusticia o violencia que atente contra su dignidad. Por eso, esta reforma no es solamente un ajuste técnico, es un acto de justicia social”, finalizó.

Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario del PT en la Cámara de Diputados