Ciudad de México, 9 de diciembre de 2025

El vicepresidente de la Mesa Directiva destaca la urgencia de incluir la educación ambiental como eje prioritario, especialmente entre niñas, niños y jóvenes

El diputado Sergio Gutiérrez Luna (Morena), vicepresidente de la Mesa Directiva, inauguró el foro “Raíces y futuro. Hacia un ambientalismo mexicano”, con el objetivo de recoger propuestas y testimonios para fortalecer la legislación ambiental y promover un modelo de desarrollo sostenible en el país.

Durante su participación en el encuentro, organizado por el diputado Joaquín Zabadúa Alva (Morena), Gutiérrez Luna destacó la urgencia de incluir la educación ambiental como eje prioritario, especialmente entre niñas, niños y jóvenes, y señaló que fenómenos como la sequía, el cambio climático y la sobrepoblación demandan una adaptación jurídica y social inmediata.

“Cada vez este planeta, nuestro país, sufre las consecuencias (por) la sobrepoblación y las grandes ciudades generan un impacto que es muy difícil de atenuar. Por eso estos foros sirven para visualizar, preparar, proponer, y nosotros quedamos abiertos a las propuestas legislativas que puedan tomar forma aquí, para acogerlas, hacerlas nuestras y, eventualmente, aprobarlas, porque es un tema que a todos nos interesa”, expresó.

Por su parte, la diputada Alejandra Chedraui Peralta (Morena), presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, refirió cifras sobre el deterioro ambiental en el país. En ese sentido, recordó que en 2024 México perdió 93 mil 91 hectáreas de bosque primario, colocándose entre los 10 países con mayor deforestación.

Agregó que el 60 por ciento de esta pérdida se debió a incendios forestales, con más de 8 mil incidentes en el año. A pesar de ello, dijo, los bosques mexicanos capturan alrededor de 180 mil millones de toneladas equivalente de CO₂ anualmente, convirtiéndose en uno de los principales sumideros naturales del país.

Anotó que el costo económico de la degradación ambiental asciende al 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, “mostrando que la inacción no sólo daña los ecosistemas, también afecta a familias, economías locales y presupuestos públicos”.

En su oportunidad, la diputada Gabriela Benavides Cobos (PVEM), presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informó que, de manera paralela, la instancia legislativa se prepara para discutir y votar la Ley de Economía Circular, considerada un avance relevante, aunque perfectible, pues la propuesta busca establecer responsabilidades para productores, importadores y consumidores respecto al destino final de los productos, con el objetivo de reducir las más de 120 mil toneladas de residuos diarios que genera el país.

Agregó que es una propuesta perfectible que “quisiéramos fuera más ambiciosa, pero lo hemos entendido que será de manera gradual, y trabajando de la mano con los sectores, siendo la secretaría evidentemente el titular de este eje rector y del Programa Nacional de Economía Circular”.

Por su parte, el diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo (Morena) indicó que se deben actualizar la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Anotó que de los recursos naturales del país dependen millones de personas, por lo que las comunidades que cuidan de manera sostenible se ven beneficiados, y comentó que presentó una iniciativa para que los servicios ambientales tengan tasa cero en Impuesto al Valor Agregado (IVA), alternativa para la preservación y conservación.

Asimismo, Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), presentó una visión histórica y actual del ambientalismo mexicano, donde destacó la importancia del conocimiento ancestral de casi 25 millones de personas de los pueblos indígenas, quienes han sido guardianes de 180 ecosistemas distintos del país.

Señaló que la necesidad de restaurar al menos 9.5 millones de hectáreas, que representan el 5.0 por ciento del territorio nacional afectadas por deterioro ecológico, así como la urgencia de abandonar los modelos extractivistas y de consumo insostenible que han marcado las últimas décadas para pasar a economías verdes y circulares, y el impulso al Acuerdo de Escazú, centrado en acceso a la información ambiental, participación ciudadana y justicia ambiental.

Explicó que el ambientalismo moderno debe ser un movimiento que busque la protección y la restauración del medio ambiente frente a los impactos humanos, por lo que “a través de la regulación de acciones gubernamentales se debe garantizar la sustentabilidad y la justicia, focalizando su implementación en las personas y las comunidades”, a fin de que los problemas sean de importancia nacional.

Anotó que las últimas décadas han estado marcadas por modelos económicos basados en el “extractivismo y la desigualdad”, así como en “formas de producción y consumo insostenible” que han profundizado las brechas sociales y la injusticia ambiental.

Destacó la necesidad urgente de actualizar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; “necesita una refundación total y absoluta”, por lo que llamó a iniciar desde ahora su revisión con el acompañamiento de especialistas y legisladores.

Comentó que se echó a andar el Programa de Restauración Nacional, que guía las acciones del gobierno, “en donde queremos detener las causas del deterioro, permitir la regeneración natural y promover la regeneración productiva que abarca la actividad agropecuaria y pesquera”.

Mencionó que, dentro de las próximas metas institucionales para los próximos años, están sanear los ríos Lerma, Santiago, Atoyac y Tula; tecnificar el riego y ordenar las concesiones a través del Plan Nacional Hídrico.

Así como reducir el 35 por ciento de gases de efecto invernadero para cumplir con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés), que conlleva a preparar el terreno para las nuevas metas de la NDC 3.0 mediante el Plan Nacional de Cambio Climático.

Transitar hacia una economía circular y una República Basura Cero, reforestación de 200 mil hectáreas de bosques y 18 mil hectáreas de manglares. Conservar y proteger el 30 por ciento del territorio terrestre y marítimo. Concretar proyectos de justicia ambiental en el Río Sonora y presa Endhó, así como mejorar la calidad del aire en las zonas metropolitanas del Valle de México, Monterrey y Guadalajara.

Además, implementar ejercicios de vigilancia coordinada para el cumplimiento de la legislación ambiental eficaz con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea).

Simplificar y digitalizar los trámites derivados de la regulación ambiental nacional, regeneración de minas, y revisiones de la Ley General de Aguas y Ley de Economía Circular y Ley General en materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.

“Convocar a estos foros es fundamental para poder analizar estos proyectos. Esos son los dilemas de nuestra secretaría, sé que la autogestión local es posible y necesaria que puede sentar las bases para un sistema mundial y local más justo e igualitario”, concluyó.

 Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados