Ciudad de México, 7 de abril de 2026

La errática y arrogante respuesta del gobierno de México al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU tiene que ver con una razón política y de popularidad, no técnica ni real.

Ernesto Sánchez Rodríguez, diputado federal del PAN, dijo que analizó el informe de la ONU. “No trata sobre desapariciones en general, sino sobre desapariciones forzadas, es decir, aquellas en las que existe participación, autorización, apoyo o aquiescencia del Estado”.

El punto de quiebre fue la decisión del Comité de activar el artículo 34 de la Convención Internacional, un mecanismo excepcional reservado para situaciones con indicios de desaparición forzada generalizada o sistemática.

Bajo ese artículo, el Comité solicitó al secretario general de la ONU llevar el caso mexicano ante la Asamblea General. Es un paso inusual que no busca fincar responsabilidades penales individuales, sino alertar a la comunidad internacional y abrir la puerta a cooperación técnica, asistencia especializada y presión diplomática.

Una desaparición puede ser cometida por particulares, por ejemplo, por grupos del crimen organizado sin intervención del Estado. En cambio, una desaparición forzada implica necesariamente algún grado de participación gubernamental, ya sea directa o indirecta: ejecución, autorización, colaboración, encubrimiento o tolerancia.

Esa diferencia es la que el gobierno intenta diluir y la que la ONU pone en el centro. El Comité fue cuidadoso en la forma, pero contundente en el fondo. No afirmó que exista una política federal deliberada para desaparecer personas.

Lo que sí estableció es que hay patrones reiterados de desapariciones cometidas por grupos criminales con participación, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado en distintos niveles

El informe refleja la dimensión de la crisis. Retoma el registro nacional, documenta más de 4 mil 500 fosas clandestinas, más de 6 mil 200 cuerpos y alrededor de 4 mil 600 restos recuperados, además de unos 72 mil restos humanos sin identificar en servicios forenses.

A partir de estos datos, concluye que no hay evidencia de mejora sustancial. La crisis persiste con características estructurales que impiden su contención.

En el caso particular de Quintana Roo, el panista recordó que la Fiscalía estatal ha difundido más de 50 fichas con recompensas de hasta 250 mil pesos, lo que claramente refleja la gravedad de la crisis mientras decenas de familias siguen sin respuestas.

“El PAN y diversos colectivos plantean fortalecer capacidades mediante cooperación internacional en búsqueda, análisis forense e investigación, así como mecanismos eficaces para esclarecer la verdad, romper redes de impunidad y proteger a familias”.

Organizaciones nacionales e internacionales respaldaron al Comité y criticaron la respuesta del gobierno. El Centro Prodh, el Sistema Universitario Jesuita y CEPAD señalaron que la postura oficial reproduce un patrón de negación frente a organismos internacionales y no corresponde a la gravedad de la crisis.

De acuerdo a la diputada local del PAN, Claudia Pérez Romero, la Federación Internacional por los Derechos Humanos, junto con IDHEAS y la CMDPDH, recordaron que durante años han documentado casos en estados como Coahuila, Nayarit y Veracruz con indicios de desapariciones forzadas con participación o aquiescencia de autoridades.

También, dijo, se han advertido problemas estructurales: el modelo de investigación fragmenta los casos e impide reconstruir patrones, cadenas de mando y redes de corrupción, lo que alimenta niveles de impunidad superiores al 99%.

Claudia Pérez explicó que el viernes previo a Semana Santa, cuando la atención pública cae. No se escondía un dato técnico, se intentaba reducir la dimensión de la tragedia. “Hay más de 72 mil cuerpos sin identificar en servicios forenses, es decir, más restos sin nombre que desaparecidos reconocidos oficialmente. La cifra fue ajustada para encajar en una narrativa, no para reflejar la realidad”.

Incluso, de los 43 mil casos reconocidos, apenas poco más de 3 mil tienen carpeta de investigación. La mayoría ni siquiera está siendo investigada formalmente.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados