Ciudad de México, 28 de octubre de 2025

Ciudadana presidenta, ciudadanos legisladores, es interesante el planteamiento del preopinante.

Lo que en el dictamen contenía es que, al presunto delincuente por el delito de extorsión, el artículo 15 señala que se le aplicara o se le aplicaría una pena de seis a 15 años y decía el artículo 21 que para lo que se dice el funcionario cómplice se le aplicará de 10 a 20 años.

Esto es lo que en materia penal se llama proporcionalidad afectada, no es proporcional la pena al presunto delincuente, porque al delincuente se le aplica de seis a 15 años y al funcionario cómplice, dejémoslo en esta expresión que me parece correcta, de 10 a 20 años, es decir, la desproporción es evidente.

Y por eso el planteamiento es en el artículo 21 que al funcionario cómplice quede de cinco a 12 años, porque al presunto delincuente se le aplicará de seis a 15 años.

Ahora bien, si es un tema y lo digo, he tratado siempre de ser honesto, es un tema que a mí me surge en los estados, en efecto.

Hoy lo debatimos con Lilia, Lilia del PT y de verdad les puedo decir que el debate es muy interesante y el debate a veces en nuestro grupo es más fuerte, más fuerte, porque hay, como en todos los grupos, buenos abogados, buenos juristas, que tenemos que debatir al interior estos temas.

Y miren ustedes, de lo que yo recuerdo, cuatro estados del país, Chihuahua, que tiene hasta 30 años si mal no recuerdo, Chihuahua, Guerrero tiene una punibilidad mayor que la que estamos planteando en esta ley, lo acepto, Guerrero, Chihuahua, Baja California, Quintana Roo creo que sí y les voy a decir un tema que nosotros creemos que se va a salvar, es la aplicación retroactiva de la norma.

Es muy sencillo, porque si un código penal en Chihuahua tiene de 10 a 30 años la pena para un extorsionador y uno de ellos está purgando una condena y lleva 20 de los 30 años, esta ley sí puede generar un conflicto de retroactividad, lo afirmo con toda honestidad.

Entonces, son cuatro estados. Ya lo estudiamos y lo debatimos con Lilia, muy profundo este debate, pero lo que estamos haciendo en este momento es precisamente en razón de la proporcionalidad, me reduzco a la propuesta, quizás si alguien de los diputados hubiera propuesto en las reservas algo más como lo hizo Lilia, estaríamos debatiendo esta condición.

Pero el proceso formal en este momento, el proceso formal legislativo son las reservas que estoy presentando y sobre esas tenemos que debatir, deliberar y en su caso votar.

Y yo lo que planteo en el 21 es que no se aplican de 10 a 20 años al cómplice funcionario, porque no se le puede aplicar más sanción que al extorsionador que estamos planteando de seis a 15 años.

Es muy lógico, es muy sencillo, dice el preopinante, ¿por qué no subimos la pena del presunto delincuente extorsionador a más años y dejamos en 10, 20 al funcionario cómplice? Es una posibilidad, pero lo que yo estoy planteando es que voten una propuesta que en el proceso legislativo formal está en su momento de discusión.

Yo lo que estoy planteando es que se elimina la sanción probable al funcionario cómplice que se establece en el 21 de la ley de 10 a 20 años y digo no, es desproporcionada, porque así lo atienden los principios de derecho penal en el mundo y México no es la excepción y por eso yo planteo que sea de cinco a 12 años.

Ahora bien, sí quiero insistir, el tema sí es de fondo, sí es un tema que vale la pena precisar, no descalifico ninguna argumentación, pero el momento procesal en el que estamos son los ocho artículos que estamos proponiendo como reserva.

Si hubiera otra reserva, yo estoy dispuesto a deliberar ya debatir, pero en este momento sí se puede enmendar y corregir esta propuesta, claro, eso lo admite el proceso, lo admite diciendo le propongo a los autores que aceptan que en el lugar de reducir quede de 10 a 20 y que en el artículo 16 se aumenta de 25 a 50 años a los presuntos responsables del delito de extorsión. Se puede, es parte del debate.

Nosotros consideramos que ahora que estamos planteando por vez primera una ley general, un tipo penal único, hemos avanzado de manera definitiva y yo estoy seguro que estamos dotando al Ministerio Público ya la autoridad persecutora de delitos de un instrumento eficaz nacional que pronto vamos a ver resultados favorables para la ciudadanía, yo sí confío.

Es más, es una innovación, una novedad el 089 como denuncia anónima en la que no tiene que haber ni temor, ni miedo, ni preocupación a denunciar.

Yo sí confío en el Ministerio Público mexicano y confío en el nuevo Poder Judicial de la Federación.

Por su atención, muchas gracias, presidenta.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados