Luego de advertir que el posible rechazo a la revocación de mandato refleja la realidad que vive el país, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que en México nadie está exigiendo revocar el mandato de la titular del Ejecutivo, lo que demanda son mejores condiciones de vida.
Ciudad de México, 25 de marzo de 2026
Candelero
Por Ricardo Monreal Avila
Para plantear y aprobar la reelección, a nivel de alcaldías y diputaciones (como precedente, para después pasar a gubernaturas y a la Presidencia de la República), la derecha mexicana no tuvo reparos. Pero para la revocación de mandato, todo aquel ímpetu se voltea y esta figura se rechaza como si fuera el diablo en persona.
La doctrina y la práctica parlamentaria internacional plantean que, si la ciudadanía tiene la posibilidad de reelegir a una buena autoridad, debe contar con el mismo derecho a deshacerse de ella cuando falle o no cumpla las expectativas. Dicho con una expresión muy popular: “el pueblo pone, el pueblo quita”. Tres años son muy pocos para un buen Alcalde o Alcaldesa, pero son una eternidad para un mal gobernante.
Afortunadamente, la figura de revocación de mandato fue incorporada el sexenio pasado y ahora se refrenda con la Iniciativa presidencial para que se realice durante el tercer o cuarto año de ejercicio; sin embargo, el debate se centra hoy en cuándo llevarla a cabo: en el plazo propuesto y de manera concurrente o no con la elección de medio término (cuando se eligen las 500 Diputaciones federales, 17 Gubernaturas, 31 Congresos locales y cerca de 1,800 autoridades municipales).
Son más las ventajas que las desventajas de hacer concurrentes una consulta de revocación de mandato presidencial con la superelección de medio término:
1.- Económicas: sumar elecciones dispersas en el tiempo en una sola jornada electoral se traduce en ahorros presupuestales cuantiosos, en economías de escala.
2.- Políticas: concentrar la competitividad y la disputa electoral en un solo domingo permite acortar los tiempos de conflicto político y ofrece más estímulos a la búsqueda de acuerdos, cooperación y diálogo entre los actores. Mientras menos dure la guerra electoral, más tiempo y estímulos se tienen para crear una atmósfera de acuerdos, negociación y cooperación (es una de las premisas básicas de la teoría de juegos).
3.- Identitarias: promover que la consulta para la revocación de mandato presidencial se realice el mismo día de las elecciones legislativas federales y locales le da una narrativa y un sentido nacional a un cúmulo de intereses políticos, económicos y sociales, atomizados y dispersos, que cada tres años salen a medirse en las urnas.
4.- Participación ciudadana: hacer concurrir las dos elecciones que más mueven a la ciudadanía para ir a las urnas (la presidencial y la municipal) es como colocar una doble turbina o un turbocargador a un coche lento y de bajo torque; la revocación de mandato pude incrementar la participación ciudadana de una elección tradicionalmente baja.
5.- Institucionalidad: someter a la principal institución del sistema republicano de nuestro país a un ejercicio democrático de rendición de cuentas, muy al contrario de lo que algunos pudieran pensar, fortalece a la figura presidencial, no la debilita.
Al refrendar, mediante elecciones auténticas y periódicas y a través del voto libre, directo y secreto, las preferencias electorales en favor de un proyecto político encabezado por la Presidencia de la República, se fortalecen los principios democráticos fundamentales del sistema social y se abona a cualquier noción de bien común, ya que la cima de la pirámide institucional del Estado nación se estaría sosteniendo tanto en ejercicios normativos -propios de las democracias electorales- como en la fuente misma de la legitimidad política de cualquier régimen: la voluntad popular expresada de manera libre y reiterada.
Por otro lado, la propuesta de hacer coincidir la revocación de mandato con las elecciones intermedias descansa en un profundo compromiso con las más diversas formas de la llamada democracia directa y no en motivos de coyuntura o para sacar raja política, en atención a la serie de ventajas ya enunciadas. Otro beneficio de tipo institucional es que este ejercicio de rendición de cuentas puede funcionar como una alternativa a crisis políticas más graves: ayudar a canalizar el malestar social por vías legales; reducir la probabilidad de protestas violentas o rupturas institucionales, y evitar salidas extrainstitucionales (golpes de Estado, crisis de gobernabilidad, movimientos injerencistas o intentos de intervencionismo).
Sin embargo, también hay matices importantes. Para que estas ventajas realmente ocurran, el diseño institucional ha sido clave. En el caso de México, se puso especial atención a un conjunto de precondiciones, como los umbrales de participación necesarios para evitar usos estratégicos. Actualmente, la fracción IX del Artículo 35 constitucional dispone que el proceso para la revocación de mandato debe ser convocado por el INE a petición ciudadana, siempre y cuando en la solicitud participen por lo menos 17 entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la Lista Nominal de votantes de cada una de ellas.
Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber una participación de, al menos, el 40 por ciento del electorado inscrito en la Lista Nominal, con la salvedad de que la revocación de mandato solo procederá por mayoría absoluta.
Asimismo, el diseño institucional contemplado en nuestra Carta Magna exige la neutralidad del Gobierno durante el proceso de revocación de mandato, y que el INE y los organismos públicos locales sean la única instancia a cargo de la difusión del proceso, cuya promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos, además de suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden. También, que ninguna otra persona, física o moral, a título propio o por cuenta de terceros, pueda contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en el voto ciudadano.
Por otro lado, la Constitución dispone que solo se podrá solicitar este proceso en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional presidencial (cuestión, esta última, sujeta a debate), lo cual evita el riesgo de polarización permanente o el posible uso de esta figura como herramienta política más que ciudadana,
Toda revocación de mandato, de forma y de fondo, es un plebiscito presidencial. Lo sabe bien la derecha. Si la Presidenta Claudia Sheinbaum estuviese reprobada, pedirían a gritos la concurrencia, pero como tiene la aprobación más alta desde que se mide esa figura, están en contra de que el domingo 6 de junio de 2027 una quinta rueda les pase por encima y ni las placas alcancen a ver.
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