Ciudad de México, 10 de diciembre de 2025

La diputada de MC indica que la exalcaldesa de Manzanillo ha sido víctima de dos atentados y carece de escoltas suficientes

La diputada Patricia Mercado Castro (MC) presentó un punto de acuerdo para exigir a las autoridades federales la restitución inmediata de las medidas de protección para Griselda Martínez Martínez, expresidenta municipal de Manzanillo, Colima, quien ha sido víctima de dos atentados y actualmente carece de escoltas suficientes para garantizar su seguridad.

En rueda de prensa, acompañada por diputadas y diputados de su bancada, informó que el exhorto está dirigido a la persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR) para que, en el marco de sus atribuciones, instruya la restitución de las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la vida de la exalcaldesa.

Asimismo, solicitó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destinar recursos humanos y materiales a fin de garantizar su protección.

“Necesitamos que Griselda Martínez esté cuidada y escoltada, que pueda movilizarse sin temor, porque el Estado mexicano tiene la obligación legal de brindarle esta protección”, enfatizó.

En su oportunidad, la diputada Laura Ballesteros Mancilla (MC) afirmó que el caso de Martínez Martínez es un asunto político que debe resolverse con urgencia, pues refleja la situación de riesgo que viven figuras públicas y ciudadanía en Colima. Indicó que buscará que la Mesa Directiva dé trámite al exhorto, con el objetivo de que la Comisión Permanente lo resuelva a la brevedad.

“No vamos a dejar de pelear por esto. Lo que vive Griselda es un síntoma de lo que enfrenta la población de Colima y no vamos a dejarlas solas”. Refirió que el delegado nacional de MC, Jesús Dueñas, ha dicho que las familias colimenses están viviendo “en el más absoluto terror”, ya que el índice de percepción de inseguridad es del 77 por ciento, de los más altos del país.

Señaló que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Colima ocupa el primer lugar a nivel nacional en homicidios dolosos, ya que la entidad registra una tasa de 95 asesinatos por cada cien mil habitantes, cifra alarmante para un estado que cuenta con apenas más de 700 mil habitantes.

En su oportunidad, la diputada Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario de MC, urgió a que la exalcaldesa esté en mejores condiciones y no se ponga en riesgo su vida.

Por su parte, Benjamín Alamillo González, delegado de MC en Colima, dijo que el clima de inseguridad del país, en particular en ese estado, enfrenta grandes retos. 

Señaló que el gobierno de la entidad ha emprendido una persecución política en contra de Griselda Martínez y de él mismo. “Lo que queremos es que se visibilice lo que está sucediendo en Colima de la gran crisis de inseguridad que ha llevado a que muchos funcionarios y personas pierdan la vida.

“Nosotros lo que queremos en Colima no es seguir dando el pésame, no es seguir lamentando las vidas que se pierden. En el caso de Griselda, que ha sido atentada en dos ocasiones, lo que queremos es que tenga seguridad. Se le retiró la seguridad por parte de la Guardia Nacional, hoy ella está en Manzanillo con apenas dos policías que cuidan su vida, y eso ha imposibilitado su movimiento”, expresó.

Por su parte, vía Zoom, Griselda Martínez Martínez, expresidenta municipal de Manzanillo, de 2018 a 2021, recordó que el 16 de julio de 2019 sufrió un atentado en una avenida principal del municipio, cuando dos sicarios en motocicleta dispararon más de 40 veces contra el vehículo en el que viajaba. Aunque resultó ilesa, uno de sus escoltas fue herido y una civil quedó lesionada.

Indicó que, a pesar del ataque, decidió permanecer en el cargo y continuar con la depuración de la policía municipal, proceso en el que dio de baja a alrededor de 300 elementos y presentó denuncias por corrupción que continúan congeladas en la Fiscalía estatal de Colima.

 Tras el atentado, mencionó que la Secretaría de Marina (Semar) la protegió y estableció su residencia en instalaciones de la dependencia durante un año. Posteriormente, vivió dos años en su oficina y dos más en instalaciones municipales y comentó que, el 29 de julio de 2022, ocurrió un segundo ataque, dirigido contra vehículos en los que se transportaba para cumplir actividades oficiales.

Martínez Martínez señaló que, por decisión del entonces secretario de Seguridad y hoy gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, contó con seguridad durante cinco años.

 Sin embargo, tras la llegada del nuevo Gobierno Federal, encabezado por Claudia Sheinbaum y con García Harfuch al frente de la SSPC, su protección fue retirada, pese a que el Ministerio Público federal atrajo el caso sin avances hasta la fecha.

 “Actualmente estoy en una situación, yo le digo de prisión domiciliaria, porque el policía estatal y los dos policías municipales me pueden otorgar solamente seguridad en el municipio si yo quiero ejercer mi derecho que tengo a la participación política. No puedo estar en la rueda de prensa de México, porque tendría que irme sin protección”.

 Martínez Martínez alertó sobre la grave situación de violencia en Colima. Recordó el reciente atentado contra el secretario de operaciones de seguridad estatal, así como el asesinato, en febrero de 2025, de un compañero de lucha y su esposa.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados