Ciudad de México, 18 de febrero de 2026

Cámara de Diputados aprueba reforma que reconoce violencias que antes eran invisibles, fortalece la protección frente al abuso de poder y establece medidas no solo para sancionar, sino para reparar y prevenir el daño.

Se impondrán penas de hasta siete años de prisión a quien cometa este delito.

Nunca más la violencia sexual será minimizada ni por la sociedad, ni por la ley, ni por el Estado Mexicano, advirtió la diputada federal de Morena, Julieta Vences Valencia.

Desde la máxima tribuna del país, en el marco de la discusión y aprobación del Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Igualdad de Género a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, en materia de abuso sexual, la legisladora poblana afirmó que esta enmienda contribuye directamente a la igualdad, porque rompe con la idea de que las víctimas son responsables de las agresiones que sufrieron.

“Reconoce violencias que antes eran invisibles; fortalece la protección frente al abuso de poder; y establece medidas no solo para sancionar, sino para reparar y prevenir el daño”.

Además, destacó que esta reforma está alineada con estándares internacionales, pero sobre todo está alineada con una exigencia social legítima:

“Que las mujeres puedan vivir con dignidad, con respeto y sin miedo”.

“Hoy damos un paso importante para fortalecer la justicia en nuestro país y, sobre todo, para enviar un mensaje claro: la violencia sexual no puede seguir siendo minimizada, ni por la sociedad, ni por la ley, ni por el Estado”.

Julieta Vences detalló que esta reforma nace de una realidad que lamentablemente millones de mujeres viven todos los días cuando son tocadas sin su consentimiento en el transporte público, cuando una joven es obligada a soportar roces o caricias en su trabajo por miedo a perder su empleo y cuando alguien con poder, un jefe, un servidor público o un profesionista, se aprovecha de su posición creyendo que no habrá consecuencias.

La secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados lamentó que, durante años, muchas víctimas se han enfrentado no solo a la agresión, sino también a una ley que no siempre es clara, y a un sistema que les responsabiliza por las agresiones que sufrieron.

Por tanto, precisó que esta enmienda reconoce expresamente que el abuso sexual incluye tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales no consentidas, visibilizando conductas que durante mucho tiempo fueron minimizadas, pero que lastiman profundamente la dignidad de las personas.

Asimismo, abundó, la reforma establece claramente que no hay consentimiento cuando existe violencia, intimidación, engaño, abuso de confianza, abuso de poder o cualquier situación que anule la voluntad de la persona, y que el silencio o la falta de resistencia no pueden interpretarse como una aceptación.

“Esto cambia el enfoque: la responsabilidad ya no recae en la víctima, recae en quien comete la agresión”.

También, apuntó, se fortalece la actuación del Estado al establecer que el delito de abuso sexual se perseguirá de oficio, lo que significa que ya no dependerá únicamente de la denuncia de la víctima.

“El Estado asume su responsabilidad y reconoce que el abuso sexual no es un asunto privado, es un delito que debe investigarse y sancionarse.

Esto ayudará a evitar que el miedo, la presión o las amenazas sigan siendo obstáculos para la justicia”, destacó.

Vences Valencia advirtió que quien cometa este delito se enfrentará a una sanción de tres a siete años de prisión, con una media de cinco años, lo que permitirá una sanción proporcional al daño que se está cometiendo.

De igual forma, puntualizó, hace posible algo fundamental: la reparación integral del daño y la implementación de medidas para evitar la repetición.

“Porque la justicia no es solo castigar. La justicia también es reparar el daño.

Y es evitar que la violencia vuelva a ocurrir”.

Esta reforma permite que, además de la pena de prisión, las personas sentenciadas deban acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia, y cumplir medidas que contribuyan a transformar conductas”.

La congresista por el partido guinda aseguró que este andamiaje jurídico fortalece la justicia y contribuye a construir una sociedad más igualitaria, porque amplía y fortalece las agravantes del delito, reconociendo muchas de las realidades que viven las víctimas.

“Reconoce el abuso de poder. Reconoce las relaciones de confianza.

Reconoce cuando se utilizan sustancias como el alcohol, medicamentos o narcóticos para anular la voluntad de la víctima. Reconoce cuando existe una situación de vulnerabilidad.

“Esto ayudará a evitar que agresores sigan aprovechándose de su posición o de la debilidad de otras personas”, enviando así un mensaje claro a la sociedad y es que aquel que cometa abuso sexual será castigado, porque hoy como nunca, México está del lado de las víctimas”, concluyó.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados