6 de octubre de 2026

Se trata de una nueva ley de vanguardia e innovadora que propone ampliar y facilitar el uso de los pagos digitales: diputado Carol Antonio

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), en la sesión vespertina de hoy, fundamentó el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, cuyo objeto es promover la adopción e implementación de Medios de Pago Electrónicos y Digitales, cerrar la brecha entre la infraestructura disponible y su uso efectivo.

Antonio Altamirano destacó que en México ha habido enormes avances en lo que se refiere a la inclusión financiera, así como en la modernización del sistema financiero para facilitar su uso y democratizar el acceso a los productos y servicios; sin embargo, la gran mayoría de los pagos que realiza la población son con el uso de efectivo, con lo cual se han desaprovechado las ventajas que tienen las innovaciones tecnológicas y el ahorro de recursos que su utilización adecuada implica.

Explicó que la iniciativa presentada por la titular del Poder Ejecutivo Federal, que es materia de este dictamen, propone establecer un marco jurídico para promover la adopción e implementación de medios de pagos electrónicos y digitales en el país.

Se trata –afirmó– de una nueva ley de vanguardia e innovadora que propone ampliar y facilitar el uso de los pagos digitales mediante una implementación gradual, mayor seguridad, menores costos para las personas usuarias y mejores mecanismos de control y recaudación.

Precisó que se busca modernizar los medios de pago, ampliar la inclusión financiera y aprovechar las herramientas digitales para facilitar las operaciones de las personas, los comercios y de las autoridades.

Precisó que la propuesta reconoce que la transformación digital no constituye únicamente un cambio tecnológico, sino una oportunidad para ampliar derechos, acercar los servicios financieros a más personas, facilitar el cumplimiento de obligaciones y reducir las desigualdades que todavía existen en el acceso a los medios de pago.

El diputado mencionó a innovación tecnológica y la transformación digital son componentes importantes para la modernización de la vida pública del país; por ello, el dictamen responde a ese propósito y propone construir un marco jurídico que acompañe los cambios que ya se están produciendo en la economía y en la manera en que las personas realizan sus actividades cotidianas.

“México vive una transformación económica acelerada. Cada día más personas utilizan plataformas digitales, realizan transferencias electrónicas, venden productos en línea, acceden a servicios financieros mediante dispositivos móviles y participan en mercados que eran impensables; sin embargo, millones de mexicanos continúan excluidos de estos beneficios”, aclaró.

Antonio Altamirano expuso que la brecha digital y financiera sigue representando una barrera para el desarrollo de las familias, emprendedores y pequeñas empresas.

La nueva ley –afirmó– tiene como propósito impulsar una economía más moderna, eficiente e incluyente, mediante el fortalecimiento de los pagos digitales y electrónicos como herramientas de desarrollo económico, lo cual permita reducir costos de transacción, aumentar la eficiencia económica y facilitar la participación de personas y empresas en la actividad productiva.

Además, se establece que en la contratación digital de servicios financieros la CURP digital será aceptada como un mecanismo de confianza y que las personas usuarias podrán utilizarla ante las entidades como mecanismo de identificación oficial para la contratación de servicios financieros.

También, dijo, se propone la creación de un expediente digital ciudadano para la consulta y uso de documentos e información de las personas usuarias que contará con los efectos jurídicos que se da a los documentos físicos.

 Con ello, se establecen las condiciones adecuadas para que las personas contraten servicios financieros de forma totalmente digital reconociendo estos mecanismos válidos de identificación y acreditación documental con la misma validez jurídica que los documentos físicos, siempre y cuando sean utilizados con autorización de los usuarios.

Resaltó que con la nueva ley se promoverá el uso de transferencias electrónicas, tarjetas bancarias, códigos QR, tecnología NFC y otras herramientas digitales de pago reconocidos por las autoridades financieras.

Obligará a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que realicen las acciones necesarias para aceptar estos mecanismos de pagos electrónicos y digitales para atención de trámites y servicios; establece que cuando se presente una contingencia que imposibilite la recepción de algún medio de pago electrónico y digital se permitirá el pago en efectivo o en cheque, añadió.

Adicionalmente –externó– la nueva ley faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para identificar sectores o actividades económicas donde los pagos digitales podrían convertirse en la única forma de pago aceptada. En estos casos, las autoridades correspondientes deberán emitir reglas específicas para un cambio gradual del efectivo hacia esquema de pagos electrónicos y se contempla ciertas excepciones temporales cuando existan fallas tecnológicas o contingencias que impidan la operación de dichos sistemas.

Por otro lado, la ley asigna responsabilidades al Banco de México, a las instituciones financieras y a las autoridades gubernamentales para promover la inclusión financiera, ampliar la conectividad, facilitar la apertura de cuentas bancarias, fortalecer las plataformas de pago y simplificar trámites mediante herramientas digitales.

“Hoy tenemos la oportunidad de enviar un mensaje claro: México no puede quedarse rezagado en la revolución digital que está redefiniendo la economía del planeta. Solicito el voto a favor de esta nueva ley que, sin duda, va en la dirección correcta para avanzar en la modernización económica y la inclusión financiera del país”, enfatizó.

Desechan moción suspensiva

En votación económica, el Pleno desechó la moción suspensiva de la diputada Verónica Martínez García (PRI), quien planteaba detener la discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que fuera devuelto y profundizar en su análisis.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados