Ciudad de México, 9 de septiembre de 2025

Los legisladores priistas votan a favor de la reforma al artículo 73 de la Constitución en materia de extorsión. Solo una de cada diez víctimas se atreve a denunciar.

Al posicionar a nombre del GPPRI, el diputado Alejandro Domínguez se comprometió a impulsar que esta reforma sea el punto de partida para una auténtica política de Estado contra la extorsión.

Nadia Navarro pidió garantizar un presupuesto suficiente que permita superar el rezago en la impartición de justicia.

Luis Gerardo Sánchez propuso que la ley general contemple una dimensión humana de la seguridad, la salud mental como derecho y como prioridad.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado federal Alejandro Domínguez manifestó el voto a favor de la reforma a la Constitución en materia de extorsión y refrendó el compromiso de trabajar con todas las fuerzas políticas para impulsar una Ley General que se construye con responsabilidad, visión integral y resultados tangibles para las y los mexicanos.

“Combatir la extorsión no es sólo una obligación legal, es una responsabilidad moral y política con el pueblo de México. Mientras este delito siga marcando la vida de millones de mexicanos y mexicanos, no podremos hablar de justicia, de progreso ni de igualdad”, afirmó durante su posicionamiento en la sesión ordinaria.

Alejandro Domínguez precisó que, según la Encuesta Nacional de Victimización en el 2023 del INEGI, la cifra negra de este delito alcanzaba el 97.2 por ciento, es decir solo una de cada diez víctimas se atreve a denunciar.

Por ello, el legislador priista hizo un llamado a la mayoría oficialista para abrir el diálogo y construir una ley clara, operativa, con presupuesto suficiente, visión nacional y sensibilidad ante las realidades locales.

Advirtió que la extorsión no se resolverá únicamente con reformas legales. Es indispensable combatir la impunidad estructural que prevalece en el país. “No basta con tipificar el delito. Se necesitan instituciones sólidas, confiables y capaces de proteger a las víctimas y sancionar a los culpables”, subrayó.

Desde la tribuna, el representante por Chihuahua calificó la extorsión como un “cáncer social” que ha dejado de ser un delito aislado para convertirse en una herramienta de control territorial y financiero del crimen organizado. Mientras el ciudadano común paga cuotas ilegales para poder trabajar, expuso, autoridades locales son algunas tidas por grupos criminales que deciden, mediante intimidación, el uso de recursos públicos.

Alejandro Domínguez hizo un llamado a que la Ley General de Extorsión no se limita a la sanción, sino que contempla también la prevención, la atención a las víctimas y los mecanismos de reparación integral del daño.

Por su parte, la diputada Nadia Navarro destacó que la extorsión ha dejado de ser un fenómeno aislado y hoy afecta a gobiernos municipales, empresas, productores agrícolas y ganaderos. Como ejemplo, mencionó que en Puebla se han registrado casos de alcaldes que han recibido llamadas de extorsión desde penales ubicados en Jalisco y el Estado de México, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Llamó a garantizar un presupuesto suficiente que permita superar el rezago en la impartición de justicia. “Decimos no al populismo punitivo. No se trata de llenar cárceles con personas sin garantías ni debido proceso. Se trata de construir una política pública integral, coordinada y con resultados tangibles en la vida de las y los mexicanos”, concluyó.

En tanto, el representante de Guanajuato, Luis Gerardo Sánchez, ley sí logre el objetivo más claro: el poder hacer que la federación, el estado y los municipios sean corresponsables para trabajar transversalmente en favor de las y los mexicanos.

“Desde la bancada del PRI proponemos que la ley general contempla esta dimensión humana de la seguridad, la salud mental como derecho y como prioridad. Queremos también exponer a ustedes la relevancia de poder seguir cuidando los datos de todos los habitantes de nuestro país”, concluyó.

Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados