Ciudad de México, 13 de noviembre de 2025

Entre los planteamientos, está elevar las penas y la creación de fiscalías especializadas

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, informó que hasta el momento se lleva un avance del 90 por ciento en la revisión de la minuta que envió la Cámara de Diputados en materia de extorsión y se prevé elevar la media en las penas para quien cometa este delito.

Dijo que los presidentes de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Javier Corral Jurado y Enrique Inzunza Cázarez han estado en comunicación permanente con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y con otras áreas del Gobierno Federal para analizar el proyecto.

“Se están revisando cuestiones de técnica legislativa y ya traemos un avance, yo creo que al día de hoy está a un 90 por ciento”, precisó.

En conferencia de prensa precisó que entre las modificaciones planteadas está incrementar las penas a extorsionadores a una media de 10 o 15 años, a diferencia del documento enviado por la Cámara de Diputados, que proponía un lapso menor.

López Hernández recordó que la extorsión es uno de los delitos más sensibles en el país en la actualidad, por lo que no se pueden conceder beneficios a los delincuentes si lo que se busca es facilitar un combate más efectivo al ilícito.

“Yo creo que, si elevamos la penalidad, pues será seguramente menor el número de personas que puedan ser beneficiadas”, aseguró el senador, quien recordó que tal beneficio a los extorsionadores puede darse por la posible operación de la retroactividad de la ley.

También se revisa una propuesta a fin de equiparar la pena a funcionarios públicos que, por omisión, incurran en extorsión, detalló el senador; se plantea equiparar las penas a los servidores con las de los extorsionadores, algo que se había reducido con una reserva avalada en la colegisladora.

Además, se revisa la posibilidad de crear las fiscalías especializadas en combate a la extorsión, añadió López Hernández, y que paulatinamente las fiscalías antisecuestro dejen de atender los asuntos, pues son especialidades delictivas distintas.

Respecto al reciente cierre de 13 casinos por presuntas irregularidades, Adán Augusto López Hernández aseguró que durante su gestión al frente de la Secretaría de Gobernación no se otorgaron concesiones ni permisos para la operación de esos establecimientos.

Lo anterior, refirió, ya que una de las primeras decisiones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, fue que no se permitiría el otorgamiento de permisos o nuevas concesiones en el tema de casinos, por lo que todas las autorizaciones de esa naturaleza fueron otorgadas por la anterior administración.

El senador sostuvo que tampoco se dieron esas autorizaciones cuando Olga Sánchez Cordero y Luisa María Alcalde Luján encabezaron la dependencia, ni ahora que Rosa Icela Rodríguez está al frente de la Secretaría de Gobernación.

“Serán seguramente las autoridades especializadas en la investigación, en la persecución incluso de ilícitos, quienes tengan con seguridad la fecha, los montos en los que esa actividad empezó a tener conductas catalogadas como delictivas; eso sí no me toca a mí, ni es parte ni de mis atribuciones actuales, ni siquiera las tenía como secretario de Gobernación. Pero, reitero, no se otorgó ningún permiso”, enfatizó.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores