Ciudad de México, 9 de septiembre de 2025

La diputada de Morena llama a las autoridades estatales a cumplir con su mandato constitucional de garantizar el derecho a una vivienda digna y segura

La diputada Rufina Benítez Estrada (Morena) respaldó una denuncia de un grupo de vecinos de la ciudad de Querétaro afectados por la empresa inmobiliaria Gripo Reside, S.A. de C.V., a quienes acusaron de poner en riesgo su patrimonio con viviendas mal construidas, esto, en complicidad con autoridades municipales.

En conferencia de prensa, la legisladora destacó que se trata de “otro caso más de abuso inmobiliario”, por lo que llamó a las autoridades a que “cumplan con su mandato constitucional de garantizar el derecho a una vivienda digna y segura.

“A estas personas les ha costado toda una vida, no es justo que encima tantos años llevando estos juicios cuando no debería ser, y que aparte las autoridades correspondientes les den la espalda”, aseveró.

Por su parte, una de las vecinas afectadas, Lisandra Carrillo, relató que en 2019 adquirió una casa en el condominio “Misión San Agustín”, construida por filiales del grupo COPRI, propiedad del empresario Santiago Arenas.

Explicó que poco después de habitarla comenzaron a aparecer fisuras y humedad, situación que también afectó a otros vecinos.

“No se trataba de problemas estéticos, la realidad es mucho más grave. Peritajes de expertos como el del ingeniero Alberto Cuevas Rivas confirmaron que el condominio está construido sobre suelos expansivos y con una cimentación de baja rigidez, lo que genera movimientos y grietas estructurales”, señaló.

Acusó a la inmobiliaria de ofrecer únicamente reparaciones superficiales, lo que provocó que los afectados rechazarán estas soluciones y se enfrentaron “contra un muro de indiferencia y complicidad institucionales”.

Recordó que en 2021 interpusieron una denuncia por fraude genérico ante la Fiscalía General del Estado, pero en junio pasado se determinó el no ejercicio de la acción penal.

“El fiscal Aurelio Lozano García dijo que no hubo engaño porque cada uno de los vecinos acudimos libremente a comprar una casa y eso fue lo que nos dieron. Con esa lógica entonces, ¿una empresa puede vender una casa en ruinas sabiendo de las fallas y no pasa nada?”, cuestionó.

Asimismo, denunció la inexistencia de documentos clave en el municipio de Querétaro, como el dictamen de uso de suelo y los de inspección de obra. “Esto no es un error, esto es negligencia, esto es complicidad. ¿Cómo es posible que autoricen licencias de construcción sin los estudios de mecánica de suelos o los estudios estructurales que marca la ley?”, afirmó.

Entre otras irregularidades, acusó que la desarrolladora dejó a los vecinos una deuda de 100 mil pesos con la Comisión Estatal de Aguas y se apropió del salón de usos múltiples prometido para utilizarlo como oficinas de ventas.

“Hoy estamos aquí para exigir un cambio, para que el gobierno del municipio de Querétaro deje de ser cómplice silencioso. Exigimos que las autoridades se posicionen del lado de la ciudadanía queretana, que investiguen y sancionen a las empresas que nos han defraudado”, expresó.

Por su parte, la vecina Elsa Ortiz sostuvo que los contratos de compra-venta de vivienda deben incluir cláusulas claras que garanticen reembolsos en caso de fraude. “Realmente quien se queda con el problema es uno pagando una deuda, algo que no sirve, así que prácticamente tirando el dinero a la basura”, comentó.

También denunció la negativa de la empresa a reparar viviendas pese al riesgo estructural que enfrentan algunas familias. “Ya no le van a hacer ni la reparación de su casa, que de veras ya las puertas se atoran, que ya le dijeron no vivas ahí porque hay riesgo de que se te caiga una loza”.

Las afectadas aseguraron que continuarán la lucha legal y social para defender su patrimonio y exigir justicia ante lo que calificaron como un “cártel inmobiliario” en Querétaro.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados