Ciudad de México, 13 de noviembre de 2025

Hablar de migración, de violaciones de derechos humanos y de inseguridad en nuestro país, dijo, también es hablar de legislar con objetividad.

“Los paraísos que el mundo conoce por sus playas y turismo, también enfrentan un rostro oscuro que no podemos seguir ignorando.”

El GPPAN en San Lázaro presentó una iniciativa que busca modernizar la Ley de Migración y actualizar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que la movilidad humana se gestione con agilidad, con transparencia y, sobre todo, con un enfoque de derechos humanos.

“Es una propuesta que nace de lo lentos, opacos y burocráticos que son los trámites migratorios en México. Las personas migrantes esperan meses a veces años para resolver su situación. Durante ese tiempo, muchas son detenidas sin haber cometido delito alguno”, señaló el legislador panista Ernesto Sánchez Rodríguez.

Lamentó que la falta de atención y política pública en este sentido obligue a quien busca una mejor vida a caer en manos de la delincuencia organizada o, desgraciadamente, son víctimas de trata, explotación o desaparición.

“No podemos permitir que el desorden institucional se convierta en cómplice del dolor humano. Nuestra iniciativa propone establecer plazos máximos de 30 días hábiles para que las autoridades resuelvan cualquier trámite migratorio”.

En la legislación, se propone que la detención migratoria sea verdaderamente una medida de último recurso nunca una rutina administrativa, y que, además, ningún niño, niña o adolescente sea privado de su libertad por motivos migratorios.

De acuerdo con el diputado, ellos deben ser canalizados a sistemas de protección, no a estaciones migratorias. “Porque un país que encierra niños por el simple hecho de migrar no puede llamarse un país justo”.

Esta iniciativa no es sólo un cambio legal: es un cambio de paradigma. Es el mensaje de que México está del lado de los derechos humanos, del lado de las víctimas, y no de los verdugos.

“Honremos los compromisos internacionales que hemos firmado y el mandato de nuestra Constitución: poner la dignidad humana en el centro de toda política pública”.

El panista aclaró que no es una iniciativa de partido, es una iniciativa de humanidad. “No se trata de ideologías o colores, sino de empatía. De ver en cada persona migrante una historia que podría ser la nuestra. México debe mirar la migración como una oportunidad para reafirmar nuestros valores de solidaridad, justicia y respeto a la vida”.

Hoy, con esta iniciativa, añadió, damos un paso hacia una política migratoria con rostro humano. Una política que vea a la persona, no al expediente. Que escuche, no que criminalice. Que proteja, no que castigue.

La trata de personas es un delito grave, por ejemplo, en Quintana Roo, tan solo en 2024 se registraron 175 casos, lo que representa una tasa de 17 víctimas por cada 100 mil mujeres, que es la más alta de México.

Y en los primeros meses de este 2025, ya más del 30 por ciento de los casos de trata del país ocurrieron en ese estado.

“Detrás de cada número hay una historia de violencia, de engaño, de mujeres y niñas atrapadas en redes criminales que operan con total impunidad”.

Quintana Roo más allá de sus playas y destinos turísticos, es un paraíso de trata de personas de quienes no pueden transitar a otro país o están de paso y que son cooptados por el crimen organizado.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados