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México no está exigiendo una revocación de mandato, lo que demanda son medicinas y seguridad: diputada Kenia López Rabadán
Luego de advertir que el posible rechazo a la revocación de mandato refleja la realidad que vive el país, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que en México nadie está exigiendo revocar el mandato de la titular del Ejecutivo, lo que demanda son mejores condiciones de vida.
Senado de la República respalda dictamen para crear la figura de Oficial de Cumplimiento en las empresas
Ciudad de México, 25 de marzo de 2026
Con 107 votos a favor, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen con proyecto de decreto, para incorporar en la Ley General de Responsabilidades Administrativas la figura del Oficial de Cumplimiento como parte de la Política de Integridad Empresarial, con el objetivo de fortalecer los mecanismos internos de prevención de la corrupción.
A través de la adición de un último párrafo al artículo 25 de este ordenamiento se incorpora la figura del Oficial de Cumplimiento, cuya función recaerá en la persona o, en su caso, el área que se determine, conforme a su tamaño y estructura, y con apego a los estándares nacionales e internacionales aplicables en materia de integridad y cumplimiento.
A favor del dictamen, el senador Francisco Daniel Barreda Pavón, de MC, afirmó ante el Pleno del Senado que la lucha contra la corrupción no puede ser una tarea exclusiva del sector público, sino debe también ser asumida con responsabilidad por el sector privado.
El legislador consideró que en los últimos años se ha avanzado en la construcción de un marco normativo sólido para prevenir las faltas administrativas graves; sin embargo, la realidad exige fortalecer los instrumentos que permitan consolidar una verdadera cultura de integridad, no sólo en instituciones gubernamentales sino también en las empresas que participan activamente en la vida económica del país.
Por eso, dijo, la propuesta reconoce que la integridad empresarial es una práctica cotidiana que debe consolidarse en estructuras, procedimientos y responsabilidades claras al interior de las organizaciones.
Explicó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas ya contempla que contar con una política de integridad efectiva puede ser un elemento relevante al momento de determinar responsabilidades, incentivando la prevención y la autorregulación corporativa.
Acusó que muchos de esos instrumentos se quedan en el papel, además de que existen manuales, códigos o mecanismos de conducta que no logran traducirse en cambios reales dentro de la cultura organizacional.
Esta figura, señaló, es reconocida dentro de las mejores prácticas internacionales y ha demostrado ser fundamental para garantizar que los principios de legalidad y transparencia se traduzcan en acciones concretas. El dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados.