Ciudad de México, 7 de abril de 2026

El Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular, con 84 votos a favor y 28 en contra, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y se reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Mesa Directiva turnó al Ejecutivo Federal el dictamen, con el que se crea un ordenamiento de 141 artículos que busca regular los mecanismos de inversión que sirvan para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica, a través de la participación de los sectores público, privado y social.

Las y los senadores dieron su respaldo a la minuta que envió la Cámara de Diputados al Senado, que plantea que los mecanismos de inversión y la contratación de proyectos estratégicos se regirán por los principios de rectoría del Estado en beneficio de la Nación, y velarán en todo momento por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero mexicano.

Además, crea la figura de los “Vehículos de Propósito Específico”, que busca generar una coordinación efectiva del sector público con los sectores privado y social, los cuales podrán constituirse a través de fideicomisos públicos o privados, mandatos, o sociedades anónimas de diversos tipos.

También instrumenta el Consejo de Planeación Estratégica en Infraestructura, que será presidido por el Ejecutivo Federal, órgano consultivo responsable de establecer criterios técnicos, emitir lineamientos de coordinación y formular recomendaciones no vinculantes sobre políticas, lineamientos y visión de desarrollo en la inversión estratégica en México.

Las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria estipulan, por su parte, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar a las dependencias y entidades, que convoquen o inicien los procedimientos de contratación, sin contar con la suficiencia presupuestaria.

También precisa que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se deberán prever los compromisos de gasto de los contratos de inversión estratégica, para los cuales, el registro presupuestario deberá realizarse conforme a los pagos asociados a los mismos, en términos de los plazos o periodos establecidos en los contratos de infraestructura estratégica.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Homero Davis Castro, subrayó que este proyecto legislativo es de gran relevancia para el presente y el futuro del país, pues dota al Estado mexicano de un marco jurídico moderno, integral y eficaz, que permita ordenar, fortalecer y dar certidumbre a la inversión de infraestructura estratégica.

“México vive un momento decisivo para consolidar su infraestructura logística, energética, hídrica, social y de conectividad; para aprovechar esta oportunidad, es indispensable contar con un marco jurídico moderno que permita atraer inversión, generar empleo y asegurar que cada proyecto se traduzca en bienestar para las familias mexicanas”, enfatizó.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, agregó que el proyecto “no es relevante por lo que propone, sino sobre todo por lo que busca corregir”; ya que ordena, da certeza y encauza mecanismos de inversión dentro del marco constitucional, presupuestario y hacendario vigente.

La reforma “parte de un diagnóstico que reconoce la necesidad de fortalecer la inversión pública y corregir las experiencias pasadas en las que hubo renegociaciones sin criterios predefinidos, proyectos abandonados, pasivos contingentes sin fuente de pago, conflictos comunitarios, problemas de derecho de vía y compromisos fiscales ocultos; es decir, se parte de la realidad para proponer una respuesta institucional más sólida”, sostuvo.

En su posicionamiento, Nora Ruvalcaba Gámez, de Morena, explicó que la reforma busca reducir desigualdades regionales, fortalecer el mercado interno y promover un crecimiento económico más equilibrado. Con esta aprobación, dijo, se estima una inversión cercana a 5.6 billones de pesos durante la presente administración, destinada a impulsar ochos sectores estratégicos para el desarrollo nacional.

Raymundo Bolaños Azocar, del PAN, advirtió que la propuesta permitirá iniciar proyectos de contratación sin contar con la suficiencia presupuestaria, con lo que se rompe el principio de responsabilidad hacendaria. Estamos, dijo, frente a un mecanismo de endeudamiento que compromete las finanzas de las próximas generaciones.

Por su parte, Rolando Rodrigo Zapata Bello, del PRI, explicó que su bancada votaría en contra porque la iniciativa parte de un diagnóstico incorrecto, además de que se observa un patrón de desinversión pública sistematizado por los recortes para proyectos de inversión; también porque permite ocultar obligaciones financieras, debilita la disciplina fiscal, se crea un consejo sin contrapesos efectivos, y se pone en riesgo el dinero de los trabajadores.

Del PT, Lizeth Sánchez García destacó que el dictamen fortalece la capacidad del Estado para conducir inversión a objetivos públicos prioritarios como el agua, energía, conectividad carretera e infraestructura social; además de que se establecen reglas claras de autorización, evaluación, seguimiento y supervisión de los recursos públicos, con lo que se garantiza que este tipo de inversión avance con orden, certidumbre jurídica y responsabilidad fiscal.

Por MC, Néstor Camarillo Medina destacó que la iniciativa propone la planeación estratégica a través de un consejo, una mejor estructuración financiera de los proyectos y un esfuerzo por fortalecer la certeza jurídica; sin embargo, dijo, “debemos elevar el estándar de cómo se diseñan, evalúan y ejecutan los proyectos de infraestructura, porque no sólo se trata de construir obras sino de que sean proyectos viables sostenibles y transparentes”.

Además, el Pleno del Senado rechazó una moción suspensiva presentada por la senadora, Claudia Edith Anaya Mota, del PRI.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores