Ciudad de México, 12 de febrero de 2026

Inician mesas de análisis sobre “Seguridad judicial: retos y desafíos para la impartición de justicia”

Senadoras, senadores, especialistas en derecho, académicos, investigadores, así como representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, analizaron los retos y desafíos que implica legislar sobre la figura de los jueces con identidad reservada, comúnmente conocidos como “jueces sin rostro”.

En el Senado de la República se realizó la primera mesa de análisis sobre las “Reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Seguridad judicial: retos y desafíos para la impartición de justicia”.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, dijo que la figura conocida como “jueces sin rostro” debe estudiarse y analizarse con mucho cuidado, “porque se ha reputado como necesaria en algunos casos, pero también puede ser delicada y riesgosa si no se regula con cuidado, si no se establecen los controles necesarios y efectivos”.

Recordó que la figura de “los jueces sin rostro” se incorporó en la reforma judicial, por lo que ya se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y debe ser reglamentada, “tarea que no es menor, ni fácil, porque si bien es cierto que hay voces que han señalado la necesidad de esta figura, también hay quienes han señalado lo delicado y los riesgos que representa, si no se reglamenta adecuadamente”.

Javier Corral dijo que es fundamental analizar las condiciones de excepcionalidad y su temporalidad para la aplicación de esta figura “y todas las reglas, normas y criterios que se deben incorporar para que así suceda”.

Es decir, qué tipo de medidas de verificación periódica debe haber para esa temporalidad de criterios; quién iniciaría la solicitud de resguardo de identidad reservada; y cómo debería activarse un mecanismo así.

El senador indicó que también se debe establecer que sólo se agregaría en la Ley Federal de Delincuencia Organizada, para dejar muy claro que no va a la legislación ordinaria, ni a otro tipo de delitos, y que debe contar con controles estrictos, una motivación reforzada y una evaluación y revisión periódica para su temporalidad.

Aseveró que México no puede legislar una figura como ésta, sin atender antes a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las sentencias que en este sentido ha generado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues “sería una contradicción enorme quejarnos que el presidente Trump devasta el orden internacional y también nosotros eludiéndolo, eso no lo puede hacer el Senado de la República”.

Por ello, apuntó, estos diálogos buscan generar una retroalimentación sobre el contenido de la iniciativa que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de revisarla y proponer las cuestiones que puedan fortalecerla, mejorarla y ajustarla.

Se busca que distintos especialistas aporten con su trayectoria, conocimientos y experiencia una visión más completa que permita entender a mayor profundidad todo lo que implica y conlleva esta iniciativa, para analizar los retos y desafíos que se presentan para la impartición de justicia por parte de la autoridad, particularmente sobre el tema de los jueces con identidad reservada, puntualizó.

Del PAN, la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez dijo que esta figura es violatoria de derechos, porque toda persona debe conocer la identidad del juez; también, agregó, es contradictoria de las propuestas de la reforma judicial, toda vez que todos los jueces fueron a las calles a pedir el voto, entonces hablar de una identidad reservada es relativo. Además, no debe usarse en casos de “personas políticamente incómodas”, donde se les imputen delitos de delincuencia organizada, porque estarían sujetos a un proceso que vulnera sus derechos.

Por el PVEM, el senador Luis Alfonso Silva Romo expresó que hay dos visiones sobre esta figura: quienes consideran que es lesiva y quienes piensan que es necesaria; pero se debe analizar si se pueden construir y proteger los principios del debido proceso de manera más adecuada, de tal suerte que sea lo más garantista posible, para que no se violen los derechos humanos.

De Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno destacó la importancia de proteger a las personas juzgadoras; sin embargo, señaló que se trata de una propuesta con sesgos políticos y electorales, además de que es inconvencional, porque hay lineamientos y acuerdos que se deben seguir en el ámbito internacional.

María Luisa Aguilar Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que el Estado tiene la obligación de proteger a quienes imparten justicia frente a las amenazas reales que enfrentan del crimen organizado; sin embargo, el anonimato judicial no es compatible con los principios básicos de un juicio justo, porque si a cualquier persona procesada se le impide conocer la identidad de la persona juzgadora, por lo tanto se podrá cuestionar su competencia, independencia e imparcialidad.

En tanto, Cristina Reyes Ortiz, especialista en el Sistema Acusatorio en México por la Escuela Libre de Derecho, consideró que la reserva de identidad es riesgosa y se debe legislar con mucha cautela, porque si no se tiene cuidado con su regulación, “lo único que estamos haciendo es abrir la puerta para que estas figuras autoritarias se apliquen en muchos más casos de los intencionados y se generen más violaciones a los derechos humanos”.

Rubén Pacheco Inclán, presidente de la Barra Interamericana de Abogados de México, consideró que la integración de la figura de reserva de identidad es viable en México, debido a los altos niveles de riesgos e impunidad a los que pueden estar expuestas las personas juzgadoras, o quienes intervienen en algún proceso penal, por lo que es preciso revisar, en su caso, la presencia de un comité ético que pueda autorizar la identidad reservada de jueces y fiscales por condiciones específicas.

Por su parte, Susana Gabriela Camacho Maciel, directora del Centro de Especialización del Poder Judicial del Estado de Tabasco, propuso que la Fiscalía General de la República informe sobre la aplicación y los avances que ya dispone la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; además planteó la importancia de proteger la identidad de las personas juzgadoras, sino de todas aquellas quienes intervienen en los procesos.

A su vez, Mercedes Carbonell Peláez, del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, explicó que la figura de “jueces sin rostro” puede causar dudas y no debería existir, porque es inconvencional, pero para minimizar las dudas y riesgos sería necesaria la exigencia de acreditación de una alta estandarización para aceptar esa medida excepcional, justificar que el riesgo sea real, actual, grave y necesaria para salvaguardar la vida o la integridad de las personas juzgadoras.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores