Ciudad de México, 1 de octubre de 2025

Recibió el respaldo de senadores de Morena, PVEM y PT; PAN, PRI y MC votaron en contra

La Cámara de Senadores aprobó en lo general el proyecto de decreto que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El dictamen, que tiene como objetivo actualizar los diversos ordenamientos en materia de justicia constitucional, fiscal y administrativa, surgió de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Fue avalado por 76 votos a favor por parte de Morena, PVEM y PT; y con 39 votos en contra del PAN, PRI y MC.

Los cambios tienen el propósito de fortalecer, modernizar y armonizar el marco normativo del juicio de amparo y los mecanismos complementarios de defensa en materia fiscal y administrativa, con el fin de garantizar un acceso efectivo, ágil, transparente y humanista a la justicia, en congruencia con los principios constitucionales, y los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

El proyecto responde a una doble necesidad: por un lado, perfeccionar la institución del amparo como mecanismo central de protección de los derechos fundamentales frente a actos de autoridad, y por otro, evitar el uso abusivo o dilatorio de los recursos administrativos y judiciales en materia fiscal que obstaculizan la recaudación de créditos firmes y afectan el interés social y el orden público.

Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, dijo que el dictamen no es producto de un trámite cerrado, sino de un proceso plural y transparente, pues se realizaron audiencias públicas con especialistas, expertos, litigantes y organizaciones sociales, por lo que refleja una deliberación franca, abierta y pública.

Afirmó que la reforma persigue tres objetivos fundamentales, modernizar el juicio de amparo incorporando el uso de herramientas digitales; hacer más eficiente y ágil el procedimiento cerrando espacios a la dilación y el abuso de la figura, así como, el de preservar el carácter garantista reafirmando que es un recurso efectivo de defensa frente a los actos de autoridad.

Abundó que la reforma busca fortalecer el juicio de amparo como escudo ciudadano, pero al mismo tiempo cerrar los resquicios que han permitido abusos procesales que afectan al interés colectivo y el desarrollo del país, por lo que uno de sus aspectos principales es el interés legítimo individual o colectivo.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, señaló que el dictamen busca modernizar, armonizar y fortalecer, el mecanismo de defensa de las y los mexicanos, el juicio de amparo, piedra angular del estado constitucional de derecho, por lo que el objetivo es garantizar el acceso a una justicia más ágil, efectiva y humanista.

Añadió que en el dictamen se establecen reglas más precisas para la suspensión del acto reclamado, a fin de evitar que la suspensión sea utilizada para mantener prácticas ilícitas o privilegios indebidos, por lo que acompañar el dictamen no es solo una decisión técnica o jurídica, es una decisión política que pone en el centro a las personas y que dota de mayor fortaleza a las instituciones.

Minutos antes de comenzar la discusión del dictamen, el Pleno rechazó una moción suspensiva presentada por el Grupo Parlamentario de MC, que señalaba que la reforma es regresiva, desnaturaliza el amparo y forma parte de un proceso de aniquilación de los mecanismos de defensa de personas, los colectivos y los derechos humanos, además de que se debilita la figura ante abusos de autoridad.

Al hacer el posicionamiento por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales Magdaleno, advirtió que esta reforma aleja a los ciudadanos de los mecanismos de defensa y protección de sus derechos que tenían con la Ley de Amparo y, por el contrario, la modificación fortalece el abuso, los excesos y la arbitrariedad de las autoridades.

Carolina Viggiano Austria, del PRI, acusó que los últimos ajustes al dictamen no modificaron nada sustantivo, con lo que se pretende debilitar al Poder Judicial, anular los contrapesos constitucionales y dar “manos libres” al Ejecutivo para “consolidar un régimen autoritario que desprecia las libertades y que no tolera límites”.

Del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre sostuvo que la reforma moderniza al juicio de amparo, lo vuelve más ágil, accesible y eficaz, sin renunciar a la protección frente a los abusos de autoridad, además de que impide que los medios de defensa se utilicen como pretexto para frenar la recaudación fiscal.

Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, rechazó que esta modificación se trate una “reforma regresiva” pues busca que la figura de amparo “no se ponga al servicio de los poderosos” o de quienes tienen “intereses fiscales”, además de que defiende sólo intereses legítimos conforme a los tribunales de justicia para así contar con un Estado más sólido.

Por el PAN, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, afirmó que la reforma contraviene la Constitución en materia de progresividad de los derechos humanos, pues debilita la suspensión del acto reclamado, cuando el amparo nació para poner un alto al abuso del poder, por ello no fortalece al amparo, sino favorece la concentración de poder en las autoridades y reduce los contrapesos ciudadanos.

Por Morena, Ana Lilia Rivera Rivera, indicó que la reforma fortalece el juicio de amparo pues actualmente ha sido usado como escudo de impunidad frente a graves afectaciones al interés nacional, dilatando la justicia o blindando intereses económicos de unos cuantos, en perjuicio de la mayoría, razón por lo cual estas modificaciones devuelven al amparo su sentido más profundo, el bien común.

Durante la discusión se presentaron once votos particulares de senadores de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI y MC.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores