Ciudad de México, 6 de octubre de 2025

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública llevó a cabo la mesa de diálogo, bajo el esquema de parlamento abierto, para tratar el tema del Presupuesto con Perspectiva de Género y conocer las opiniones propuestas e inquietudes de organizaciones de la sociedad civil, institutos y expertas en materia de los recursos del Anexo 13 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026.

La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (MC), coordinadora del grupo de trabajo con Perspectiva de Género, señaló que las ponentes compartirán con puntos de vista, análisis y aportaciones con relación al Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, del PPEF 2026

Indicó que este ejercicio abre un canal de comunicación directa con la ciudadanía y personas expertas en el impulso, diseño y ejecución de un presupuesto sensible y orientado a la igualdad de género. Dijo que las aportaciones, propuestas y opiniones de esta mesa brindarán mayores elementos de análisis y se considerarán para el proceso de análisis, deliberación y dictaminación del PPEF 2026.

Enseguida, la diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer (Morena) sostuvo que el presupuesto con perspectiva de género es una prioridad en el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación, porque la igualdad sustantiva es una realidad no solo en el discurso sino en el marco normativo.

El diputado Jaime Genaro López Vela (Morena), presidente de la Comisión de Diversidad, pidió que se destine una partida que reconozca y atienda las diversas problemáticas que enfrentan las poblaciones de la diversidad y que el Presupuesto que se revisa a la luz de la perspectiva de género se amplíe hacia la perspectiva de diversidad sexual. “13 millones de mexicanos no hemos sido parte del presupuesto “, y es necesario que se les contemple en el PEF.

La diputada Anayeli Muñoz Moreno (MC) explicó que los desafíos del Anexo 13 es que haya una inclusión de programas sociales que contribuyan a reducir las desigualdades estructurales, revisar la metodología, cuáles son los programas, desarrollar indicadores específicos y mecanismos de evaluación, fortalecer la transversalización del enfoque de género, ampliar los sectores y capacitar a los funcionarios públicos.

La diputada Patricia Mercado Castro (MC) propuso reunir firmas para enviar la propuesta de que se necesitan 509 millones y se tienen que tomar acciones en este momento para saber si se puede porque los refugios han detenido muchos feminicidios. Sobre el tema de los anexos, señaló que estos han partido de la experiencia y lo que se tiene que hacer es revisarlos, porque no todas las inversiones de programas generan igualdad sustantiva.

Ponentes

Del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Paola Vázquez Molina, coordinadora de Sociedad, afirmó que el Presupuesto con Perspectiva de Género planteado no da oportunidades económicas ni atiende las necesidades de las mujeres para integrarse al mercado laboral de forma igualitaria. Añadió que 44 por ciento de presupuesto es para pensiones a adultos mayores, lo que limita la inversión en infraestructura de cuidados y condiciones laborales igualitarias.

La directora general de la Red Nacional de Recursos, A.C., Wendy Figueroa Morales, indicó que el PEF 2026 presenta avances discursivos, pero no hay claridad de recursos sino un retroceso en la identificación de los mismos. Señaló que la fusión de programas es un retroceso en derechos humanos y debilita la política en la materia, que debe ser de Estado.

La investigadora de México Evalúa, Nora Goretti García Velázquez, expresó que estamos frente a un momento histórico para plantear un anexo 31 que pueda servir como referente internacional, acompañado de una claridad técnica y que contribuya a la igualdad y bienestar de las mujeres, por lo que recomendó definir técnicamente los cuidados, explicar cómo se planea hacer, establecer criterios claros para incluirlos en los programas del anexo 31 e invertir más en servicios directos de la primera infancia.

La coordinadora de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN), Marisol Martínez Medina, sostuvo que derivado al incremento de mujeres en su participación en la vida pública existe la necesidad de crear defensorías públicas en materia de violencia política en razón de género, porque se ha visto el aumento de expresiones de violencia en razón de género en contra de aspirantes, precandidatas, candidatas y a quienes están en el cargo.

María José Torres Hernández, consejera presidenta del Instituto Electoral de Nayarit, afirmó que todavía hay estereotipos y roles de género persistentes, faltan redes de apoyo, cuesta mucho conciliar la vida laboral con la familiar y hay violencia y acoso laboral. Asimismo, comentó que hay mujeres que acceden a cargos públicos y sin embargo muchas de ellas que participan por primera ocasión ya no quieren volver por todo lo que enfrentan.

Marina Cortés, de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) Capítulo Nayarit, manifestó que es necesario garantizar que los recursos etiquetados como Anexo 13 no solo beneficien a las mujeres, sino que transformen las condiciones estructurales de desigualdad, avanzando hacia la igualdad sustantiva. Añadió que algunos ejes de acción serían la prevención y erradicación de la violencia, el empoderamiento económico y educación, salud y bienestar, participación y gobernanza, monitoreo y transparencia.

Yolanda Anahí Gutiérrez Guzmán, excandidata al Senado de la República por Nayarit, puntualizó que una de las problemáticas es la fusión de la partida presupuestal de los Centros de Justicia para la Mujer y los Refugio para Mujeres, porque no está justificado. Propuso que se restituya la partida presupuestal o que se mantengan fusionados, pero con la claridad de cuál es la partida para los refugios. Pidió que no se castigue el presupuesto para esta causa.

Noemí Prisciliano Fernández, abogada del Centro Comunitario Casa de Saberes Gúwa Kúma de Ayutla, Guerrero, solicitó al Congreso de la Unión asignar un presupuesto suficiente y permanente al Centro que permita cubrir sus gastos operativos, actividades, mantenimiento y salario. Asimismo, hizo un llamado a fortalecer, mediante políticas públicas sostenible, los espacios que atienden las violencias de género en todo el país, garantizando así un servicio integral, digno y con enfoque intercultural para todas las mujeres.

En su intervención, Andrea Larios Campos, investigadora de Fundar México y Red por una Política Fiscal Feminista, indicó que lo que hacen dentro de la Red es buscar que la política fiscal del Estado mexicano sea implementada desde una perspectiva de género y ética feminista. Añadió que estos diálogos entre organizaciones, movimientos, legisladoras y tomadoras de decisiones son clave para avanzar hacia una mejor sociedad.

Beatriz Andrea Navarro Pérez, diputada de Morena, manifestó que la metodología ayuda a esclarecer procesos que clarifiquen cómo se toman las decisiones y se tiene que hacer un análisis de leyes que se crearon hace años que ya no corresponden a las necesidades actuales, Agregó que ya se tienen avances como en el Ramo 1, en el que se incorpora por primera vez una asignación formal de recursos con perspectiva de género en el marco del Anexo 13.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados