Ciudad de México, 14 de octubre de 2025

Se busca que el amparo sea un procedimiento pronto, expedito y eficaz, como lo mandata la Constitución, subraya

El presidente de la Comisión de Justicia, diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), fundamentó el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En sesión vespertina, Moreno Rivera subrayó que la reforma es el resultado de un proceso plural, abierto y deliberativo, impulsado en un primer momento por las juntas directivas de las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público, que aprobaron desde un inicio hacer cambios significativos a la minuta al modificar el régimen transitorio para dar certeza jurídica, retomando la iniciativa original de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, abrieron al escrutinio público el proyecto de dictamen, al realizar tres jornadas de audiencias públicas en las que participaron académicos, juristas, litigantes, organizaciones sociales y representantes del Poder Judicial, agregó.

Precisó que se escucharon voces críticas, visiones diversas y preocupaciones legítimas, así como coincidencias a favor y en beneficio de fortalecer y mejorar los argumentos en pro de la Ley de Amparo en beneficio del país.

El legislador afirmó que el juicio de amparo es sin duda una de las mayores contribuciones de México al constitucionalismo universal. Fue concebido como el escudo de las y los ciudadanos frente al abuso de autoridad, pero con el paso del tiempo “algunos sectores lo distorsionaron para convertirlo en una herramienta de evasión o de privilegio”.

Abundó que durante años se vio cómo se usaba el amparo para dilatar la justicia, frenar políticas públicas, evadir responsabilidades fiscales o proteger intereses contrarios al bien común.

Hizo notar que la reforma busca devolver al amparo su sentido original, proteger los derechos, no blindar los abusos. Dijo que las propuestas persiguen tres objetivos centrales: modernizar el juicio de amparo mediante el uso de herramientas digitales; hacer más eficiente y expedito, evitando dilaciones y abusos procesales, y reafirmar su carácter garantista, manteniéndolo como el medio defensivo por excelencia frente a los actos de autoridad.

Añadió que algunos de sus puntos más relevantes son:  corrección al interés legítimo, y se precisa esta figura para evitar litigios abstractos y demandas carentes de sustento; establece que el interés legítimo debe derivar de una afectación real, individual o colectiva, actual y diferenciada, cuya reparación genera un beneficio cierto y, con ello, no se cierra la puerta a los derechos colectivos, sino que se les da un marco jurídico más sólido y coherente con la jurisprudencia de la Suprema Corte.

Refirió que la suspensión del acto reclamado se mantiene como herramienta esencial de protección, pero se evita su uso abusivo, por lo que no podrá emplearse para encubrir actividades ilícitas, lavado de dinero o evasión fiscal ni para detener actos de interés público que beneficien a la sociedad, y al mismo tiempo se garantiza la protección del mínimo vital, el salario, vivienda, alimentos, seguridad social; es decir, se protege a las y los ciudadanos, pero se evita que la justicia sea cómplice del abuso.

Expresó que por primera vez se reconoce el juicio de amparo en línea, permitiendo la presentación de promociones, notificaciones y expedientes electrónicos, lo cual acerca a la justicia a cada rincón del país, reduce costos y tiempos procesales, y la vía digital será opcional para no exigir a quienes carecen de medios tecnológicos, y con relación a los plazos, ahora se tendrá mayor eficacia procesal, ya que la reforma fija tiempos ciertos y sanciona a las prácticas dilatorias.

Argumentó que la justicia que tarda, “lo sabemos, es la justicia negada. Esta reforma busca que el amparo sea en los hechos un procedimiento pronto, expedito y eficaz, como lo mandata nuestra Constitución, y armoniza la materia fiscal y administrativa al impedir el uso del amparo y de recursos administrativos como mecanismos de evasión o de demora, el pago de créditos fiscales firmes; protege la hacienda pública, pero se mantiene el derecho de los contribuyentes a una defensa efectiva”.

Aseguró que la reforma fortalece el acceso a la justicia, le da certeza y orden y la pone al servicio de la ciudadanía y no de los intereses particulares. Recordó que el juicio de amparo nació en el siglo XIX como una defensa frente al poder autoritario.

Hoy el país se transforma con un nuevo Poder Judicial y el juicio de amparo, a cien años de su creación, por lo que “debemos actualizarlo para que continúe siendo un instrumento humanista moderno y con justicia social, armonizándolo con el nuevo sistema judicial”, precisó.

Moreno Rivera puntualizó que la reforma responde a las nuevas realidades del país, a un Estado que debe ser fuerte para garantizar derechos, a una sociedad que exige transparencia, eficacia y acceso digital a la justicia, a un sistema judicial que debe actuar con prontitud y sin obstáculos artificiales.

“Como lo dijo Mariano Otero, el creador del amparo mexicano, el poder público debe ser limitado por el derecho para que la libertad sea una realidad. Esa es la esencia que esta reforma reivindica”, sostuvo el legislador.

Hizo un llamado a aprobar la reforma con convicción democrática para que fortaleza el Estado de derecho, modernice la justicia, dé certeza a los procesos y defienda el interés colectivo sin sacrificar las libertades individuales.

“Se trata de una reforma para el reencuentro del amparo con su vocación social y su espíritu republicano. Que el amparo siga siendo lo que siempre debió ser: la voz del pueblo frente a la arbitrariedad. Los invitamos a votar a favor con la convicción de que esta reforma fortalecerá la justicia mexicana y consolida la transformación del Estado al servicio de la gente”, finalizó.

Desechan mociones suspensivas

Previamente, en votación económica y por separado, el Pleno desechó mociones presentadas por la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC) y los diputados Germán Martínez Cázares (PAN), Gustavo Adolfo De Hoyos Walther (MC) y César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI), quienes proponían suspender la discusión y votación de la minuta por considerar que es incompatible con disposiciones constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos, y devolver el dictamen a las comisiones dictaminadoras, a fin de realizar un análisis exhaustivo.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados