Ciudad de México, 14 de octubre de 2025

No se trata de limitar su uso, sino de garantizar el interés general sobre el particular, informó

No se vulneran los derechos humanos; por el contrario, se fijan criterios objetivos: dip. Ricardo Mejía

Al continuar la discusión del dictamen que reforma la Ley de Amparo, la integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Mary Carmen Bernal Martínez, sostuvo que éste no desaparece, continuará, pero estará delimitado, a fin de dar reglas claras para que ya no haya un abuso desmedido de esta figura jurídica.

Al hablar a favor de las modificaciones, durante la reunión de las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público, la parlamentaria federal resaltó que no se trata de limitar el derecho de amparo, sino de garantizar que el interés general prevalezca sobre los intereses particulares, sin vulnerar los derechos adquiridos.

“No se trata de debilitar sino de fortalecerlos, se busca devolverle al juicio de amparo su naturaleza original, la de ser una herramienta de justicia, no un escudo de privilegios. La ciudadanía podrá recurrir a este recurso legal, simplemente que ahora se precisan algunas características para evitar abusos”, aseveró la legisladora por Michoacán.

En su oportunidad, el diputado del PT, Ricardo Mejía Berdeja señaló que con esta reforma se actualiza esta figura jurídica, “con el propósito de garantizar derechos y que no sea utilizada como una herramienta que hace nugatorio los derechos y que sirve de escudo protector de tramposos que quieren dejar a lado derechos fundamentales o el interés público”.

Afirmó que contrario a los dichos de la oposición, con este dictamen no se vulneran los derechos humanos; por el contrario, se fijan criterios objetivos, interés social real, garantías válidas, lesión diferenciada que aumentan la previsibilidad y evitan abusos. “No se bloquean causas colectivas, porque el interés legítimo reconoce dimensión colectiva y afectaciones inminentes”.

El petista argumentó que, en cuanto al interés legítimo, éste se mantiene, pero se busca dotar de certeza jurídica, coherencia constitucional y equilibrio procesal. “No se elimina la suspensión, sino que se evita que sea utilizada para paralizar indebidamente funciones esenciales del Estado, para obras públicas o para obtener ventajas procesales injustificadas”.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados