Ciudad de México, 14 de octubre de 2025

La diputada de MC, presidenta de la Comisión de Movilidad, indica que es una iniciativa de reforma a la Ley de General de Movilidad y Seguridad Vial

La diputada del PT señala que este seguro permitirá que las víctimas tengan acceso a la justicia y reparación del daño

Las diputadas Patricia Mercado Castro (MC) y Nora Yessica Merino Escamilla (PT) informaron que impulsan una iniciativa para establecer como obligatorio que todo vehículo motorizado que circule en territorio nacional tenga seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

En rueda de prensa, acompañadas de integrantes de las organizaciones víctimas de siniestros viales y la Coalición Movilidad Segura, Mercado Castro indicó que la propuesta de reforma a la Ley de General de Movilidad y Seguridad Vial fue turnada a la Comisión de Movilidad, que preside, y resaltó que en la iniciativa se retoman propuestas de las asociaciones civiles.

Dijo que la iniciativa plantea garantías concretas con dicho seguro, pólizas mínimas que no puedan cancelarse, coberturas claras y sin exclusiones que dejen desprotegidas a las víctimas. “No lo vemos como un seguro para autos, es un seguro para las personas”.

Comentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo que le da gran fuerza a esta iniciativa, pues declaró la constitucionalidad de la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil en Puebla.

“La mayoría de los siniestros de gravedad podrían constituir delitos dolosos sin intención, y a pesar de esto, el problema se hace mayor, cuando la persona responsable huye al estar desprotegida, al no contar con un mecanismo completo para defenderse y cubrir los daños ocasionados; es decir, esta reforma disminuye los incentivos de las personas para evitar su responsabilidad”, expresó.

Mercado Castro mencionó que solamente 19 entidades federativas obligan a tener seguro para circular, pero en estos estados apenas uno de cada tres vehículos cuenta con póliza, por lo que “es obvio que el mosaico local no alcanza; necesitamos un piso parejo a lo largo y ancho del país”.

Por otro lado, recordó que la Federación también estableció el seguro obligatorio desde 2014 en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, pero nunca lo incorporó al reglamento de tránsito de vías generales.

“Las familias pueden enfrentar gastos y deudas de hasta 3 millones de pesos en un siniestro vial fatal o con secuelas permanentes para quienes sobreviven con alguna discapacidad; son las familias de menores ingresos quienes más necesitan contar con esta protección. 

“Nuestro mensaje es claro: el que pega paga, y así la víctima accede a un mecanismo de la justicia, como es la reparación del daño”, expresó.

La diputada Nora Yessica Merino Escamilla (PT) comentó que el propósito de la iniciativa es salvaguardar la integridad de las personas, ya que la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil permitirá que las víctimas tengan acceso a la justicia y la reparación del daño, y para que los presuntos responsables del accidente cumplan con su responsabilidad.

Agradeció a las víctimas y a las personas integrantes de los colectivos por impulsar sus propuestas, porque “su dolor se ha vuelto causa”.

Se congratuló por el fallo de la SCJN para declarar la constitucionalidad de la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil.

En su oportunidad, el coordinador nacional de la Coalición Movilidad Segura, Armando Pliego Ishikawa, señaló que en el país más de 16 mil personas por año pierden la vida en un accidente vial y más de 40 personas al día salen de sus casas para no volver, es por eso que impulsaron desde hace más de 10 años una Ley de Seguridad Vial para México

Celebró que la semana pasada la SCJN emitió una resolución histórica y declaró constitucional el retiro de la licencia a conductores con alcalemia y declaró constitucional el seguro de responsabilidad civil obligatorio para automovilistas como el que establece la Ley de Movilidad y Seguridad Vial en el estado de Puebla.

“Esto significa que es válido y necesario que el Estado establezca este tipo de obligaciones porque protegen derechos humanos fundamentales a la movilidad, a la vida y a la reparación integral que tienen las víctimas, que es un paso ineludible para garantizar el acceso a la justicia, esto inició en Puebla, pero la repercusión será nacional”, aseveró. 

Dijo que esta coalición está integrada por 117 organizaciones de la sociedad civil que articula a víctimas, familias, especialistas y activistas de todo México que trabajan por un presente en donde nadie pierda la vida y la salud en el tránsito, y por garantizar una movilidad digna y segura para todas las personas.

Durante su participación, Alejandra Leal, codirectora de la asociación civil Céntrico, comentó que la iniciativa representa la progresividad para que el Estado garantice con todas las acciones que hagan en seguir vigilando que este derecho se cumpla. “Ésta es una política de justicia social que busca atender a las víctimas y garantizar que quien tenga esta responsabilidad tenga los elementos para poder cubrirla”. 

Finalmente, familiares de víctimas por accidentes viales comentaron que dicha ley es para que todos, incluyendo a las personas victimarias, cuenten con la seguridad.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados