Ciudad de México, 15 de octubre de 2025

Esta propuesta tiene como objetivo que cada peso recaudado tenga un destino social, que cada decisión fiscal busque fortalecer nuestra economía sin sacrificar los derechos de la gente, subrayaron.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular de lo no reservado, con 355 votos a favor, 132 en contra y 0 en abstención, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, correspondiente al Paquete Económico 2026.

Desde tribuna para hablar a favor del dictamen, la diputada Leticia Farfán Vázquez, integrante de Morena, manifestó que La Ley Federal de Derechos no es solo un compendio de obligaciones, sino que es un instrumento esencial de política pública cuya relevancia se fundamenta en garantizar la capacidad operativa del Estado.  Destacó que su función primordial es doble, “asegurar la recuperación de los costos totales de los servicios que presta la administración pública federal y así establecer cuotas por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación”.

Remarcó que las medidas contenidas en este dictamen, expresan la visión humanista del actual proyecto de nación al priorizar el bienestar de las mayorías y la consolidación de la soberanía nacional. Por ello, “se actualizan los derechos sobre el uso del agua y las descargas de agua residuales con el objetivo de avanzar hacia una gestión integral del recurso hídrico, fomentar el uso racional de los recursos naturales y fortalecer las facultades de supervisión de la autoridad competente”, dijo.

En su oportunidad, la diputada Juana Acosta Trujillo se pronunció a favor del dictamen que actualiza la Ley Federal de Derechos, y que destacó, “es una iniciativa urgente y necesaria para adecuar nuestro marco legal a las reformas más recientes y, sobre todo, para adecuar nuestro marco legal a la realidad social y económica que enfrenta México. Esta propuesta es un paso firme hacia la administración pública más justa, eficiente y cercana a la ciudadanía”.

Refirió que, durante muchos años, especialmente bajo los gobiernos del PAN con Felipe Calderón y del PRI con Enrique Peña Nieto, esta ley fue usada para favorecer intereses particulares. Mencionó que se mantuvieron cuotas obsoletas y se dejaron lagunas legales que beneficiaban a grandes corporaciones, ignorando por completo el principio de equidad fiscal.

Por lo que es esta reforma, “no busca recaudar por recaudar, sino quienes utilizan servicios especializados como migración, telecomunicaciones, servicios financieros o control sanitario que paguen lo justo y proporcional dejando de beneficiarse sin aportar al sostenimiento público”, expresó.

Al hacer uso de la voz, Alma Delia Navarrete Rivera resaltó que esta Ley Federal de Derechos, es una herramienta clave para fortalecer la capacidad del Estado, mejorar la calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía y asegurar una distribución más justa y eficiente de los recursos públicos. Remarcó que el dictamen representa mucho más que una actualización técnica.

Contempla descuentos importantes en el pago del uso del espectro radioeléctrico para los concesionarios que extiendan su cobertura a zonas prioritarias. Esta acción, destacó, contribuye directamente a reducir la brecha digital, que aún divide al país. “Es una muestra de cómo el Poder Legislativo, sí, nosotros, podemos hacer reformas con visión social que pongan en el centro a la gente, especialmente a los que más lo necesitan”, comentó.

La diputada Claudia Rivera Vivanco agregó que esta propuesta, tiene como objetivo claro que cada peso recaudado tenga un destino social, que cada decisión fiscal busque fortalecer nuestra economía sin sacrificar los derechos de la gente, y “por ello es que escuchando a la ciudadanía logramos fortalecer esta reforma (…). No se trata de recaudar más, sino de recaudar mejor, con capacidad técnica. Es decir, cobrar con transparencia, certeza jurídica y con equidad”.

Lo que se plantea, detalló, es una justicia fiscal activa: que quienes usan los servicios públicos paguen conforme a su costo, pero que nadie quede atrás, ni nadie se quede afuera. Toda vez que, quienes menos tienen no sean castigados, y que quienes más pueden contribuyan con responsabilidad.

Por último, enfatizó que la Ley de Ingresos de la Federación, dijo, es una pieza clave para sostener el equilibrio de nuestras finanzas públicas y, lo digo claro, garantizando el bienestar del pueblo, y no el privilegio de unos cuantos. Por ello, “es importante discutirlo y analizarlo de manera integral, y no desde el interés particular”, apuntó.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados