Ciudad de México, 16 de octubre de 2025

Promoverán iniciativa para reconocer a las empresas de Beneficio e interés común (BIC)

La presidenta de la Comisión para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030, Amalia García Medina, afirmó que es necesaria una transformación de fondo para que la economía garantice el cuidado de la vida en el planeta con un “modo de producción amigable”.

Durante el foro para la iniciativa de ley que reconoce a las empresas de Beneficio e Interés Común (BIC) en México, la senadora de Movimiento Ciudadano dijo que se requiere otro modo de producir, una economía diferente, donde por supuesto la ganancia y el lucro son legítimos,

Por eso, explicó, la idea es que la iniciativa elaborada por la sociedad civil se convierta en una causa de los legisladores del Congreso de la Unión.

En el foro titulado “El movimiento BIC en América Latina: experiencias y futuro”, Amalia García afirmó que el modelo económico que hemos vivido hasta el día de hoy es un modelo depredador que ha puesto el acento en la ganancia, por lo que requerimos actuar para garantizar la vida en el planeta ante la situación límite en que nos encontramos en materia ambiental.

Por su parte, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, manifestó su respaldo a las organizaciones sociales ante lo que consideró un “ataque sistemático”, en particular por la ley que tiene que ver con el amparo, la cual dijo, es una de las más nocivas poque las deja sin herramientas.

En tanto, la senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz, presidenta de la Comisión Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, consideró que en México existen empresas con importante responsabilidad social, que es de reconocerse, porque se trata de un modelo implementado de forma voluntaria, y cuya la iniciativa será seguida con interés y compromiso.

Sin embargo, la legisladora del PT mencionó que no todas lo tomarán de igual forma, lo que hace necesaria una regulación, ya que no se puede dejar a la voluntad. También señaló que no se trata de reducir la producción, sino cambiar la forma de hacerlo, además de que remarcó la necesidad de cambiar la forma de consumir.

Laura Ballesteros, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, destacó que la iniciativa que se plantea busca ayudar a la colectividad para ver cómo desde su labor, desde la iniciativa privada, se pueden seguir involucrando sin tener que constituirse de una forma distinta social o fiscalmente hablando, lo cual va en sentido contrario a la ley de amparo, que promueve la individualización de la defensa de los derechos en el país y que afecta la organización colectiva para ello.

Gemma Santana, activista y empresaria, impulsora de la iniciativa, explicó que se promueve un modelo en el que se reconoce a las empresas sociales que han resuelto problemas sin subsidios del gobierno, sin recursos, que han sabido innovar con una visión distinta a la empresa tradicional.

“Tenemos empresas que llevan luz a comunidades donde no llega la Comisión Federal de Electricidad”, “se les cambia la vida”, dijo, ya que las personas pagan bajo un modelo de finanzas sostenible. Ante ello es importante la regulación porque se trata de mover a las empresas y a la economía a ser parte de los problemas como los que estamos viviendo con las inundaciones.

Por ejemplo, expuso, tenemos una empresa social que ha llevado vivienda a millones de personas, sin recursos 100 por ciento de gobierno, bajo el mismo modelo. Son empresas que utilizan el mercado para generar impacto, son empresas lucrativas pero que con el mismo nivel que miden su utilidad, miden el impacto social y ambiental.

“Si eso lo lográramos en escala masiva en México veríamos cada vez más una descentralización en la solución de los problemas, ya que lo que tenemos que hacer es depender menos de los gobiernos y cooperar más como ciudadanía”, aseguró.

Se trata, añadió, de una nueva economía para hacer de lado el neoliberalismo y para evolucionar el capitalismo, no nada más a nivel del capital, sino del impacto socio ambiental en esta época de tantas crisis en el mundo y en México.

En la conferencia de apertura, Marcel Fukayama, referente global en empresas B y economía de impacto ofreció una visión regional y global sobre la importancia de la legislación BIC y la transición hacia una economía con propósito; señaló que es necesario implementar nuevas reglas del juego ante la situación geopolítica que enfrentamos.

Desde este movimiento, dijo, presentamos una alternativa para “desde el mercado, generar soluciones escalables, pioneras y de alto impacto para enfrentar los desafíos sociales globales ambientales”.

Fukayama destacó que se han logrado 10 mil empresas B certificadas en todo el mundo, mientras en México son 115, las que se comportan con propósito, responsabilidad y transparencia.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores