Ciudad de México, 19 de noviembre de 2025

Liz Sánchez detalló que la nueva ley fortalece las investigaciones y mejora la coordinación interinstitucional, obligando a la Federación, estados y municipios a compartir información en tiempo real y actuar bajo un esquema permanente de cooperación, desarticulando redes criminales que durante años operaron sin obstáculos.

Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión homologa el tipo penal con agravantes específicas y penas claras en todo el país, destacaron las senadoras Geovanna Bañuelos y Liz Sánchez.

Al fijar posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), las legisladoras sostuvieron que al establecer un tipo penal único a nivel nacional se termina con la dispersión que permitía que una misma conducta recibiera penas distintas según la entidad.

“Hoy las penas serán proporcionales de 15 a 25 años de prisión y multas de 300 a 500 UMAS, para que ninguna región del país sea refugio de delincuentes”, aclaró la senadora Liz Sánchez.

Asimismo, señaló que el nuevo marco jurídico no estará aislado ya que forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y del compromiso del gobierno con la política de cero impunidad.

En tribuna, Liz Sánchez detalló que la nueva ley fortalece las investigaciones y mejora la coordinación interinstitucional, obligando a la Federación, estados y municipios a compartir información en tiempo real y actuar bajo un esquema permanente de cooperación, desarticulando redes criminales que durante años operaron sin obstáculos.

“Además, se refuerza el 089 como línea única, segura y anónima para orientar a la ciudadanía e incluso solicitar la cancelación inmediata de números utilizados para extorsionar. Y algo fundamental: la extorsión se perseguirá de oficio y sin revelar la identidad de la víctima si así lo desea el denunciante”, destacó.

En su turno, la senadora Geovanna Bañuelos lamentó que hoy por hoy, la extorsión sea una de las heridas más profundas y dolorosas que padece México, al ser un delito que somete, que humilla, que paraliza comunidades enteras y que se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado.

De acuerdo con cifras oficiales, tan sólo en 2024 se registraron más de 10 mil carpetas de investigación por extorsión en el país. La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2024, presentada por el INEGI, reporta que la extorsión fue el delito más frecuente en 2023, con mil 562 casos por cada 10 mil unidades económicas.

En el caso de Zacatecas, la vicecoordinadora del GPPT señaló que este delito dejó de ser una práctica fragmentada para convertirse en un mecanismo de control territorial.

“En municipios como Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas capital y Loreto, cientos de familias, transportistas, comercios y pequeños negocios han vivido bajo la amenaza constante del cobro de piso”.

Zacatecas se colocó entre los primeros lugares nacionales en incidencia de extorsión telefónica y presencial, un fenómeno que ha erosionado el tejido social, ahogado la actividad económica y obligado a muchas familias a cerrar, huir o vivir bajo la sombra de la intimidación.

El Inegi revela que la extorsión es el delito más frecuente y también el que ostenta la mayor cifra negra pues en 2024 el 98% de los casos no se denunciaron.

“Quienes extorsionan no sólo afectan el patrimonio de las personas; destruyen su estabilidad emocional, rompen redes comunitarias y siembran terror”, aseveró.

Por ello, Geovanna Bañuelos celebró la expedición de la ley, pues reconoció que la extorsión no se frena sin inteligencia, sin coordinación y sin investigación robusta y con ella se incorporan técnicas de análisis digital, mecanismos de intervención de comunicaciones, revisión bancaria, inteligencia operativa y la obligación de que las instituciones compartan información y actúen de manera conjunta.

Además de que la persecución de este delito será oficiosa, lo que significa que el Estado deberá investigar sin exigir a las víctimas que ratifiquen su denuncia, protegiendo su identidad y reduciendo riesgos mortales.

“Celebramos las medidas para impedir que personas privadas de la libertad sigan delinquiendo desde los penales, un fenómeno que ha devastado a Zacatecas y a todo México. El blindaje tecnológico y administrativo en centros penitenciarios no es opcional; es una deuda histórica”, sentenció.

Finalmente, la líder parlamentaria enfatizó que esta ley es una declaración contundente que el Estado mexicano no cederá frente a quienes pretenden someter a la población mediante el miedo.

“Esta reforma es una herramienta real para desmantelar redes criminales, proteger a los sectores productivos y reconstruir la vida comunitaria en colonias, barrios y municipios que hoy resisten ante la violencia económica de la extorsión”.

Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario del PT en la Cámara de Senadores