Ciudad de México, 15 de diciembre de 2025

El diputado del PT afirma que existe voluntad política a fin de dictaminarlas a partir de enero de 2026

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT) informó que las dos iniciativas que presentó para tipificar como delito el reclutamiento forzado, se enviaron a la Comisión de Justicia, al tratarse de reformas al Código Penal Federal; afirmó que existe voluntad política a fin de dictaminarlas a partir de enero de 2026.

En declaraciones a representantes de medios de comunicación, explicó que esta tipificación está dirigida contra las organizaciones criminales que reclutan de manera forzada, principalmente a personas jóvenes, mediante engaños, falsas ofertas de empleo y el uso de redes sociales, con el propósito de obligarlos a participar en actividades delictivas.

Mejía Berdeja señaló que el reclutamiento forzado no puede equipararse a la trata de personas ni a la corrupción de menores, ya que también afecta a jóvenes menores de edad que siguen siendo altamente vulnerables. Por ello insistió en la necesidad de establecer penas severas, sin beneficios para los delincuentes, a fin de cerrar vacíos legales que hoy permiten a los grupos criminales evadir la justicia.

Anotó que hay voluntad para que los integrantes de la Comisión tipifiquemos este delito y que “debe tener penas severas, al igual que la extorsión y el secuestro, que no haya beneficios para los delincuentes. Si no ponemos un alto con un delito específico, pues van a poderle dar la vuelta, que no es trata, que no es corrupción de menores”.

Destacó que diversas fuerzas políticas han presentado iniciativas en el mismo sentido para sacar adelante este nuevo tipo penal, pese a las resistencias de algunas fiscalías, por lo que el objetivo, dijo, es poner un alto al uso sistemático de personas jóvenes por parte del crimen organizado.

“Nosotros sí queremos irle cerrando las rendijas a los grupos delictivos que siguen en México. Se necesita voluntad. De entrada, que haya un tipo penal, y se requiere, evidentemente, fortalecer las capacidades de las fiscalías”.

Consultado sobre los delitos de extorsión por parte de autoridades o delincuentes que padecen las personas migrantes a su regreso en esta temporada de fiestas decembrinas, Mejía Berdeja reiteró su llamado a fortalecer la denuncia ciudadana y recordó que la nueva ley antiextorsión contempla penas de hasta 42 años de prisión a elementos de seguridad pública que incurran en este delito.

“Trátese de quien se trate, no puede haber impunidad. Si hay malos elementos en una corporación federal, estatal o municipal, se tiene que denunciar. La nueva ley antiextorsión establece que un elemento de seguridad pública que extorsiona puede ser condenado hasta 42 años de prisión”, sostuvo.

Invitó especialmente a personas migrantes que regresan al país a denunciar de forma anónima al 089 cualquier acto de extorsión, sin importar si proviene de policías, militares o integrantes del crimen organizado.

Al abordar el tema de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, Mejía Berdeja señaló que esta propuesta debe revisarse, con el objetivo de adelantar su implementación, ya que la iniciativa presidencial plantea una aplicación gradual.

Afirmó que impulsará el tema mediante el diálogo y la negociación legislativa, tal como se hizo en reformas previas, como las leyes de aguas, amparo y antiextorsión.

“La verdad es que a través del trabajo parlamentario y la negociación se han hecho reformas importantes a proyectos e iniciativas que llegan del Ejecutivo, que las presentan con muy buena fe, con muy buena disposición, pero, evidentemente más voces, más cabezas piensan mejor”.

Respecto de la revisión de los plazos del buró de crédito para eliminar el estigma a quienes ya pagaron sus deudas, Mejía Berdeja comentó que hace unos días se estableció un grupo de trabajo para analizar el tema, sobre todo cuando muchas personas durante la pandemia cayeron en mora, porque “hay presiones fuertes de bancos, de sociedades de información crediticia que llevan el buró, que son entes privados, que quisieran que todo siga igual.

“Pero, ¿a cuántos millones de mexicanos los estamos condenando a que se vayan con agiotistas por no darles acceso al crédito? Sobre todo, cuando muchos de ellos vienen todavía de la pandemia que cayeron en mora. Lo que estamos buscando es no premiar el no pago. Estamos diciendo quítale la letra escarlata y la infamia y el estigma a la gente que ya pagó. ¿Por qué lo sigues condenando?”, dijo.

Sobre la llamada “Ley Silla”, el legislador comentó que planteará en la Comisión Permanente que se verifique su aplicación efectiva.

En otro tema, mencionó que impulsará la regulación de sobrecostos a consumidores, como el cobro de bolsas en establecimientos comerciales. “Las bolsas en los establecimientos comerciales era para evitar que se utilizara el plástico, pero se ha convertido en un gran negocio, en un sobreprecio para los consumidores.

“Entonces, yo lo que estoy planteando, es que, sin demérito de que sean material degradable, que no contamine, sea a cargo del que te vende. ¿Por qué le vas a cargar un sobrecosto?”

Al referirse al avance de la derecha y la ultraderecha en América Latina, como ayer en las elecciones de Chile, consideró que debe analizarse con una visión crítica y autocrítica, al señalar que el voto ciudadano no es permanente y que los gobiernos y movimientos progresistas deben revisar qué mejorar para mantener el respaldo social.

“Tiene que haber un gran ejercicio de introspección también dentro de la propia izquierda, dentro de las fuerzas progresistas, para ver qué pasó. Lejos de desgarrarse las vestiduras, hay que hacer un ejercicio de introspección de qué tenemos que mejorar, qué tenemos que cambiar. El voto no es a perpetuidad, la ciudadanía premia y castiga. De todas las lecciones que pasan en otros países hay que tomar lo que corresponda. Claro, cada país tiene su propia realidad”, finalizó.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados