Ciudad de México, 19 de diciembre de 2025

La diputada Rafaela Vianey García propuso reformar el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social para garantizar un lenguaje incluyente que visibilice y reconozca a todas las personas, fortaleciendo la igualdad sustantiva y el enfoque de derechos humanos.

La diputada Rafaela Vianey García Romero, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, con el objetivo de incorporar de manera expresa el uso del lenguaje incluyente en dicho ordenamiento y fortalecer el enfoque de derechos humanos, igualdad y no discriminación.

La legisladora expuso que la adopción del lenguaje incluyente “no es una cuestión de moda ni de corrección política, sino un compromiso con los derechos humanos, la dignidad y la igualdad”, al subrayar que el lenguaje que se utiliza desde las instituciones públicas tiene un impacto directo en la forma en que las personas se ven, se reconocen y participan en la vida social. Señaló que el uso sistemático del masculino genérico ha contribuido históricamente a la invisibilización de mujeres y otras identidades, lo que se refleja en la representación simbólica y en la participación en los espacios públicos.

La iniciativa plantea reformar el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social para garantizar que su redacción sea inclusiva y visibilice a todas las personas, sin distinción de género, identidad o condición. Al respecto, se destaca que el lenguaje incluyente “no pretende distorsionar las reglas del idioma, sino ampliar las posibilidades comunicativas para que todos los sectores sociales se sientan representados y respetados”, así como enriquecer el lenguaje jurídico con expresiones acordes a la diversidad de la sociedad mexicana.

Durante la presentación de la iniciativa en tribuna, la diputada Kenia Gisell Muñiz Cabrera a nombre de la proponente expresó que “hablar del lenguaje incluyente es hablar de derechos humanos, es reconocer que el lenguaje que utilizamos desde las instituciones públicas tiene un impacto real en la manera en que las personas se ven, se nombran, se reconocen y participan en la vida social”. Añadió que “cuando una ley nombra, reconoce; pero cuando una ley omite, excluye”.

Se subrayó que la propuesta se encuentra alineada con la Constitución y con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como con las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU, la OEA y la UNESCO, que han promovido el uso de un lenguaje incluyente y no sexista en documentos oficiales.

Asimismo, se destacó que la experiencia comparada en América Latina demuestra que la adopción del lenguaje incluyente en universidades, dependencias públicas y marcos normativos “no debilita al idioma, sino que lo enriquece, lo actualiza y lo pone al servicio de la igualdad sustantiva”. En ese sentido, la reforma busca fortalecer el enfoque de derechos humanos de la Ley de Asistencia Social, colocando a las personas en el centro de la acción pública.

Finalmente, se hizo un llamado a las y los legisladores a respaldar esta iniciativa como un paso hacia una transformación cultural que reconozca la pluralidad de voces y experiencias del país. “Nombrar a las personas en toda su diversidad no es un acto simbólico menor, es un acto de justicia, de reconocimiento y de dignidad”, se enfatizó, al considerar que un Estado que aspira a la equidad y la inclusión debe reflejar esos valores también en el lenguaje de sus leyes.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados