Ciudad de México, 10 de marzo de 2026

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos aprobaron por unanimidad, con 32 votos a favor, el dictamen que reforma al artículo 127 constitucional, que limita las jubilaciones y pensiones en las entidades públicas.

El proyecto establece que estas jubilaciones o pensiones no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal, en el presupuesto correspondiente.

Y esto aplica para el personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos del Gobierno Federal.

Así como en los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, las empresas y los fideicomisos públicos de las entidades federativas y de los municipios.

La reforma excluye de esta disposición a las Fuerzas Armadas; las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales; las constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios, y la pensión no contributiva.

En sus disposiciones transitorias, la reforma precisa que todas las jubilaciones o pensiones que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del decreto deberán ajustarse al límite establecido, incluyendo las que se encuentren vigentes.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, recordó que esta reforma forma parte del paquete que envió la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al Congreso de la Unión, “para cumplir con los anhelos de la ciudadanía de acabar con los privilegios y desigualdades que han permanecido durante mucho tiempo”.

Por Morena, el senador Miguel Pavel Jarero Velázquez destacó que esta reforma constitucional va en armonía con las aprobadas en materia de salario mínimo y reducción de la semana laboral, además de que no quita derechos legítimos de los trabajadores, sino que “pone orden” al régimen de pensiones para quitar privilegios a una “casta” e invertir los recursos en programas sociales.

Ricardo Anaya Cortés, del PAN, coincidió en que es “indefendible” que exfuncionarios ganen pensiones de 300 mil a un millón de pesos; sin embargo, consideró que se deberían establecer sus límites con base en Unidades de Media y Actualización (UMA) y no en el salario del presidente, para que, en caso de que alguno decida bajar su salario, no se afecte la disposición constitucional.

El senador del PT, Alejandro González Yáñez, defendió que la modificación “no trasgrede” el principio de no retroactividad del artículo 14 constitucional, pues recordó que existen antecedentes en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que es posible realizar acciones retroactivas en materia de recursos públicos y organización del Estado.

Del PVEM, la senadora Juanita Guerra Mena enfatizó que la reforma busca asegurar que los recursos públicos se administren con equilibrio y apego a los principios constitucionales y establece exclusiones para proteger derechos laborales legítimos; además, contribuye a fortalecer la confianza en las instituciones y a garantizar un manejo responsable del presupuesto.

Carolina Viggiano Austria, del PRI, respaldó la reforma constitucional, pero advirtió que el gobierno la empleará en “spots” para informar que se “quitaron las pensiones a los corruptos” sin dar a conocer cuánto, dónde o cuándo se van a aplicar esos recursos; además, “se pone en peligro el principio de legalidad” al tratar de igual forma a trabajadores con diferentes supuestos jurídicos.

De Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas también criticó que el Estado pague pensiones millonarias, pues resta valor al trabajo honesto y erosiona la legitimidad de las pensiones; no obstante, coincidió en que debe establecerse la disposición en UMAS y lamentó que la disposición vulnere a unos grupos laborales y haga distinciones a otros, como los militares.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores