Ciudad de México, 13 de marzo de 2026

México acumuló 202,336 homicidios entre 2018 y 2024; en 16 meses del actual sexenio suman 35,775 víctimas.

Municipios requieren hasta 33 mil millones de pesos adicionales al año para dignificar a sus corporaciones.

Las policías municipales constituyen el primer respondiente ante delitos; sin embargo, enfrentan falta de recursos, salarios insuficientes y carencia de equipo, situación que limita la capacidad de prevención y reacción, señaló el senador Miguel Ángel Riquelme Solís, del Partido Revolucionario Institucional.

Por ello presentó una iniciativa para adicionar el artículo 116 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de crear un subsidio federal permanente para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, ante el debilitamiento de las corporaciones locales y el aumento de la violencia en el país.

La iniciativa propone la creación de un Programa Federal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, con subsidios etiquetados para capacitación, certificación, equipamiento, infraestructura, inteligencia policial, prevención del delito y mejora salarial, además de reglas de operación claras, criterios objetivos de asignación y mecanismos de transparencia.

Recordó que México acumuló 202,336 homicidios dolosos entre 2018 y 2024, con un promedio de 95 asesinatos diarios, y que en los primeros 16 meses del actual sexenio hubo registro de 35,775 víctimas, cifras que reflejan niveles críticos de violencia.

El senador recordó que la desaparición del programa FORTASEG dejó a los municipios sin apoyo directo y los obligó a enfrentar la inseguridad con recursos limitados, pese a una dependencia superior al 72% de transferencias federales y estatales. Señaló que la garantía de condiciones laborales dignas requeriría una inversión anual adicional de entre 31 y 33 mil millones de pesos, monto fuera del alcance de la mayoría de los ayuntamientos.

Finalmente, el priista afirmó que sin policías municipales fuertes no existe una estrategia de seguridad efectiva, por lo que el Estado debe garantizar financiamiento estable, profesionalización y condiciones laborales dignas, debido a que la seguridad pública constituye una responsabilidad concurrente de la Federación, los estados y los municipios.

Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Senadores