Ciudad de México, 5 de abril de 2026

Especialistas en procuración de justicia coincidieron en la necesidad de diseñar leyes para combatir y erradicar las acusaciones falsas, ya que no sólo es una mentira entre particulares que vulnera la dignidad humana de la víctima, es también fraude procesal y ataque directo a la administración de justicia.

Lo anterior, durante el “Foro sobre Denuncias Falsas desde la Visión de las Ciencias Forenses”, organizado por la diputada Catalina Díaz Vilchis (Morena), en coordinación con Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM), el cual tiene como propósito dar a conocer a la ciudadanía algunos casos sobre las denuncias falsas, cómo identificarlas y, en la medida de lo posible, combatirlas.

José Emmanuel Hernández Sánchez, presidente del Consejo Directivo Nacional de la CONCAAM, sostuvo que las denuncias falsas no sólo representan el uso indebido de los mecanismos legales, sino que además generan consecuencias jurídicas, que no son favorables para la vida del ser humano.

Por ello, saludó que se abran este tipo de espacios para fortalecer el diálogo entre las instituciones, la comunidad jurídica y la sociedad, pues permite analizar desde diversas perspectivas de abogados y no abogados, una visión más técnica, ética y social sobre fenómenos que impactan directamente en el sistema de justicia.

Por su parte, Héctor Vinicio Rodríguez López, contralor interno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, señaló que el fenómeno de las denuncias falsas es un tema fundamental para el Estado de derecho, debido que cuando se habla de justicia penal, la atención se centra en la eficiencia de la persecución del delito y en la protección de las víctimas y poco se discute sobre la disfuncionalidad que se suscita cuando el sistema es utilizado como un arma de venganza o como una estrategia personal.

“La denuncia falsa no sólo es una mentira entre particulares, es un fraude procesal, un ataque directo a la administración de justicia y una vulneración flagrante de la dignidad humana. Por ello celebramos este foro de análisis y discusión en el seno del Poder Legislativo, porque la creación de las leyes no debe ser un acto de escritorio o una respuesta visceral coyuntural, legislar requiere de una escucha activa. Este tipo de foros son el espacio donde la teoría jurídica se encuentra con la realidad social”.

Rodríguez López expuso que cuando una persona utiliza el aparato de justicia para interponer una denuncia basada en hechos inexistentes, comete un acto de violencia institucional. Al hacerlo no sólo daña irreparablemente la reputación y la vida del falsamente acusado, sino que también desplaza los recursos del Estado que son limitados, lejos de las víctimas reales que claman por justicia.

“Cada minuto que un fiscal dedica a investigar una falsedad es un minuto que se le resta a la persecución de un feminicidio, de un secuestro, un robo o una extorsión real. La denuncia falsa es en esencia un acto de egoísmo que asfixia el acceso a la justicia de quienes realmente la necesitan. Esto nos lleva a un punto medular: la importancia de la ética en el derecho.

“No podemos hablar de reformas legales sin hablar de la responsabilidad de ética de quienes operamos el sistema, que es el compromiso inquebrantable con la presunción de inocencia y el análisis crítico de la evidencia”.

Subrayó que una sociedad que normaliza usar el sistema para presionar o dañar, ha perdido su brújula ética. Por ello, la respuesta legislativa debe ser contundente; es preciso fortalecer las sanciones para quienes mienten ante la autoridad, pero también fomentar la cultura jurídica donde la verdad sea el valor supremo.

“Un sistema que es capaz de distinguir entre la verdad de la mentira es un sistema más justo, más confiable y más humano. Que este foro no sea el final de una conversación sino el inicio de una reforma estructural que devuelva al proceso penal y a cualquier proceso jurídico su carácter hierático de búsqueda de la verdad”.

A su vez, Nazario Norberto Sánchez, magistrado de la Sexta Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, compartió que, en su paso por el Congreso de la Ciudad de México, como diputado local, fue acusado falsamente por acoso sexual por parte de una diputada del PAN.

Relató que, aunque fue absuelto, esta situación generó desprestigio hacia su persona, acoso e incluso hacia su familia; además de que le coartaron sus derechos políticos al pretender contender para la alcaldía Gustavo A. Madero; es una situación muy fuerte y muy fea.

En ese sentido, se pronunció porque haya mayor preparación de los ministerios públicos, porque a veces les llega un cliente y les dan un dinero para que les encuadren un delito. “Y eso ya no es posible en el siglo XXI, hay que dar paso a la honestidad, hay que dar paso a la justicia, también la preparación para los jueces que es muy importante, a los secretarios de acuerdo, es muy importante erradicar la corrupción porque todavía, lamentablemente, existen focos de corrupción”.

En su oportunidad, Fernando Hernández Pantoja, licenciado en Derecho y asesor jurídico del Heroico Colegio Militar, se refirió al impacto que sufren las personas que son privadas de su libertad que son acusadas falsamente.

Enfatizó que son cuatro esferas principales que se ven afectadas en la vida de quienes se encuentran en esta situación: psicológico-emocional, la salud física, el entorno familiar y social y la cuestión económica, lo que trae también como consecuencia una ruptura en la confianza hacia las instituciones.

La privación de la libertad de una persona que es acusada falsamente y que se encuentra en un centro penitenciario no limita solamente la libertad física de la persona, sino también su situación emocional.

“Las personas privadas de su libertad acusada falsamente sufren estrés postraumático, con síntomas de ansiedad o depresión, así como el deterioro en su autoestima y de identidad, porque, son etiquetados, viene el aislamiento social, la separación de la familia y de los amigos. En cuanto a la salud, se alteran los patrones de sueño, al no poder dormir, problemas nutricionales porque la comida no es suficiente y enfermedades infecto-contagiosas. También se merma la economía al perder el trabajo o si sale, no es contratado por el estigma”.

En conclusión, subrayó Hernández Pantoja, este es un impacto integral en la salud de la persona y en toda su esfera social, económica. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar procesos justos y evitar errores que irroguen daños irreparables, así como fomentar el respeto y la no estigmatizar a las personas que son privadas de la libertad acusadas falsamente.

En el evento participaron expertos en victimología y procuración de justicia, quienes hablaron sobre el impacto de las sentencias tardías para presuntos inocentes, la ciencia forense ante la falsedad, la afectación de los menores de edad en torno a estas situaciones y hasta la propuesta de incluir en el Código Penal Federal el tipo penal de simulación de delito o crear una ley para sancionar la simulación del delito.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados