Ciudad de México, 8 de abril de 2026

La diputada Ruth Maricela Silva Andraca (PVEM) sostuvo que el suicidio es un fenómeno profundamente doloroso y multifactorial que impacta en las familias y en las comunidades.

“Hablar de suicidio no es sencillo, implica entender el sufrimiento humano y sus causas más íntimas, como las crisis personales, episodios de alto estrés por causas familiares o laborales o por estar en una lucha constante contra enfermedades físicas o el dolor cuando lo volvemos crónico.

“Además, puede entrelazarse con trastornos de la salud mental como la depresión, que puede ser endógena o exógena, ansiedad, así como el consumo de alcohol y de otras sustancias”, señaló.

Al inaugurar el “Primer Foro Internacional en Prevención de Suicidios”, indicó que también hay factores estructurales y sociales que influyen de manera determinante: la violencia, la desigualdad, la falta de oportunidades, los desastres naturales e incluso los efectos del cambio climático.

“Todos impactan de manera directa en el bienestar emocional de las personas. El suicidio es un fenómeno sumamente complejo y comprenderlo, sin duda, exige reconocer la profunda desesperación que atraviesan muchas personas”.

Refirió que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 727 mil personas mueren cada año en el mundo por suicidio, esto sin tomar en cuenta todas aquellas historias de quienes intentaron quitarse la vida, pero que, afortunadamente, no lo lograron.

En el 2021 el suicidio fue la tercera causa de muerte de jóvenes entre 15 y 29 años en el mundo, personas que apenas comienzan a construir su futuro.

Silva Andraca destacó que los datos en México son igualmente alarmantes, pues según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2024 ocurrieron más de 8 mil 556 suicidios.

Lo más preocupante, agregó, es que esta problemática no distingue edades. Puede ser un acto cometido por jóvenes, pero también impacta con gran fuerza a personas de 30 a 44 años.

En ese sentido, subrayó la urgencia de implementar políticas públicas y construir propuestas que permitan enfrentar este enorme problema, comenzando por reconocer que la salud mental ha sido históricamente relegada, y decirlo con honestidad no es debilidad, es el primer paso para corregir el rumbo.

Asimismo, es preciso fortalecer el primer nivel de atención para que cualquier persona reciba apoyo oportuno, incorporar la educación emocional desde la infancia, romper el estigma y construir una cultura donde pedir ayuda no sea un motivo de vergüenza, sino un acto de dignidad, así como impulsar más campañas de concientización que involucren no solo a autoridades gubernamentales y especialistas en la salud, sino también a las familias.

Por su parte, la doctora Eufrosina Castillo Arroyo, de la Coalición Nacional en Prevención del Suicidio (Conapresu) apuntó que en México esta conducta se ha convertido en problema de salud pública con profundas consecuencias en las familias, comunidades y en el contexto social.

El incremento particularmente entre niñas, niños, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, comentó, obliga a actuar con urgencia y responsabilidad.

El suicidio no es un fenómeno aislado; es una realidad compleja influida por factores sociales, económicos, culturales y comunitarios, entre ellos, la desigualdad, la violencia, la migración, el aislamiento, la discriminación y el limitado acceso a servicios de salud mental, especialmente en zonas rurales y marginadas.

Enfatizó que, frente a este panorama, México requiere transitar de esfuerzos dispersos a una política pública integral, coordinada y con enfoque preventivo, centrada en las personas basadas en el respeto a los derechos humanos, ya que actualmente carece de una legislación específica que articule de manera integral la prevención, atención y seguimiento de los riesgos suicidio.

Por ello, se propone la creación de una ley que establezca un sistema de prevención de suicidio, que articule un modelo de acción y seguimiento de los riesgos, de atención intersectorial, que genere mecanismos de registro, atención oportuna, digna y culturalmente pertinente.

Expuso que este proyecto se sustenta en principios fundamentales: la prevención desde la cotidianidad, reconociendo a las familias, las escuelas y las comunidades como espacios clave para la detección temprana; la participación comunitaria y un enfoque intercultural incluyente que reconozca la diversidad de nuestro país y entienda los pueblos originarios, personas migrantes, comunidad LGBTTTIQ+, personas con discapacidad y adultos mayores.

Además, la pertinencia territorial mediante estrategias diferenciadas para contextos urbanos, rurales y de movilidad humana; la eficiencia y orientación a los resultados priorizando acciones de alto impacto con seguimiento y evaluación continua.

La propuesta, señaló Castillo Arroyo, impulsará la participación de sectores como salud, educación, desarrollo social, organizaciones civiles y comunidades locales bajo un modelo de corresponsabilidad, la creación de redes comunitarias de apoyo, líneas de atención accesibles, programas escolares de bienestar emocional y estrategias replicables de bajo costo, así como la creación de un observatorio nacional que permita el registro de casos, el seguimiento interinstitucional y la evaluación de políticas públicas.

“El impacto esperado de esta propuesta de ley es claro: reducir la incidencia del suicidio, fortalece la detección temprana, garantizar la atención oportuna y humana, construir comunidades resilientes y generar información confiable para la toma de decisiones, pero sobre todo salvar vidas.

“Prevenir el suicidio no es únicamente una tarea institucional, es un compromiso ético, social y humano que exige coordinación, sensibilidad y acción inmediata”.

A su vez, José Joaquín Ceballos, CEO y fundador de la Coalición Internacional en Prevención del Suicidio, sostuvo que esta conducta es un problema de salud pública de carácter multifactorial cuya incidencia ha mostrado un comportamiento sostenido en diversos grupos poblacionales, particularmente en preadolescentes, adolescentes, adultos jóvenes, personas adultas mayores, pueblos originarios y afrodescendientes, entre otros, cuyo impacto trasciende el ámbito individual afectando a familias, comunidades e instituciones.

Por ello, la iniciativa en materia de prevención del suicidio busca establecer criterios técnicos homogéneos garantizando la atención oportuna y de calidad, fortaleciendo la prevención desde un enfoque comunitario e integrando un sistema nacional de vigilancia.

“Legislar en materia de prevención del suicidio responde a la necesidad de elevar la salud mental a una prioridad nacional con sustento legal, establecer obligaciones claras para las autoridades en los tres órdenes de gobierno, garantizar el acceso equitativo a servicios de prevención, detección y atención.

“Asimismo, la legislación permitirá consolidar una política pública de Estado, evitando la fragmentación de esfuerzos y asegurando su permanencia, más allá de los cambios administrativos”, abundó.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados