Ciudad de México, 13 de julio de 2026

Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores expreso mi más firme respaldo a las acciones que ha puesto en marcha la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, relativas a la decisión de utilizar las medidas jurídicas necesarias, a fin de clarificar la causas y los hechos que han ocasionado que 17 personas mexicanas hayan perdido la vida a manos del denominado “ICE”, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Coincido plenamente en que la defensa de las personas connacionales en el extranjero es una obligación irrenunciable de un Estado constitucional y democrático como es el caso de México, pero también lo es el respeto a los derechos fundamentales por parte de Estados Unidos de América, tanto de las garantías suficientes para la vida de los inmigrantes en ese país como el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas mexicanas.

Celebro la decisión de pasar de la vía diplomática a la vía penal y reforzar esta última en el marco de derecho internacional con los recursos jurisdiccionales requeridos para enfrentar con una estrategia jurídica integral la defensa como respuesta ante los abusos que integrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense han cometido en contra de la migración internacional mexicana, con un saldo de 17 personas fallecidas en operativos y centros de detención.

Efectivamente, ninguna de estas acciones anunciadas por la presidenta de México, (en la que destaca la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República), contravienen al derecho internacional y, menos aún, buscan impactar negativamente en la relación bilateral con el país vecino del norte, por el contrario, se trata de priorizar los derechos humanos, enaltecer la dignidad de las personas y fortalecer las relaciones binacionales.

Considero fundamental que el Estado Mexicano escale y acuda a las instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no sólo para denunciar las muertes de personas mexicanas a manos de “ICE”, sino también para hacer valer y exigir la justicia con los instrumentos que provee el derecho internacional, una vez agotado el derecho interno.

Se trata simplemente de que haya investigaciones imparciales y responsabilidades precisas. Pero también desde mi calidad de parlamentario, como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, respetuoso de la soberanía y del derecho internacional, exhorto al Congreso Estadounidense a que con su capacidad de control evaluatorio vigile y fiscalice las acciones del “ICE”, para inhibir sus conductas de incumplimiento del servicio público y dar certidumbre institucional a ese organismo cuestionado en el orden mundial, por presuntos homicidios, asesinatos y de actos impunes.

Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario del PT en Cámara de Diputados