15 de octubre de 2026

Candelero

Por Ricardo Monreal Ávila

México se suma al esfuerzo mundial por proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos de internet que son nocivos para el desarrollo integral de su personalidad e integridad humana.

Con ello se busca prevenir la manipulación digital con algoritmos que generan adicción a las redes y la creciente sedentarización mental que delega en la inteligencia artificial la resolución de problemas, desplazando el razonamiento individual (lo acabamos de padecer con el examen de admisión de la UNAM). En especial, frenar la expansión de la ansiedad, trastorno mental incubado mundialmente durante el encierro por COVID-19 en 2020.

Nunca niñas, niños y adolescentes tuvieron tantos recursos tecnológicos para informarse y comunicarse; paradójicamente, nunca estuvieron tan aislados y expuestos al solipsismo o a la ansiedad de ser reconocidos por sus likes, views y seguidores en redes.

El psicólogo social Jonathan Haidt, en La generación ansiosa (2024), abordó este mal de nuestro siglo analizando el colapso de la salud mental de la generación Z (personas nacidas entre 1997 y 2012), iniciado en 2010 —con la llegada masiva de smartphones y la entronización del Homo videns u Homo videus— y acentuado en 2020 por la anomia social de la pandemia.

Haidt propone cuatro medidas para prevenir crisis de ansiedad y depresión en las infancias y adolescencias: no acceder a teléfonos inteligentes antes de la Secundaria o de cumplir 14 años; tampoco a redes antes de los 16; escuelas sin móviles durante la jornada, y más juego libre y tiempo sin supervisión para desarrollar resiliencia, habilidades manuales, juegos de convivencia y trabajo en equipo.

Francia es el primer país en adoptar esas medidas, y México sigue el mismo rumbo. La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un Decreto que obliga a las plataformas digitales a retirar contenidos nocivos y proteger a las infancias y adolescencias en Internet. Sus puntos clave son:

Contenidos prohibidos y eliminables. Las plataformas deberán crear mecanismos para detectar y borrar publicaciones sobre discursos de odio, extremismo violento, abuso o explotación sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, ciberacoso y material sexual explícito.

Obligación para las empresas. Las tecnológicas deberán crear herramientas de supervisión para impedir el acceso de menores a esta información.

Carácter inicial y corresponsabilidad. En esta primera fase, el Decreto apuesta por la colaboración voluntaria de las plataformas, sin sanciones económicas directas.

Futura revisión. La Consejería Jurídica del Ejecutivo federal instalará mesas para evaluar el cumplimiento y la necesidad posterior de ley o regulación más estricta.

El Decreto es un primer paso; su eficacia dependerá de resolver la tensión que representa la voluntariedad declarada frente a la exigibilidad real. La experiencia internacional muestra que la regulación sin coerción tiende a diluirse en buenas intenciones.

Australia aprobó en 2024 la primera ley del mundo que prohíbe el acceso de menores de 16 años a redes sociales —vigente desde finales de 2025 y principios de 2026—, con multas millonarias para las plataformas incumplidas. Brasil adoptó este año medidas que obligan a vincular las cuentas de menores de 16 años con las de sus padres y prohíben el desplazamiento (scrolling) infinito.

Grecia recién anunció un proyecto de ley para vetar el acceso de menores de 15 años a redes sociales, con sanciones de hasta el 6 % de la facturación global de las plataformas, en tanto que el Decreto presidencial mexicano apuesta inicialmente por la corresponsabilidad voluntaria, con un posible margen necesario de automoderación.

La interacción y retroalimentación entre Gobierno y plataformas podría aportar experiencias para abordar una pregunta inevitable: ¿qué ocurre cuando una plataforma decide no cooperar?

Las experiencias de la retroalimentación constante permitirían esquemas coercitivos que superen la mera exhortación. La economía digital enseña que las tecnológicas responden a incentivos de mercado, no a llamados éticos. Por ello, tras evaluar el cumplimiento, podrían considerarse consecuencias tangibles —multas proporcionales a sus ingresos, suspensión de operaciones o responsabilidad corporativa— para evitar una ejecución selectiva o cosmética. La Consejería Jurídica deberá evaluar rigurosamente si el modelo voluntario funciona o si, como sugieren las tendencias globales, se requiere una ley vinculante con dientes.

Más allá de la coerción, el éxito regulatorio depende de su implementación técnica. La verificación de edad enfrenta limitaciones reconocidas; por ejemplo, que las y los menores crean cuentas falsas, comparten contraseñas con sus familiares o migran a plataformas no cubiertas por la normativa.

Australia exige identificación oficial, reconocimiento facial o inferencia de edad por comportamiento, pero ningún sistema es infalible.

México aún carece de infraestructura robusta de identidad digital y de un padrón confiable para verificar edades sin vulnerar la privacidad. Sin inversión técnica ni coordinación entre las instancias del sistema de transparencia y protección de datos, la SEP y las plataformas, el Decreto podría perder eficacia.

Diversas iniciativas internacionales establecen marcos coercitivos para verificar edades y eliminar diseños adictivos. En Latinoamérica, los debates en Chile y Argentina reflejan cautela institucional ante medidas de intervención o supervisión estatal directa de contenidos digitales, orientando los esfuerzos normativos hacia el diseño seguro por defecto (safety by design) y la protección de datos personales.

La educación también es insoslayable. Restringir el acceso sin formar en el uso crítico de la tecnología es una medida a medias. La alfabetización algorítmica debe integrar la estrategia de enseñar a niñas, niños y adolescentes por qué las plataformas diseñan mecanismos de recompensa variable, cómo funcionan los algoritmos de recomendación y qué intereses económicos subyacen a la economía de la atención.

Así la protección se convierte en empoderamiento y no en una burbuja que estalla ante la realidad digital.

El Decreto actual es un punto de partida razonable que exige una ruta clara hacia una legislación vinculante, con plazos definidos, recursos asignados y evaluación independiente.

La tecnología debe estar al servicio de la humanidad, no ser utilizada para dominarla, degradarla ni explotarla económica, social o culturalmente.

ricardomonreala@yahoo.com.mx

X: @RicardoMonrealA