Ciudad de México, 9 de abril de 2026

El Pleno de la Cámara de Diputados conoció para trámite de declaratoria de publicidad el dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, que adiciona la fracción I Sexies al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, relativa a las atribuciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura de establecimientos destinados a la prestación de servicios de salud.

Establece que la SICT participará, a solicitud de las autoridades federales competentes, en la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación y habilitación de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, incluyendo establecimientos destinados a la prestación de servicios de salud, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

En los artículos transitorios expone que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado para esa Secretaría, por lo que no requerirá recursos adicionales ni se incrementará su presupuesto regularizable para el presente ejercicio fiscal y subsecuentes.

Además, el Ejecutivo Federal contará con un plazo de 180 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para realizar las adecuaciones reglamentarias y normativas que resulten necesarias para su debida implementación.

El documento precisa que la adición indudablemente contribuirá al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y, en consecuencia, en el desarrollo sostenible del país.

Menciona que la atribución propuesta no debe entenderse como una invasión de esferas, sino como la materialización del principio de concurrencia y auxilio institucional. Al precisar que esta facultad se ejercerá a solicitud de las autoridades federales, se garantiza el respeto irrestricto a la soberanía y competencia de cada orden de gobierno, fomentando una dinámica de federalismo articulado donde el Estado no solo administra, sino que colabora para solventar necesidades regionales con estándares nacionales.

Agrega que la complejidad de la infraestructura pública contemporánea exige un alto grado de especialización. En este sentido, la intervención de la dependencia permite poner al servicio de la Federación y los municipios un capital intelectual y técnico especializado.

Considera que esto puede contribuir a la reducción significativa de los márgenes de error en la planeación y ejecución de obra pública, asegurando que los proyectos cumplan con normativas internacionales de seguridad y sostenibilidad, características que son aún más relevantes en la infraestructura pública del sector salud.

Desde la perspectiva de la hacienda pública, la coordinación intergubernamental permite una optimización sustancial de los recursos. Al evitar la duplicidad de estructuras administrativas y aprovechar la capacidad instalada de la dependencia, se generan economías y se reduce el gasto corriente, puntualiza.

Ello, subraya, garantiza que el presupuesto público se destine mayoritariamente a la obra física y no a la burocracia operativa, cumpliendo con los principios de economía, eficacia y eficiencia consagrados en el artículo 134 constitucional.

Hace notar que con la intervención de la dependencia federal especializada se crea un mecanismo de corresponsabilidad técnica. Esta dualidad asegura que la infraestructura pública resultante esté alineada con el Plan Nacional de Desarrollo y, en consecuencia, tenga un impacto social positivo a largo plazo.

“Bajo este esquema –indica– la infraestructura deja de ser un esfuerzo aislado para convertirse en una política de Estado, donde la optimización de los recursos públicos y la alta especialización técnica se conjugan para garantizar el derecho de la ciudadanía a servicios públicos de excelencia y obras”.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados