Ciudad de México, 30 de septiembre de 2025

Las Diputadas por Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, coordinadora de la Bancada Naranja, Laura Ballesteros, Secretaria de la Mesa Directiva y Anayeli Muñoz, Secretaria de la Comisión de Igualdad, solicitaron a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informe sobre el estatus actual y las acciones legislativas correspondientes, para cumplir con la sentencia de la Suprema Corte emitida en septiembre de 2023, en la que se declaró inconstitucional penalizar el aborto en el Código Penal Federal, y ordenó al Congreso reformar los artículos 330, 331, 332, 333 y 334 del Código Penal Federal. Con esta, son 2 legislaturas en desacato.

Y es que, la Corte determinó que dichas disposiciones resultan contrarias a los derechos humanos porque: i) imponen penas de prisión a las mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo; ii) establecen un régimen de sanciones para el personal de salud que les brinda apoyo, y iii) contienen restricciones injustificadas para acceder al aborto por causales legales.

Desde hace dos años, en el Congreso de la Unión no se han dictaminado iniciativas relacionadas, ni se han convocado a Comisiones a trabajar en conjunto, ni a mesas públicas, pese a que existen iniciativas de Movimiento Ciudadano y del PT, que permanecen congeladas.

Esta omisión del Poder Legislativo es un desacato que debe atenderse con urgencia, por ello, esta solicitud también exige que se informe de manera pública sobre el estatus de las mesas de trabajo que fueron mencionadas el pasado 2 de abril de 2025 en la Comisión de Justicia, pero que aún no existe una convocatoria pública, calendario, reuniones ni dictamen.

Las legisladoras señalaron que la Cámara se encuentra ante un momento legislativo histórico para el reconocimiento pleno del derecho a decidir y los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes. “No puede ser que dependa de tu código postal el ejercicio de derechos, especialmente para las niñas mexicanas”, sentenció Ballesteros. El cumplimiento oportuno de la sentencia de la Suprema Corte es fundamental para garantizar el respeto a los derechos humanos en México, así como para brindar certeza jurídica a las instituciones de salud, al personal médico y, sobre todo, a las mujeres y personas gestantes del país.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados