Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial aprobó opinión sobre el PEF 2026

Ciudad de México, 15 de octubre de 2025

El documento, enviado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, reafirma el compromiso del Estado con el derecho a la ciudad

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que preside el diputado Carlos Alonso Castillo Pérez (Morena), aprobó por 20 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones, su opinión respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026, en el que se prevé avanzar en la construcción de un millón 800 mil viviendas en el país.

Al explicar la opinión, el legislador resaltó que la construcción de ese número de inmuebles contribuirá a reducir las desigualdades regionales y fomentar entornos urbanos equitativos, justos y accesibles, reafirmando el compromiso del Estado mexicano con el derecho a la ciudad y el territorio en beneficio de todas y todos.

Detalló que el documento, que será enviado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, resalta que el Presupuesto de Egresos 2026 fortalece las acciones prioritarias de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y asegura la operación de los programas orientados a dar certeza jurídica en la tenencia de la tierra, la regularización de la propiedad y la vivienda adecuada.

Recordó que en la pasada administración la política de Sedatu se enfocó al mejoramiento urbano como un modelo de justicia social, al impulsar obras públicas en zonas con rezago social o carentes de infraestructura, desde mercados y parques hasta malecones y escuelas, con el propósito de canalizar las oportunidades de desarrollo en cada territorio.

Sin embargo, añadió, a partir de los logros alcanzados, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo identificó un problema estructural de mayor impacto como la falta de acceso a la vivienda, por lo que se ha fortalecido como nunca el presupuesto de Sedatu para que se enfoque a la vivienda social.

En este contexto, en las asignaciones previstas para 2026 hay una disminución mínima del presupuesto, toda vez que el Programa de Ordenamiento Urbano desaparece, pero se incrementan los recursos al Programa de Vivienda Social, Programa para Regularizar los Asentamientos Humanos, al establecer el diseño y construcción de los nuevos hogares de las y los mexicanos.

Además, se mejora el desarrollo humano, agrario y ordenamiento territorial, se crea el Programa Territorial para el Bienestar, encaminado a promover la modernización de los servicios públicos y catastrales e incorpora la movilidad sustentable y los espacios seguros e inclusivos como componentes integrales del desarrollo urbano.

De esta manera, el diputado Castillo Pérez señala que PEF 2026 plantea un aumento presupuestal para el Programa de Vivienda Social, del cuatro por ciento, mientras que el Programa para Regularizar los Asentamientos Humanos tiene un incremento de 3.83 por ciento y los recursos para los subsidios sujetos a lineamientos de operación se elevaron en un aumento del 3.77 por ciento.

En lo que respecta a Regularización y Registro de los Actos Jurídicos Agrarios se observa un aumento de 3.67 por ciento, el Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros un incremento del 4.3 por ciento y para el apoyo de las funciones de gobierno se prevé 7.65 por ciento más, mientras que para el apoyo al buen gobierno y mejoramiento de la gestión el aumento es de 4.38 por ciento.

Participación de las y los diputados

La diputada Alma Rosa De la Vega Vargas (Morena) manifestó su preocupación por la reducción global del 4.62 por ciento en el Ramo 15, lo que equivale a mil 758 millones menos respecto a 2025, en un contexto donde las necesidades urbanas y territoriales siguen creciendo, además de la reducción del 75.7 por ciento en el sector central de Sedatu, lo que limita severamente sus capacidades de planeación, supervisión y coordinación metropolitana y la insuficiencia de asignaciones para la regulación de asentamientos.

Del PAN, la diputada Ma. Lorena García Jimeno Alcocer apuntó que desde el sexenio anterior existe una deuda para establecer los mapas de riesgo, por lo que es deber de la Comisión tomar acción legislativa y pelear por el presupuesto para que la gente por lo menos pueda tener advertencias ante situaciones. Agregó que cuando suceden este tipo de hechos, las personas dicen que “no estuvieron enterados ni la ayuda les ha llegado”.

El diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo (PVEM) consideró que toda obra y acción financiada por el Ramo 15 deberá alinearse a criterios de gestión integral de riesgos, cambio climático y resiliencia urbana, privilegiando la localización segura y la densificación inteligente sobre la expansión en zonas de alto riesgo. Estimó que debe haber un fortalecimiento del Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria para tener tiempos de resolución más cortos, abatimiento de rezagos y certificación de derechos.

Al respecto, el presidente de la Comisión informó que las opiniones presentadas por las y los integrantes serán incluidas en un anexo dentro de la opinión que se hará llegar tanto a la Sedatu como a la Comisión de Presupuesto que estará dictaminando en los próximos días.

Puntualizó que el Poder Legislativo debe contribuir dentro de sus facultades y posibilidades a la prevención de riesgos para la población haciendo énfasis en la actualización de los atlas de riesgo y su creación en donde no existen, además de exhortar a las autoridades municipales y estatales a que generen una inversión en ese sentido.

Comentó que se debe contar con sistemas donde cualquier ciudadano o autoridad pueda consultar de manera rápida las zonas de riesgo. Reconoció al Ejército, la Marina, así como a la Secretaría de Bienestar que han estado presentes en las comunidades afectadas recientemente por los fenómenos climáticos, y en donde las autoridades están trabajando para generar las ayudas humanitarias

Dictamen aprobado en sentido negativo

Las y los diputados aprobaron el dictamen en sentido negativo respecto al proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 28 Bis a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de garantía de áreas verdes y deportivas.

El diputado Castillo Pérez apuntó que, si bien esta reforma tiene el objetivo de garantizar el acceso seguro, equitativo y accesible de la ciudadanía a áreas verdes y espacios deportivos como parte de un entorno urbano saludable, sustentable y orientado al bienestar colectivo, estas modificaciones generan duplicidad normativa. Además, invaden la competencia de estados y municipios.

Previamente, las y los integrantes aprobaron el segundo informe semestral de trabajo correspondiente al periodo marzo-agosto y su programa de trabajo para el periodo 2025-2026.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados