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Gira en Shenzhen, China por APEC 2026 ha sido muy productiva: Sheinbaum Pardo
A través de un enlace desde Shenzhen, China, a Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que ha sido muy productiva su gira de trabajo con motivo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.
“Ha sido muy productiva y les agradecemos a todos que han estado pendientes de la visita”, destacó la jefa del Ejecutivo Federal.
Comisión de Movilidad se reunió con representantes de empresas repartidoras, fabricantes de motocicletas y autoridades
17 de noviembre de 2026
El objetivo, analizar las propuestas de reformas a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial
La Comisión de Movilidad, que preside la diputada Patricia Mercado Castro (MC), recibió a representantes de empresas repartidoras por plataformas, así como a fabricantes de motocicletas, y autoridades de Movilidad, quienes externaron sus inquietudes y demandas sobre las propuestas de reforma a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Mercado Castro expuso que la idea es presentar una propuesta con el mayor consenso posible sobre las mesas de trabajo que se han realizado con empresas y armadoras de motocicletas, organizaciones de la sociedad civil y de motociclistas y, posteriormente, elaborar un dictamen en el que se incluyan todas las solicitudes y acuerdos.
Resaltó que a la Comisión se han turnado 17 iniciativas de diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios, que tienen como objetivo la regulación de las motocicletas en el país.
Informó que se prevé presentar el proyecto antes del 15 de diciembre, incorporando en la medida de lo posible las observaciones recibidas durante las jornadas de diálogo.
Una vez presentada la iniciativa, indicó, se buscará establecer el próximo año una metodología de trabajo para revisar artículo por artículo las disposiciones, con la participación de los sectores involucrados y enseguida elaborar el dictamen mediante un diálogo con las autoridades federales, particularmente con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Afirmó que la idea es no dañar la flexibilidad de esta actividad con la sobrerregulación, pero “debemos salvar a la gente que ha decidido utilizar este tipo de movilidad”. Destacó que es necesario consensuar una idea general con las autoridades a través el Sistema Nacional de Movilidad.
Precisó que la propuesta contempla que las empresas que organicen, asignen o supervisen servicios de transporte de personas, reparto, mensajería o traslado de bienes mediante motocicletas o ciclomotores deberán adoptar medidas de gestión de riesgos y de seguridad vial que comprendan formación inicial y periódica en conducción y convivencia vial seguras, factores de riesgo y uso correcto del casco y del equipo de protección.
Participantes
Yazmany Herrera Guerrero, representante de los repartidores en el estado de Puebla, planteó incorporar a los motociclistas en el rango del triángulo de movilidad que habla del peatón, ciclista, usuarios de vehículos no motorizados, scooters, patines del diablo y vehículos ligeros. Sugirió que la Secretaría del Trabajo obligue a las plataformas a dotar de herramientas a los usuarios de moto para estar protegidos, como lo hacen las empresas de autos.
El vocero de Repartidores Unidos de México, Francisco Edgar Balderas González, dijo que, si la revista vehicular anual va a ser obligatoria para miles de motociclistas, entonces tiene que ser gratuita y existir una institución para atenderla; tiene que ser homologada, contar con suficientes centros, calendario público y aplicación gradual, ya que no se puede sancionar a una persona porque no cumplió con un trámite que la propia autoridad carece de capacidad para brindar atención.
Brenda Arneth Rodríguez Luna, representante de Frentes de Conductores Libres y Responsables de la CDMX y Área Metropolitana, consideró que se le debe exigir a las aplicaciones proporcionar el equipo suficiente a sus repartidores sin ningún costo, porque actualmente las mochilas que les dan se las cobran y a los usuarios que trasladan personas se les debe proporcionar casco.
Por su parte, Leslie Vianey Díaz González, integrante de Repartidores Unidos de México y Sobrevivientes, opinó que las plataformas deberían proporcionar cursos a los motociclistas que llevan pasajeros y a los repartidores, toda vez que la educación vial es indispensable y precisar que se debe contar con un casco certificado y las protecciones adecuadas tanto para el pasajero como para el usuario.
Erick Ventura Correa, repartidor de aplicación exigió que el examen de certificación sea parejo para todos los conductores, ya que a los automovilistas se les hacen 20 preguntas y a los motociclistas cien. Aseveró que para la certificación de una motocicleta se tienen que saber los parámetros de frenado; sin embargo, para los conductores de transporte público no se les cuestiona dicho parámetro, ni las velocidades en suelo mojado.
Areli Carreón, representante de los Bicitekas, solicitó más espacios para que los repartidores estacionen sus vehículos sin ningún problema, debido que existen zonas donde se les prohíbe pararse en las entradas de las casas o edificios, o simplemente en los lugares donde esperan sus pedidos.
De Céntrico, Armando Pliego Ishikawa comentó que la iniciativa da certidumbre a las entidades federativas y a los municipios sobre regular los servicios de traslado de personas, reparto, mensajería y mototaxi, prestados mediante motocicletas o ciclomotores, estableciendo requisitos de vehículo, licencia, capacitación, seguro, registro, operación y protección de las personas usuarias.
Empresas y fabricantes de motocicletas
Posteriormente, la Comisión llevó a cabo la mesa de trabajo con empresas y fabricantes de motocicletas, para analizar dicha propuesta.
Sergio Mendoza Pucciarelli, de la Asociación Mexicana de Fabricantes e Importadores de Motocicletas, manifestó que la reforma debe sustentarse en evidencia técnica, económica y social, pues algunas medidas podrían convertirse en barreras de acceso a la movilidad para las personas de menores ingresos.
Pidió precisar si el propósito de la revista vehicular anual propuesta es verificar emisiones contaminantes, datos de registro o condiciones físico-mecánicas y planteó evaluar su viabilidad y los costos que implicaría para usuarios y autoridades, antes de hacerla obligatoria.
Fabiola Peña Ahumada, directora ejecutiva de Alianza INN, estimó que las medidas de seguridad vial deben justificarse con infraestructura adecuada, capacitación y prevención, no en nuevos controles administrativos. Advirtió que los artículos 52 y 67 de la iniciativa contemplan obligaciones sobre licencias, capacitación, seguros, registros y condiciones de operación lo que podría afectar a quienes realizan entregas mediante aplicaciones digitales, e imponer trámites adicionales y costos fijos podría excluir de esta actividad a quienes solamente trabajan algunas horas a la semana.
Isabella Mariño, directora de Asuntos Públicos de RAPI, propuso eliminar el artículo 54 Quinquies y el décimo transitorio, porque las obligaciones empresariales de capacitación, verificación, aseguramiento y supervisión duplican disposiciones existentes y generan costos desproporcionados; también, quitar la fracción XVI Bis del artículo 67, pues podría propiciar requisitos estatales adicionales. Pidió diferenciar el reparto de mercancías del transporte de pasajeros en motocicleta, pues tienen riesgos y responsabilidades distintas.
De la misma empresa, Fernando Cota expresó que los tribunales federales determinaron que el 87 por ciento de las y los repartidores, lo hacen de manera eventual, por lo que sería muy complicado que una persona que se conecta cuatro horas a la semana para trabajar en la aplicación, solo para complementar su ingreso familiar, tenga que tramitar licencias especiales permisos y capacitaciones para ejercer esta actividad.
Ariana Claudia Anguiano Pineda, de grupo Coppel, se refirió al tema de emplacado de motocicletas y señaló que cada estado tiene su forma de operar este trámite, que muchas veces no va a la velocidad de las ventas. Propuso que los distribuidores tengan un registro de vinculación de la motocicleta con quien la compró, para dar esa información a la autoridad; además, que los vendedores puedan retener el vehículo comprado hasta que el consumidor compruebe el pago del derecho de placas.
De la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Lucía Gutiérrez sugirió modificar el artículo 54 Bis de la iniciativa para que la carga administrativa y técnica de obtener la constancia de homologación de tipo ante autoridades federales, contenida en el artículo 54bis, recaiga en quien fabrique, ensamble o importe la motocicleta.
Martina Martínez Gómez (DID) recomendó que los ordenamientos locales contengan lineamentos mínimos homologados emitidos por el Sistema Nacional de Movilidad Vial y principios de libre concurrencia y competencia económica, y que no se impongan prohibiciones generales, límites al número de prestadores de servicios, requisitos diferenciados para un mismo servicio, que no se sustenten en evaluaciones técnicas públicas.
A su vez, Julia Ortiz Ríos (UBER) aseveró que la iniciativa debe contener una definición del servicio privado mercantil y señalar claramente lo que significa la intermediación de las empresas y plataformas, para distinguir cómo se diferencian de los prestadores directos de servicios de servicio y las responsabilidades de cada uno.
De inDriver, Karla Miguel Arreola se pronunció por fortalecer la seguridad vial y avanzar hacia un marco regulatorio que reconozca distintas modalidades de movilidad incluido el transporte de pasajeros en moto. Dijo que la regulación debe tomar en cuenta las particularidades de cada modelo y que las obligaciones sean claras, proporcionales y acordes con las responsabilidades y capacidades reales de cada actor.
En su turno, Areli Carreón, de Bicitekas, A.C., pidió proteger a cooperativas que viven del transporte en bicicleta, porque se contempla a empresas y aplicaciones de corte internacional, pero no hay que olvidar la labor organizada de empresas sociales para no entrar en competencia desleal con plataformas digitales.
Mesa de trabajo con autoridades de Movilidad
En la mesa de trabajo con autoridades de Movilidad, los participantes consideraron fundamental incluir en la propuesta sobre la regulación del uso de las motocicletas, la educación y la concientización de las y los conductores de este medio de transporte antes de recibir la licencia de conducir.
El coordinador general de Movilidad de Aguascalientes, Ricardo Serrano Rangel, sostuvo que esta entidad ha trabajado para que el uso del casco sea obligatorio, se prohíba la conducción de motocicletas a menores de edad. Propuso que se capacite a las y los conductores antes de otorgar una licencia de conducir e impulsar la infraestructura para este tipo de transporte.
Juan Hugo de la Rosa García, secretario de Movilidad del Estado de México, informó que tan solo en esta región se tienen registrados 60 mil mototaxis; sin embargo, “no hay un reconocimiento pleno de este transporte; de ahí, la importancia de este ordenamiento, el cual debe buscar regular no prohibir el transporte de barrio que permite que las familias realicen sus actividades en su entorno cercano”.
El subdirector de Movilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas de Campeche, Bernardo Lechuga Cuervas, destacó la necesidad de definir las medidas de los cascos, especificar el modo de sentar a las y los menores, las características de las pólizas de seguros de este tipo vehículos y el etiquetado de seguridad, así como que las empresas ajusten el tiempo de entrega ante lluvias intensas, cierres o siniestros.
Mónica González Ortega, directora del área del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra) de la Secretaría de Salud, solicitó que no se estigmatice a las y los conductores de motocicletas, sino se busque la manera de prevenir los accidentes. En este sentido, explicó que impulsan un programa denominado “usuario de la vía”, el cual tiene el objetivo evitar que se colapse el sistema de salud a causa de la alta siniestralidad de este medio de transporte.
Francisco de Anda Orellana, exsubsecretario de Conectividad y Movilidad de Guanajuato, resaltó que en este proyecto se deben definir las medidas de los cascos, contemple desaparecer el permiso a personas 17 años, impulse una licencia temporal de seis meses para que los conductores de motocicletas accedan a las autoescuelas y limitar su uso cerca de los centros educativos para evitar accidentes.