Ciudad de México, 8 de abril de 2026

Las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Cultura y de Estudios Legislativos Primera aprobaron por unanimidad el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, y se abroga la Ley Federal de Cinematografía.

Los órganos legislativos que presiden el senador José Antonio Cruz Álvarez Lima, la senadora Beatriz Mojica Morga y el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara subrayaron que el proyecto es una norma de política cultural con enfoque de derechos.

En el documento se establece que el marco vigente ya no responde de manera suficiente a la realidad tecnológica, económica y cultural del sector.

Por tal motivo, la nueva ley amplía su ámbito material, es decir, ya no sólo se regula únicamente la cinematografía tradicional, sino también las obras audiovisuales y a las plataformas digitales de video bajo demanda, es decir que se reconoce que el acceso contemporáneo a contenidos culturales ya no ocurre sólo en salas de cine.

Con ello, se busca cerrar vacíos regulatorios, reducir asimetrías entre agentes del sector y dotar de mayor certeza jurídica al ecosistema audiovisual.

El proyecto mantiene la cuota mínima de 10 por ciento de tiempo de pantalla para obras cinematográficas nacionales, exige horarios equitativos, establece un periodo mínimo de exhibición de 14 días para estrenos nacionales y ordena la proyección previa de avances promocionales en condiciones de equidad.

Para las plataformas bajo demanda, impone la obligación de mantener una sección destacada y permanente que facilite el acceso a obras nacionales.

Incorpora un enfoque de accesibilidad e inclusión al prever subtítulos, autodescripción y herramientas tecnológicas para personas con discapacidad auditiva y visual.

También establece principios de igualdad sustantiva, interculturalidad, diversidad lingüística, libertad creativa, descentralización y respeto a la composición pluricultural del país.

Fortalece al Instituto Mexicano de Cinematografía como órgano rector de fomento al cine y sector audiovisual. Prevé apoyos, estímulos, subsidios mediante convocatorias públicas y mecanismos transparentes y crea el Consejo Asesor para acompañar la implementación de programas.

Agrega un capítulo específico para la preservación del patrimonio cinematográfico y audiovisual, el cual incluye la restauración, digitalización, resguardo de la memoria fílmica y entrega de copias a la Cineteca Nacional.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, subrayó que este ordenamiento armoniza la promoción cultural con otros derechos constitucionales, protege la libertad de expresión y prohíbe mutilaciones o censura sin autorización.

Es una ley muy completa que corrige fallas estructurales de mercado, sin invalidar indebidamente el ámbito de libertades económicas y creativas, destacó.

La presidenta de la Comisión de Cultura, Beatriz Mojica Morga, dijo que este instrumento marca un momento de gran relevancia para la vida cultural de nuestro país, porque reconoce al cine mexicano como un bien de interés público y social, ya que fomenta, regula y fortalece todas las etapas de quehacer cinematográfico.

Por primera vez se incorpora un marco jurídico para proteger el patrimonio cinematográfico y audiovisual, lo que significa que el Estado mexicano asume la responsabilidad de cuidar la memoria cultural para las generaciones presentes y futuras.

Por Morena, Javier Corral Jurado subrayó que no se trata solamente de una actualización de la ley, sino que es un hecho político de revaloración del cine mexicano, ya que lo pone como un vehículo y un instrumento fundamental de libre expresión y de transmisión cultural, por ejemplo, el incremento del tiempo de estreno en pantallas es muy importante frente al mercado oligopólico que tiene la exhibición del cine nacional, porque “es una de las grandes batallas culturales que se han dado en el país”.

Del PAN, Ivideliza Reyes Hernández destacó que las reformas fortalecen el enfoque de derechos culturales al garantizar que todas las personas tengan acceso, participación y contribución en la vida cultural cinematográfica, porque ello implica reconocer al cine como un bien público y no sólo como una industria.

Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM consideró que está iniciativa impulsa a México como una potencia cultural, pues renueva un marco jurídico que ya se encontraba rebasado, al promover mediante incentivos el gran talento mexicano para que pueda verse reflejado en producciones cinematográficas.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores