En el Senado dialogan sobre seguridad en el espacio digital

Ciudad de México, 14 de octubre de 2025

Luis Donaldo Colosio Riojas refirió que en el Senado hay tres iniciativas que buscan expedir una legislación nacional en materia de ciberseguridad

La ciberseguridad no sólo se trata de un tema estrictamente tecnológico, se tiene que entender, sobre todo, en cómo garantizar la seguridad de las personas en el entorno digital, afirmó Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente de la Comisión de Derechos Digitales.

Explicó que legislar en esta materia no se trata solo de la adecuación de las normas o de las políticas públicas de un gobierno, sino que tiene que emparejarse con el compromiso de cerrar la brecha digital, y de impulsar el conocimiento de las herramientas y tecnologías para tener una convivencia segura en la sociedad.

Al inaugurar la mesa de diálogo sobre “Seguridad en el espacio digital”, Colosio Riojas refirió que en el Senado de la República cuenta con tres iniciativas de diferentes legisladores que buscan expedir una legislación nacional en materia de ciberseguridad.

Este conversatorio, dijo, busca analizar, reflexionar, compartir experiencias y hacer propuestas que enriquezcan las iniciativas existentes, a fin de que se traduzca en un marco regulatorio de ciberseguridad que potencie el ejercicio de derechos y coloque en el centro a las personas.

Consideró que los retos y riesgos en materia de ciberseguridad representan asuntos importantes para ser analizados y atendidos, pero esto debe ir en consonancia con las obligaciones nacionales e internacionales que tienen las autoridades, para respetar, promover, proteger y garantizar los derechos de usuarios de las redes gubernamentales, públicas, de servicios y trámites, así como del sector social y privado.

En su exposición, Xavier Rodríguez Cerano, director de Informática de la Secretaría de la Defensa Nacional, planteó que la ciberseguridad no debe concebirse sólo como un escudo tecnológico, sino como una herramienta que garantice la privacidad, la libertad de expresión, la protección de datos personales y el acceso seguro a los espacios digitales; pero con la garantía de que la tecnología sirva al ciudadano y no de forma contraria.

“Un marco regulatorio sobre ciberseguridad debe construirse en el corpus nacional e internacional de derechos humanos, sustentado en los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad y rendición de cuentas”, señaló.

Agregó que la constitución mexicana, las leyes de protección de datos y los tratados internacionales como las resoluciones de la ONU, de la OEA y el Tratado de Budapest, orientan a México a una ciberseguridad para las personas, donde la protección tecnológica y jurídica convergen para fortalecer la democracia digital y la seguridad nacional.

Por su parte, Brian Castro Rodríguez, consultor, dijo que la política integral de ciberseguridad tiene que adaptarse a un marco único en esta materia, tomando en cuenta las experiencias de otros países más avanzados en esta área.

Consideró importante promover la cultura de la ciberseguridad, incentivar la capacitación para usuarios y proveedores de servicios, así como de todos los trabajadores de la administración pública federal.

Por su parte, Ana Gaitán, representante de R3D Red en Defensa de los Derechos Digitales, comentó que un aspecto relevante para la ciberseguridad es la brecha digital de género, porque a nivel global hay disparidad en el uso de internet, además de que existe una falta de competencias digitales y herramientas tecnológicas.

Agregó que se debe poner atención en los sesgos de discriminación en los algoritmos de los sistemas automatizados, dado que esas herramientas llevarán a cabo tratamiento y procesamiento de información en plataformas centrales de Inteligencia Artificial. “Una política de ciberseguridad también tiene que hacer una mitigación de estos riesgos”, indicó.

En su oportunidad, Anahiby Anyel Becerril Gil, de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho, advirtió que una falla en materia de ciberseguridad puede costar vidas, por eso se requieren instrumentos y procesamientos jurídicos en materia de ciberseguridad y cibercriminalidad que estén armonizados con el respeto y la garantía de los derechos humanos, libertades fundamentales y que todo ello se interprete con los principios de universalidad e interdependencia.

“Un marco jurídico tiene que evitar términos ambiguos y distinguir claramente los conceptos de ciberseguridad en los diversos sectores, ciberdelitos, cibercriminalidad, ciberseguridad de la información, seguridad nacional, pública e infraestructura estratégica”, asentó.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores