Ciudad de México, 5 de abril de 2026

El Diputado federal de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona, presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que tiene como objetivo evitar la opacidad en los proyectos de infraestructura que no cuenten con estudios de impacto ambiental.

Y es que, actualmente, este tipo de información puede ser reservada, lo que deriva en cuestionamientos por la falta de claridad.

Tal es el caso de la Refinería Dos bocas, en Tabasco, que fue construida ante diversos cuestionamientos que surgieron en torno a su diseño, ubicación y posibles riesgos ambientales.

La ausencia de información pública sobre evaluaciones de impacto ambiental, contraviene a estándares internacionales como el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

Es por eso que, con la iniciativa, se tiene como finalidad mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y evitar que los proyectos de infraestructura que no cuenten con estudios o análisis de impacto ambiental puedan reservar su información, expuso el legislador emecista.

“Se busca conocer realmente los posibles efectos ambientales, sociales y de seguridad de los proyectos y, así, también garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a un medio ambiente sano”, dijo Gaona.

Además, el Congresista destacó que el derecho a la información está tutelado por la Carta Magna, por lo que se debe evitar la reserva de la misma en proyectos de infraestructura que no cuenten con los estudios de impacto ambiental.

Otro ejemplo es el caso del Tren Maya, del cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó el tramo 6 sin estudios geológicos.

Cabe destacar que el Tramo 6 del Tren Maya se aprobó sin determinar si habrá un impacto al entorno y desconociendo con exactitud las zonas de riesgo, y posteriormente, derivado de estas irregularidades pasaron a ser de seguridad nacional y reservar su información.

“La clasificación de información como de seguridad nacional en proyectos de infraestructura ha sido ampliamente debatida, ya que puede constituir una restricción desproporcionada al derecho de acceso a la información cuando no se justifica bajo criterios estrictos de necesidad y proporcionalidad”, indicó Gaona.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados