Ciudad de México, 10 de octubre de 2025

Centros de estudio, asociaciones civiles y activistas plantean reasignaciones

El Grupo de Trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que coordina la diputada Nadia Navarro Acevedo (PRI), llevó a cabo la mesa de diálogo, bajo el esquema de parlamento abierto, para analizar el tema Gobierno, con la participación de representantes de centros de estudios, asociaciones civiles y activistas, quienes plantearon sus preocupaciones y propuestas en materia de reasignación.

Navarro Acevedo reconoció el esfuerzo de la ciudadanía, organizaciones y asociaciones civiles, por poner un foco de atención en estos temas. Enfatizó que existe el compromiso de las y los integrantes de la Comisión de Presupuesto de hacer llegar al Pleno las demandas más sentidas de los participantes.

La diputada Elena Edith Segura Trejo (Morena) refirió que el presupuesto de este año es diferente, porque trae una estructura programática donde desaparecen 347 programas, pero “no quiere decir que desaparezcan las funciones”. Aclaró que esto en ocasiones causa confusiones en la población, pero puntualizó que solo hay un reacomodo de los recursos porque pasan a diferentes áreas.

El encargado de la dirección general del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) “Ifigenia Martínez y Hernández”, Rosalío Luis Rangel Granados, expuso que el Presupuesto 2026 plantea una política de austeridad manteniendo la transparencia y eficiencia de los recursos, además de que impulsa el desarrollo económico con bienestar donde los programas sociales tendrán una prioridad.

Consideró que los proyectos de alto impacto social y económico deberán incorporar zonas rezagadas y asignar recursos para lograr la consolidación de la autonomía energética.

La subdirectora de Presupuesto y Gasto Público del CEFP, Dulce Guadalupe Nájera Ortega, informó que la finalidad de Gobierno en la distribución de los recursos es de 6.8 por ciento del total del gasto programado, con recurso a precios reales de 490 mil millones, lo que implicaría el 2.6 por ciento.

Estos, precisó quedan en ocho funciones que son: legislación, justicia, coordinación de la política de gobierno, relaciones exteriores, asuntos financieros y hacendarios, seguridad nacional, temas de orden público y de seguridad exterior, así como otros servicios generales.

Mario Francisco Cerecedo Meave Peña, investigador B del Área de Presupuesto y Gasto Público del CEFP, comentó que esta mesa es de gran importancia para la labor legislativa. Explicó que el Poder Judicial crece 14 mil 976 millones de pesos, y recordó que en la estructura programática ya se contempla la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, así como la adhesión del órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.

Señaló que en el Ramo 36 se observa que el programa de inversión de infraestructura de seguridad pública incrementa en 9 mil 250 millones de pesos, mientras que en el rubro de Defensa incrementa en 6 mil 608 millones de pesos el programa de actividades de apoyo administrativo, donde se encuentra el pago de servicios personales, particularmente correspondiente a la Guardia Nacional.

Al hablar sobre el presupuesto para el rubro Estado de derecho, el coordinador del Programa de Gasto Público de México Evalúa, Jorge Eduardo Cano Anaya, consideró que la principal preocupación de la población mexicana, que es seguridad y justicia, no está siendo financiada de forma correcta en el Presupuesto, y es una tendencia que se ha venido observando desde 2015.

Dijo que México, incluyendo el presupuesto que destinan las entidades federativas, gasta únicamente el 1.2 por ciento del PIB en funciones de justicia y policías civiles, mientras Colombia, que enfrenta retos parecidos, gasta el doble, lo que habla de que hace falta un gran trecho para mejorar el financiamiento del Estado de derecho en México y un pendiente de discutir en la Cámara de Diputados.

Por su parte, la investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, Anaid García Tobón, señaló que el combate a la corrupción se debe complementar con una estrategia integral articulada que fortalezca las capacidades institucionales y prevenga los riesgos.

Emanuel Adrián Jiménez García, del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, destacó la importancia de destinar recursos para la desaparición de personas, por lo que propuso subsidios para las comisiones locales de búsqueda, sin recortes.

Planteó revertir el recorte a la Unidad Médico-Forense de la FGR y que los aumentos en materia forense sean proporcionales al aumento de la crisis forense.

Al abordar el tema de prisión y reinserción social, el consultor de políticas públicas, Carlos Eduardo Ávila Roque, dijo que se requiere de transparencia en la asignación de programas para este fin, así como fortalecerlos para que al momento del retorno de estas personas preliberadas o que finalicen su sentencia puedan acceder a políticas públicas que contribuyan a su reinserción en la sociedad.

En su opinión existe una doble estigmatización al momento de que egresan de los centros penitenciarios, ya que estos lugares no abonan a la construcción del tejido social, además de que perpetúan la desigualdad. “Se necesitan políticas públicas específicas para resarcir estas asimetrías y reasignar presupuesto”.

La presidenta de Asociación Civil Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros, Virginia Garay Cazares, apuntó que el gasto en seguridad pública debe contemplar la problemática de la desaparición. “La Guardia Nacional tiene un presupuesto de 23 mil 493 millones de pesos, contra un millón 214 mil de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas”.

Expuso que vivimos en un país con un contexto donde tenemos más de 133 mil personas desaparecidas y 72 mil cuerpos sin identificar, por lo que solicitó que la partida presupuestaria considere el tamaño del problema.

De la misma organización, Martín Villalobos Valencia subrayó que se necesita un presupuesto que permita la atención a este problema, pues dentro de las reformas aprobadas hace poco tiempo hay una gran cantidad de tareas adicionales a dependencias específicas, como la obligación de aportar toda la información a un banco nacional.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados