Ciudad de México, 18 de marzo de 2026

Laura Itzel Castillo Juárez comunicó que la iniciativa fue turnada a los órganos legislativos desde el día de ayer

En la sesión de este miércoles, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, informó al Pleno del Senado que la iniciativa para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral, fue turnada ayer de manera directa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

La iniciativa, que presentó la titular del Poder Ejecutivo Federal, establece que para disminuir los costos de operación y organización, se ampliará el periodo de solicitud de la revocación de mandato, a fin de que pueda realizarse en el tercer o cuarto año del ejercicio del mandato.

Además, plantea que toda persona titular de la Presidencia de la República sólo pueda ser sujeta a un procedimiento de revocación una sola vez durante todo su periodo de gobierno; ello, con el objeto de determinar si el pueblo mantiene o no la confianza depositada en su representante y, por otra parte, reconocer la definitividad del mandato popular.

Respecto a las Regidurías Municipales, se propone establecer expresamente una nueva integración para los ayuntamientos, debiendo ajustar su composición a una persona síndica y a un máximo de quince personas regidoras por municipio a partir del inicio del periodo administrativo municipal subsecuente en la entidad federativa que corresponda.

Para las legislaturas de las entidades federativas, se establece que su presupuesto anual debe guardar coherencia entre la proporción del presupuesto público de los órganos legislativos respecto del presupuesto público estatal, por tanto, no podrá exceder del cero punto setenta por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.

Y que todo ente público federal, estatal, municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México, deberán ajustar sus remuneraciones a los límites que se establecen en el artículo 127 de la Constitución.

El proyecto prohíbe la contratación de seguros de ahorro privados en beneficio de los servidores públicos mediante el uso de recursos del Estado, para consejeros electorales, magistrados electorales, secretarios de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, de los organismos públicos locales electorales y de los tribunales electorales locales.

Además, el Senado de la República tendrá la obligación de realizar un ajuste presupuestario a partir del ejercicio fiscal inmediato siguiente, debiendo ajustarse progresivamente durante los cuatro ejercicios fiscales subsecuentes, con el objeto de alcanzar, al término de dicho periodo, una reducción acumulada equivalente de un 15 por ciento respecto al presupuesto base aprobado para el ejercicio fiscal 2026.

Dicha reducción no podrá afectar los derechos laborales de las personas trabajadoras, conforme a las Condiciones Generales de Trabajo aplicables.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores